Un recuento que terminó a los gritos

El centro oficial de cómputos se convirtió en el eje de las elecciones. Siempre lo es, podrá decirse, pues es en la zona donde todos ponen sus miradas ansiosas de resultados. Pero esta vez el foco fue la controversia por un escrutinio que empezó maravillándose con su software y terminó penando con el recuento en forma manual de las planillas de los comicios, situación que provocó la bravata de Domingo Cavallo y el retiro de sus fiscales -y también los del PJ- del escrutinio provisional.

Anteayer, a las 19, el secretario de Gobierno de la Ciudad, Guillermo Moreno Hueyo, aseguraba a la prensa que a las 21.15 se tendría cerca del 50 por ciento de las mesas escrutadas. Una hora después, Moreno Hueyo leía los primeros datos procesados: una mesa de un total de 6595. Los votos en blanco se habían computado y sumado al porcentaje total de sufragios.

El primer indicio de que algo no funcionaba del todo bien comenzó a percibirse a las 20.15, cuando los datos de 215 mesas se eternizaron en las pantallas durante una hora.

Se planteó la posibilidad de reordenar el sistema para quitar la falla ocasionada por los votos en blanco. La justicia electoral no accedió a esa petición. El escrutinio, tal cual estaba previsto, iba a camino a una interrupción.

A la medianoche se cumplieron los pronósticos agoreros: se detuvo por más de una hora el conteo de votos. ¿La razón? Las planillas con incidencias (errores en la confección) eran más que las que podía tolerar el software.

Los nervios de Cavallo, desorbitado en acusaciones que todavía intenta explicar, se trasladaron en otros cuerpos al edificio de Coronel Díaz y Berutti. El apoderado de Encuentro por la Ciudad, Armando Caro Figueroa, dejó sus gritos por el ballottage en la sede partidaria para llegar al centro oficial de cómputos con ánimo de suspender el escrutinio provisional después de la medianoche.

Pasada la 1.30, en la puerta del centro se seguía acreditando a apoderados de las fórmulas, apenas anotando sus nombres en un papel. Mucha gente en el lugar, lobbistas la mayoría. La apuesta de Encuentro por la Ciudad era cancelar el por entonces frenado recuento de votos en las planillas. La falla informática daba pie al pedido.

Sin fiscales

El gobierno porteño no aceptó la propuesta. Cerca de las 2, Vilma Ibarra, hermana del candidato aliancista y una de las apoderadas de la fórmula, confiaba a los periodistas lo decidido por el gobierno: continuar el escrutinio de las 2700 mesas con incidencias de manera manual, tomando en cuenta lo anotado en las planillas por las autoridades de los comicios. Gritos de todos. Salvo de la Alianza, con el jefe de bloque de diputados nacionales, Darío D´Alessandro, a la cabeza de las negociaciones.

En la agitada madrugada, Encuentro por la Ciudad tomó la decisión de retirar a sus fiscales. "Ya habíamos cuestionado dos veces por nota, durante la semana pasada, y ahora nos dicen que van a hacer el recuento manual. Este sistema fracasó. ¿Para qué vamos a seguir, si lo importante es el escrutinio final? Este recuento es para darles rápidamente una idea de resultado a los votantes y eso a esta hora -pasadas las 3- no se cumplió", comentaba en un pasillo angosto para tantos interesados Alfredo Castañón, apoderado de Cavallo-Beliz.

El retiro de los fiscales de Encuentro por la Ciudad fue anunciado por Moreno Hueyo. Eran las 3.10. También que a las 3.30 se reanudaría el escrutinio. Dejó el micrófono. Jorge Argüello, voz fuerte de la coalición en el lugar, siguió la línea de Cavallo y tomó el micrófono que debía ser para uso exclusivamente oficial. Anunció el retiro de fiscales con la potencia de un triunfo. Papelón mayúsculo se produjo cuando sus frases fueron contestadas a voz de cuello por Antonio Magliano, otro de los apoderados de la Alianza.

Frente a los acontecimientos, los apoderados del resto de las fórmulas se reunieron dos minutos después de las 3.30. Posición de fuerza era lo buscado. Patricio Etchegaray, de Izquierda Unida, fue uno de los más escuchados. Una hora después se impuso su propuesta de firmar un acta en la que se responsabilizara al Gobierno de la Ciudad por las irregularidades en el escrutinio, al que asistirían sólo como observadores, sin avalar el resultado. El PJ, en cambio, optó por retirar a sus fiscales.

Los datos finales del escrutinio provisional eran esperados como la salvación a un papelón compartido.

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