Un recurso que ahora resulta tardío e impropio

El Gobierno inició ayer un procedimiento contra los Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia, el órgano judicial de las Naciones Unidas. Detrás de la retórica, el argumento elemental es que Estados Unidos habría violado la soberanía argentina, al permitir que su poder judicial dicte medidas que vulneran su voluntad de reestructurar la deuda externa.

En virtud de las reglas de esa Corte, nada se puede hacer hasta tanto los Estados Unidos acepte expresamente someterse a su jurisdicción, algo más que improbable. Un nuevo fuego de artificio de una estrategia que se ha caracterizado por la incuria y el magro profesionalismo.

Se pierde de vista un hecho capital: el Gobierno argentino se sometió voluntariamente a la jurisdicción de los estrados norteamericanos. Por conveniencia, claro, porque se aseguraba de ese modo crédito más barato que si se hubiere elegido otra jurisdicción menos confiable para los inversores.

Luego de largos años, una sentencia que pasó por el cedazo de todas las instancias judiciales, incluido un rechazo de su Corte Suprema, quedó firme. Durante el proceso se repitieron tozudamente argumentos de escaso contenido jurídico, en combinación con una verba pugnaz, que en nada ayudó a los intereses del país.

Todos los esfuerzos desordenados de los últimos días debieran haberse llevado adelante mientras duró el proceso. Ahora es tarde. La cosa juzgada puso fin a la controversia. No queda más que honrar lo más dignamente posible la palabra empeñada.

La acción ante la Corte Internacional de Justicia pretende continuar un proceso perimido por una tangente. Desaprovechamos el tiempo y ahora nos acordamos de los recursos de nuestra olvidada diplomacia. No sólo es tardío e impropio el intento, sino que, probablemente, no conduzca a ningún lado: sería cándido pensar que Estados Unidos se va a someter a esa jurisdicción, poniendo en duda el actuar de sus jueces, y así el principio republicano básico de división de poderes.

Subyace el escaso respeto del Gobierno por la seguridad jurídica, en ésta y otras tantas cuestiones. No es un concepto abstracto y de escaso valor; todo lo contrario, es apego a las reglas a las que uno se somete voluntariamente. Es, en definitiva, certidumbre, aspecto elemental no sólo para la actividad económica, sino en todos los órdenes.

El vértigo de los últimos días en esta materia lejos de traer previsibilidad nos ha signado de inquietud y dudas. Es tiempo de terminar con las verdades a medias, que tergiversan los análisis. Se debe abrir el diálogo institucional, especialmente con el Congreso de la Nación, responsable constitucional, a fin de cuentas, de arreglar la deuda exterior. No es posible que unas pocas personas estén decidiendo una cuestión de tanta importancia para la vida del país y sus generaciones futuras.

Debemos solucionar seriamente esta cuestión y dejar de buscar la continuidad de un proceso terminado por otros medios.

El autor es abogado y especialista en derecho financiero