El secretario de Mauricio Macri pidió ser eximido de prisión en la causa por espionaje ilegal, pero la fiscal se opuso

El secretario de Mauricio Macri, Dario Nieto,pidió ser eximido de prisión, de modo de declarar sin correr riesgo de quedar detenido, en la causa en que se investiga a un grupo de exagentes de inteligencia por espiar ilegalmente a políticos, incluida Cristina Kirchner y Horacio Rodríguez Larreta, a gremialistas, sacerdotes y periodistas.

No obstante, la fiscal que investiga el caso, Cecilia Incardona, se opuso a que se le conceda ese beneficio, y la decisión está ahora en manos del juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena. Si hace lugar al pedido de Nieto, podrá declarar sin que eventualmente quede detenido, si el juez rechaza su pedido se expone a una detención en caso de ser indagado.

El departamento de Nieto -hombre de confianza de Macri, que lo acompañó en el gobierno de la Ciudad, en la Casa Rosada y continuó a su lado tras la derrota de 2019-, fue allanado la semana pasada por el juez, en busca de sus celulares, computadoras y todo elemento que lo vincule con la red de inteligencia ilegal.

El juez ordenó el procedimiento a partir de dos audios de WhatsApp que tiene en la causa, que registran un intercambio entre uno de los exagentes imputado, Jorge Horacio "Turco" Sáez, y Susana Martinengo, exdirectora de Documentación de la Casa Rosada en la época de Macri.

Sáez visitaba a Martinengo en la Casa de Gobierno, supuestamente para entregar el resultado de sus tareas de inteligencia. En esos audios, Martinengo menciona que le entregó la información a "Darío" en una ocasión y en otra lo menciona como "Nieto". La sospecha de la acusación es que Nieto era el nexo con Macri.

Nieto negó todo, dijo desconocer a los espías, no tener nada que ver con ese mundo y se presentó con la idea de ser eximido de prisión en caso de ser indagado.

Pero la fiscal Incardona consideró que se investiga un delito grave, que puede ser penado con hasta 10 años de cárcel y que Nieto tiene recursos para eludir a la Justicia y perjudicar la investigación debido a sus medios, contactos y relación con otras personas.

Incardona agregó que muchos de los espiados tenían custodia al momento de los hechos y que esa custodia fue burlada por los agentes dedicados al espionaje ilegal. Por eso evaluó en su dictamen que hay un "peligro cierto de fuga y de entorpecimiento de la investigación" por parte de Nieto. Ahora, el juez tiene la última palabra.

Al mismo tiempo, se conoció el fin de semana que Villena allanó el 27 de mayo pasado, hace un mes, el domicilio de Martinengo. Buscó allí sus celulares, computadoras, pendrives, elementos vinculados con sus finanzas, entre otras cuestiones.

La hipótesis de Cristina Kirchner, una de las espiadas, es que Macri era el destinatario de esos informes. Allegados a Macri dijeron que el expresidente les manifestó que no conoce a Martinengo.

Denuncian a Macri por venta de armas de la AFI

En paralelo, se conoció este lunes una denuncia de la actual administración de la AFI, a cargo de Cristina Caamaño, contra Mauricio Macri, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani porque durante el gobierno anterior la AFI vendió a sus empleados y funcionarios armas que había considerado como rezago. La AFI imputó a los denunciados por violación de deberes de funcionario público y fraude. La causa quedó en el juzgado de Daniel Rafecas, con la intervención del fiscal Federico Delgado.

La denuncia, según fuentes de la AFI, señala que se vendieron armas "permitiendo a funcionarios y agentes en actividad adquirir hasta cinco por persona, a un precio totalmente irrisorio y alejado de la realidad, y además prácticamente sin requisitos respecto a las condiciones exigidas para su acceso".

Caamaño destaca que Arribas dictó dos resoluciones, en agosto de 2017 y en diciembre de 2018, que fueron las que permitieron que se lleve a cabo la venta de 290 armas aptas para el disparo entre sus empleados. Se declara el armamento como rezago "por no resultar económicamente rentable ni factible su recuperación", y autoriza "la venta del armamento", "a los agentes pertenecientes a la Agencia que posean Credencial de Legítimo Usuario". A su vez, aprobaba el procedimiento de venta y el pago a través del "descuento de haberes".

La denuncia detalla que del informe sobre el cual se basó Arribas no surge que las armas "constituyen armamento de rezago, sino solo se las clasifica como material en desuso", que implica que "la cosa continúa preservando su cualidades propias para su normal uso" y no un "residuo". La denuncia de la AFI dice que los agentes pagaron por esas armas un 20% del valor de mercado.

La denuncia subraya que "no consta ni valuación ni tampoco información acerca del valor de venta respecto a la única escopeta a repetición marca Mossberg, 12UAB Modelo 500 que fue vendida mediante este procedimiento fraudulento", a un exfuncionario de la gestión anterior.