Un sector que vive de los subsidios

Diego Cabot
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9 de marzo de 2012  

Hasta ayer a la tarde, la pelea entre la Casa Rosada y el gobierno porteño era por el manejo del subterráneo. Desde hoy, a esa contienda se sumaron 3741 colectivos que circulan por la Capital Federal. Hasta ayer, se discutía por ver quién se haría cargo de los casi 800 millones de pesos por año que cuesta soportar el déficit de la concesionaria, que tuvo las tarifas congeladas y los costos cada vez más altos. Desde hoy, se sumaron alrededor de 1100 millones más, que es lo que se subsidia a los miles de colectivos que no cruzan la General Paz o el Riachuelo.

El gobierno nacional camufló en el proyecto de ley que envió al Congreso -y que seguramente se aprobará antes de fin de mes- una medida que nadie esperaba: junto con los subterráneos se traspasarán los colectivos y hasta el polémico y solitario tranvía de Puerto Madero.

Después de la sorpresa y la bronca, Mauricio Macri deberá sacar cuentas. El área metropolitana está surcada por alrededor de 10.000 colectivos distribuidos en 142 líneas que están numeradas, todas, entre el 1 y el 2002. Allí están todas las empresas que en su recorrido tocan algún punto del territorio porteño. De ese total, son 33 las que permanecen en toda la vuelta dentro de los límites de la Capital Federal.

Todas esas líneas están, por lo menos hasta ahora, dentro de la órbita de la jurisdicción nacional. ¿Qué significa esto? Pues que la regulación y el control están en manos del Estado nacional. El jefe de gobierno porteño no puede cambiar el recorrido, ni fijar tarifas ni controlar ni regular nada respecto del transporte público que funciona en la ciudad. Apenas se puede dedicar a los taxis.

Cada uno de esos colectivos recibe, en promedio, $ 30.000 por mes en subsidios que paga el fisco. Allí se cuenta un monto por la compensación tarifaria y otro con el que se destina a comprar gasoil a precio diferencial. En 2002, en medio de la crisis, el entonces presidente Eduardo Duhalde decretó la emergencia del sector. Por primera vez, los colectivos porteños necesitaron subsidios para funcionar. En mayo de ese año se hizo el primer pago, que fue de 18 millones de pesos. Con eso alcanzaba para subsidiar a los colectivos del área metropolitana. Pero luego se sumaron los colectivos de todas las provincias. Y los montos subieron. ¿A cuánto? Pues en febrero salieron de esa caja 1028 millones de pesos y el diciembre pasado, el mes récord de pagos al sector, el cheque que firmó el Ministerio de Planificación Federal para los transportistas fue de 1760 millones de pesos. Sólo para funcionar un mes.

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Dentro de ese magma de dinero siempre se refugiaron las sospechas de falta de transparencia en la liquidación de los subsidios. Sucede que la fórmula mediante la que se calcula el dinero es tan secreta como la de la Coca Cola. Para llegar a la cuenta final se toma en cuenta los pasajeros transportados, la cantidad de kilómetros recorridos, los colectivos en servicio, entre otros ítems guardados bajo varias llaves. ¿Cómo llegan esos datos a la Secretaría de Transporte? Pues se presenta una declaración jurada, firmada por el transportista. ¿Quién controla? Nadie.

De hecho, no hay transportista que no reconozca que existen muchísimos colectivos que se anotan como en servicio pero que están tirados en playas ocultas. Esa maniobra, absolutamente conocida y permitida por la Secretaría de Transporte desde hace años, permite que los dueños de las empresas cobren subsidios por colectivos que ni siquiera arrancan. Todo vale en el arrasado mundo del transporte. Tal es la dependencia con el sector con los subsidios que no hay empresa que pueda sacar sus coches si no recibe el cheque de los subsidios, que desde que se apruebe la ley deberá financiar Macri. Con dinero propio o más tarifas.

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