Un beneficio social convertido en negocio de los punteros políticos

En 2012, LA NACION contó el caso de Alicia Santillán, una joven que por entonces tenía 29 años y que hacía diez tramitaba, sin suerte, una pensión por invalidez. Alicia era un episodio raro en la localidad formoseña de Pozo de Tigre, donde uno de cada seis vecinos cobraban la pensión por discapacidad absoluta. Alicia, pese a que apenas pesaba 25 kilos, sufría una incapacidad mental evidente, no podía hablar ni moverse y pasaba sus días acurrucada en una diminuta cuna -caja de madera-, el único medio con el que sus padres, Eva Albornoz y Juan Castillo, podían moverla dentro de la casa.

¿Cuál era la diferencia entre Alicia y sus vecinos que sí cobraban la pensión por invalidez? No que ellos fueran efectivamente inválidos, porque no lo eran, lo que quedaba en evidencia para cualquiera que lo viera por la calle. La diferencia era que los padres de Alicia no eran "gildistas". Léase, no eran adeptos al gobernador Gildo Insfrán. Así lo reconocían entonces, y ahora los vecinos de Pozo de Tigre. Con toda naturalidad.

Lo que era evidente en Formosa también lo era en otras provincias como Santiago del Estero, Chaco y Misiones, donde más del 20% y hasta el 35% de la población económicamente activa (PEA) cobraba pensiones por invalidez. Números dignos de una posguerra.

La anomalía fue creciendo a partir de la primera mitad de la década pasada. Con la vista gorda o la venia del Ministerio de Desarrollo Social, la Anses y los gobiernos provinciales, alcanzaba con que un médico certificara que una persona tuviera el 76% de incapacidad laboral para elevar un expediente en papel que, si no era revisado, se convertía en una pensión equivalente al 70% de la jubilación mínima.

El trámite se convirtió en una especialización para los punteros de las localidades más postergadas. Allí, las pensiones por invalidez no se ofrecían como tales, sino como "un plan" más. De hecho, muchas personas que accedieron a ese "plan" se enteraron que eran "inválidos" cuando aplicaron para un trabajo en blanco. No pudieron tomarlo, porque cuando se declara la invalidez laboral es irreversible, de por vida. ¿Cuál era y es la alternativa para esas personas? Denunciarse a sí mismos y al poder local por fraude al Estado. Inviable.

Si se lleva a fondo, la decisión del Gobierno de volver a certificar la incapacidad de los pensionados por invalidez podría desequilibrar la política y la economía de muchas localidades del NOA, atadas al empleo público y los planes sociales. También obligará a Alicia a volver a certificar su incapacidad. Sucede que en enero, después de 17 años de pedirla, la joven que pasa sus días en la "cuna de madera" consiguió su pensión. "Ahora podemos comprarle los remedios", dicen sus padres.