Un tribunal castrense rechaza la justicia civil

Daniel Gallo
Daniel Gallo LA NACION
El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas se declaró competente y reclamó la causa iniciada por el juez Bagnasco
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31 de marzo de 2000  

En los pasillos del Edificio Libertador, sede del Ejército y del Ministerio de Defensa, las sensaciones eran bien diferentes después de que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas se declaró competente en la causa de sustracción de menores durante la última dictadura militar y, por lo tanto, reclamó las actuaciones llevadas adelante por el juez federal Adolfo Bagnasco.

En la zona ocupada por el Ministerio de Defensa la sorpresa dominaba los despachos. En los pisos del Estado Mayor General del Ejército, la lectura de la decisión iba por el gesto de ruptura con la línea de reconocimiento de responsabilidades instaurada por el teniente general (R) MartínBalza en sus ocho años al frente de la institución.

El tribunal militar llegó a aceptar el recurso presentado la semana última por el abogado Florencio Varela, defensor del general (R) Santiago Riveros. El letrado aseguró por la mañana que "hay una persecución a las Fuerzas Armadas por el Poder Judicial, lo que constituye un enfrentamiento entre dos ideologías".

Riveros, ex jefe de Institutos Militares, se negó ayer por segundo día a concurrir a declarar en el juzgado a cargo de Bagnasco. Se conjeturaba que el militar retirado quedaría detenido luego de formalizarse la indagatoria, tal como ocurrió con sus ex camaradas Jorge Rafael Videla, Reynaldo Bignone y Cristino Nicolaides, además del ex almirante Emilio Massera y de otros jefes militares en la época del Proceso.

Puntos de vista

El presidente del Consejo Supremo, general de división (R) Enrique Bianchi, optó por no hablar al tratar La Nación de comunicarse con él, pero trascendió que el tribunal castrense entiende que la ley 23.049, de fines de 1983, habilita su jurisdicción para actuar en delitos en los que resulte imputable personal militar "con el motivo alegado de combatir el terrorismo".

Observadores judiciales señalaron el precedente instalado en los juicios a las juntas militares, cuando la Corte Suprema de Justicia no le dio competencia al tribunal castrense ante la justicia federal. Pese a ese antecedente, la intención del Consejo Supremo es discutir su competencia o no en esta causa, iniciada en 1996 con el rótulo de "Nicolaides Cristino y otros s/sustracción de menores".

Las explicaciones en las fuentes castrenses, que al igual que las civiles hablaron solamente bajo promesa de confidencialidad de nombres, apuntaron a la necesidad de endurecer la línea Balza, ante la perspectiva de que los juicios por cuestiones relacionadas con la represión en los años 70 transformen en una constante el paso de uniformados por diversos tribunales del país. En estos momentos, además de esta causa por sustracción de menores, se siguen juicios por desaparecidos en tribunales de Córdoba, La Plata y Bahía Blanca.

Asimismo, militares que estuvieron cerca del Consejo Supremo relataron que hay un grupo dentro de la fuerza que busca detener estas causas para evitar que lleguen al propio Balza, quien podría quedar involucrado tras reconocer en los últimos días, en entrevistas periodísticas, que las Fuerzas Armadas llevaron adelante un plan sistemático de robo de bebes, justamente lo que investiga Bagnasco.

Todo lo contrario opinó el jefe del Ejército, teniente general Ricardo Brinzoni, quien afirmó no creer "en la existencia de un plan sistemático...".

Preocupación

La subsecretaria de Derechos Humanos, Diana Conti, comentó anoche a La Nación su preocupación por esta situación, "que creía superada por el tiempo". Sin emparentar la decisión del tribunal militar con las últimas declaraciones de Brinzoni sobre el tema, Conti dijo: "Si las Fuerzas Armadas tienen la necesidad de reinsertarse en la sociedad, actitudes de este tipo no las ayudan para nada".

En el Ministerio de Defensa se mostraron por demás sorprendidos por lo decidido en el tribunal que depende de su área. Sin declaraciones oficiales, por entenderlo como un choque judicial, en voz baja pudo escucharse que se esperará el regreso del ministro Ricardo López Murphy para evaluar la situación.

López Murphy viajará hoy a Chile para participar de una feria militar de aviación junto con el jefe del Estado Mayor Conjunto, teniente general Juan Carlos Mugnolo, y el titular de la Fuerza Aérea, brigadier general Walter Barbero.

Una posición más dura

El endurecimiento de la posición del Ejército tomó forma frente a lo que se entiende como reactivación, en el Congreso, de proyectos para juzgar las actuaciones militares durante la última dictadura.

Por caso, se comentó fuertemente la iniciativa de la diputada Elisa Carrió llamada ley de la verdad , en la que se pediría a las cámaras federales investigar las violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1976 y 1983, aunque no puedan ser invocadas las leyes de obediencia debida y punto final. De todas maneras, en la Cámara de Diputados esa iniciativa está todavía lejos de ser tratada. Con lo que se instaló como una disputa de jurisdicción entre la justicia civil y la militar, el hecho de fondo tiene una connotación mayor, pues bien podría significar el fin de una política de acercamiento mediante las autocríticas que Balza reiteró en los últimos años.

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