Una actitud extorsiva que impone temor

Daniel Sabsay
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12 de julio de 2012  

El uso de la cadena nacional de parte de la Presidenta constituye un abuso sin precedente durante un período democrático, que nos retrotrae a las prácticas de los presidentes de facto. Esta modalidad quiebra la más mínima igualdad que debe imperar entre los representantes de diferentes tendencias políticas y a partir de ayer ha sido utilizada como medio de persecución contra quienes expresan opiniones que resulten molestas para la titular del Poder Ejecutivo.

Parte del discurso presidencial estuvo dedicado a la situación planteada frente a las declaraciones efectuadas por Jorge Toselli -conocido operador inmobiliario-, quien manifestó en una nota aparecida en el diario Clarín que como resultado de las trabas existentes en materia cambiaria se había producido una fuerte desaceleración de las operaciones de venta de inmuebles. Frente a ello, la doctora Kirchner manifestó que se comunicó con el titular de la AFIP para determinar la situación fiscal del mencionado empresario. De resultas de ello, según lo señalado por la primera mandataria, este operador no habría presentado declaraciones sobre ganancias desde hace varios años.

El episodio no puede sino generar una fuerte reacción de parte de todos los que deseamos vivir en un Estado de Derecho. Cuesta creer que la Presidenta, en particular teniendo en cuenta su condición de abogada, desconozca que la normativa impositiva les impone a todos los funcionarios el deber de mantener la confidencialidad en materia fiscal.

Nos referimos a la institución conocida como "secreto fiscal", que sólo cede frente a la comisión de un delito o en el marco de un proceso penal en el que, obviamente, tiene intervención la Justicia y por decisión de ésta se decide su levantamiento.

Esta injustificada y grave falta pone de manifiesto una actitud claramente extorsiva. En adelante, queda claro que todo aquel que se manifieste en contra de alguna política oficial será pasible de la intervención de la autoridad de aplicación en materia de impuestos, como una suerte de medida de castigo que inhiba a otras personas a incurrir en el mismo proceder. Es cierto que esto ya ha ocurrido contra quienes en programas televisivos han denunciado hechos que comprometen a funcionarios nacionales o provinciales vinculados con el partido de gobierno. Pero hasta ayer no nos imaginábamos que se trataba de un temperamento impulsado por la misma titular del Poder Ejecutivo, quien incluso lo expresó abiertamente de manera arbitraria y con ánimo de perseguir a supuestos "enemigos".

Esta forma despótica de ejercer el poder nada tiene que ver con los valores y las prácticas que deben regir a una democracia constitucional. Nos referimos al pluralismo, la tolerancia, el respeto a la opinión ajena, entre otros componentes básicos. Lejos de ello, hoy nos debatimos en una realidad en la que la libertad de expresión se encuentra cada vez más limitada y ante la inexistencia de contrapesos que permitan restablecer el equilibrio perdido. Ojalá que desde la comunidad surjan antídotos que pongan un límite a tanta prepotencia y desprecio por las obligaciones que les impone la ley a los gobernantes.

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