El saqueo y el vandalismo de supermercados y otros comercios en el barrio Alto de Bariloche es el emergente de una particular situación social y política de larga data, crecida al abrigo de un sinfín de omisiones y bastante más compleja que un pedido navideño de asistencia económica.
La ciudad con mayor número de habitantes en Río Negro registra también la brecha más amplia de desigualdades sociales. Es a un tiempo polo académico, científico y tecnológico y destino de migrantes de regiones como la empobrecida Línea Sur provincial.
La sobrevaluación de la tierra es allí motivo de espléndidos negocios inmobiliarios y, a la vez, causa de una brutal problemática habitacional para decenas de miles de personas que padecen los inviernos bajo cero en condiciones de extrema precariedad.
Acaba de superar una importante baja en su economía, tras varios inviernos con nieve escasa y otro arruinado por las cenizas volcánicas.
Según el Centro de Estudios Regionales, la erupción del Puyehue-Cordón Caulle impidió que en 2011 ingresaran a la economía local $ 1480 millones.
No obstante, lo sucedido ayer no encuentra su explicación en este marco objetivo sino en la ausencia de liderazgo político que padece Bariloche, por el desprestigio con que dejó el poder el radicalismo rionegrino y por la incapacidad del justicialista Omar Goye para construir poder en su primer año como intendente.
Lejos del gobernador Alberto Weretilneck, y cuestionado por el senador Miguel Pichetto -los líderes en pugna tras el asesinato del ex mandatario Carlos Soria-, Goye no ha hecho más que incrementar su soledad, con la contribución notable del Frente Grande local, socio del Frente para la Victoria en la provincia, pero al mismo tiempo su más severa oposición en la ciudad.
Desfinanciada y carente de mística y proyecto, la gestión municipal se desgasta en anuncios y contramarchas y en el recambio de funcionarios de alto nivel.
A espaldas de la dirigencia política, la problemática en el barrio Alto tiene su dinámica propia el que mueve los hilos que otros abandonan.
Desde los sucesos de junio de 2010 -con un saldo de tres muertos por balas policiales-, el Estado se ha mostrado incapaz de articular políticas sociales eficaces para revertir carencias en un sector complejo.
Pero sobre todo se ha mostrado incapaz de evitar que quienes promueven la violencia obtuvieran un campo propicio. Las fundaciones y entidades que durante años promovieron trabajo social en los sectores pobres están hoy desfinanciadas y sin respaldo gubernamental.
Y, en los últimos días, numerosos indicios permitían suponer que el pedido de mercadería a los supermercados -realizado por cooperativas de desocupados y por el propio intendente- solapaba bajo fines solidarios presiones políticas o desembozadas amenazas.
Nadie puede decirse hoy sorprendido por lo que ocurrió en Bariloche.
Durante demasiado tiempo empresarios, gremialistas y dirigentes políticos mostraron más voluntad de mantenerse alejados del problema que de trabajar en alguna solución.
Y a no pocos barilochenses les molestó más la difusión nacional que el propio vandalismo, ya que centran su prioridad en cuidar la imagen de la ciudad como destino turístico internacional, sin mirar más allá de un horizonte estrecho.
Como suele suceder con los fenómenos sociales complejos, solamente asumir responsabilidades y promover consensos permitirá desactivar un mecanismo que podría tener consecuencias infinitamente más graves que el hurto de algunas decenas de electrodomésticos.
