Opinión. Una crisis y una oportunidad

10 de Abril de 2008

El conflicto entre sectores del agro y el Gobierno puede transformarse en el punto de partida de la elaboración de políticas agrarias que armonicen los intereses de los productores rurales, los sectores comercializadores y agroindustriales, los consumidores y el Estado. Para ello, los productores agrarios deben asumir que deben aportar recursos fiscales con relación a sus ingresos que contribuyan a mantener los equilibrios macroeconómicos que han permitido la actual expansión de la economía. Y el Estado tiene la obligación de proponer políticas e instrumentos que mejoren la estabilidad de los ingresos e incluso apoyen a los productores en momentos adversos.

Respecto de las medidas más urgentes debería construirse un sistema que contemple la evolución de los precios internacionales y el tipo de cambio, combinado con las retenciones y un corrector vinculado con los costos de los principales insumos. Provisionalmente, corregir la actual tabla de retenciones de modo de no fijar mecánicamente impuestos en momentos de bajos precios internacionales y atenuar la progresividad en los valores más altos. Sería más factible cobrar mayores impuestos a los sectores más concentrados de la producción, la comercialización y la transformación agroindustrial que tener que devolver impuestos a tantos productores.

Sobre políticas para pequeños productores, no es entre los 70.000 de soja donde se encontrará a la mayoría, sino entre los 230.000 que producen otros bienes. Esperemos que el fortalecimiento de la Secretaría de Agricultura permita afrontar los desafíos que plantea la actual situación.