Una cuenta polémica y muy poco transparente

El gasto devengado en 2011 para el programa Fútbol para Todos fue de 675 millones de pesos. Parece un monto relativamente pequeño cuando se lo compara con el total del gasto nacional, ya que se llevó solamente el 0,18% del presupuesto.

No obstante, todo es relativo. Este monto fue casi tres veces lo que se gastó en la cuestionada Biblioteca del Congreso. También fue superior a dos importantes programas del Ministerio de Salud, como el de lucha contra el sida y enfermedades de transmisión sexual, y fue apenas menor que lo que este mismo Ministerio gastó en el programa de atención de la madre y el niño.

Se gastó más en el Fútbol para Todos que en el seguro de desempleo que instrumenta el Ministerio de Trabajo. O en los fondos que tiene el Ministerio de Industria. Hasta la Corte Suprema de Justicia gastó menos que el programa Fútbol para Todos. El Ministerio de Ciencia (sin incluir en ello al Conicet) y el Senado de la Nación gastaron montos similares. La Cámara de Diputados de la Nación tuvo un presupuesto casi un 40% superior al de Fútbol para Todos.

Por otra parte, todas las sedes diplomáticas de la Argentina en el exterior no llegan a duplicar el gasto si se lo compara con el presupuesto destinado a Fútbol para Todos. Como programa estrella, el plan Conectar+Igualdad.com.ar sí lo supera, al llevarse casi cuatro veces el monto que se gastó en Fútbol para Todos.

Todo esto sucedió en 2011. Para 2012 sería interesante saber cómo viene la ejecución de este programa y sumar Automovilismo para Todos, que también está manejado por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, ya no hay información disponible. Hasta el 18 de diciembre de 2011 era posible conocer detalladamente la ejecución presupuestaria nacional, es decir, cualquier ciudadano con acceso a Internet podía conocer exactamente cuánto gastaban cada ministerio y entidad del gobierno nacional, cómo se distribuía el gasto nacional en las provincias y cuánto se destinaba a cada uno de los programas mencionados. Esta información se solía actualizar semanalmente. Pero desde fines del año pasado esa información ya no está disponible para la ciudadanía.

Esto implica un fuerte retroceso en materia de transparencia presupuestaria. Lo más grave es que no es la única información faltante. Ya no están disponibles los informes trimestrales de la seguridad social, ni es fácil acceder a la información del gasto consolidado entre el gobierno nacional, las provincias y los municipios. Y no es que la información no exista sino que ya no es accesible al público.

En este contexto, resulta imposible monitorear el destino de los recursos públicos. Ya no es posible proponer mejoras en las políticas públicas sobre la base de la evidencia que proporcionan los números. La sociedad civil, la oposición o cualquiera que no esté en el gobierno debe navegar a tientas si quiere analizar el desempeño de ciertas áreas de gobierno.

Luciana Díaz Frers