Una decisión que protege el derecho al libre tránsito

Según el análisis de cuatro juristas
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29 de abril de 2004  

La interrupción del tránsito por manifestantes de una protesta presenta un dilema entre dos derechos fundamentales -el de expresión y el de libre circulación-, señalaron ayer varios prestigiosos juristas consultados por LA NACION.

Los especialistas coincidieron en que los cortes de rutas o de vías son sancionados por el Código Penal, pero indicaron que existen ciertas circunstancias que se deben tomar en cuenta. Aunque aclararon que sus opiniones fueron formuladas con carácter general ya que aún no accedieron al fallo dictado ayer, resaltaron que el hecho de que haya sido emitido por la Cámara Nacional de Casación Penal sienta "un fuerte precedente que obliga a los tribunales inferiores a seguir la misma doctrina".

Según el penalista Ricardo Gil Lavedra, "el tema de la libertad de expresión y la posible comisión de delitos en el ejercicio de ese derecho es una cuestión de balances entre dos derechos tutelados: el de expresión y el de circulación".

El ex ministro de Justicia consideró que se trata de casos "delicados" y opinó que las interrupciones del tránsito que son manifestaciones aisladas "podrían llegar a justificarse", pero "debe prevalecer la tipicidad del delito" cuando esas protestas se transforman en una práctica constante.

"Sin embargo, hay que entender que en muchas de estas circunstancias el ejercicio de este derecho de expresión es prácticamente una de las pocas posibilidades que tienen de expresarse", precisó Gil Lavedra.

Distinción

El jurista Gregorio Badeni hizo una distinción: "Una cosa es realizar una movilización en donde no existe el deliberado propósito de interrumpir el tránsito, aunque ése sea el resultado lógico de una marcha de muchas personas, y otra cosa es realizar un acto cuyo objetivo es impedir la circulación; en este caso, sí es un delito", sostuvo.

El presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Roberto Durrieu, recordó que "la Constitución establece garantías para expresar públicamente la discrepancia con el Gobierno o con alguna institución, pero ello dentro de los límites de otros valores que protege la Carta Magna, como el libre tránsito".

Según el constitucionalista Daniel Sabsay, "la libertad de peticionar ante las autoridades no puede llegar al cercenamiento de otros derechos fundamentales".

El especialista, recientemente nombrado asesor en temas jurídicos de la intervención federal en Santiago del Estero, sostuvo que una protesta "puede limitar el tránsito, pero no lo puede suprimir". "Siempre tiene que respetarse por lo menos una vía por la que la gente pueda transitar", señaló, y agregó que la supresión del derecho a circular "pone en juego otros derechos fundamentales, como, en caso de una emergencia, la vida".

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