Una denuncia a la Rural que no avanzó

Las Madres pidieron la baja de la SRA; por razones parecidas ellas están ahora en la mira

13 de enero de 2013

El 12 de junio de 2008, en pleno conflicto con el campo, la Fundación Madres de Plaza de Mayo se presentó ante la Inspección General de Justicia (IGJ) y le pidió, sin vueltas, que le quitara la personería a la Sociedad Rural Argentina (SRA).

Le fue mal. El entonces número uno del organismo rechazó el planteo por improcedente. Pero ahora, cuatro años y medio después, los mismos argumentos que utilizó Hebe de Bonafini podrían ser utilizados en su contra.

Bonafini le cuestionó a la Sociedad Rural –y también a la fundación Confederaciones Rurales Argentinas– varios ejes. Entre ellos, "que se apartan del régimen legal establecido para este tipo de instituciones; que distorsionan los fines para cuyo cumplimiento se les otorgó la personería jurídica y que causan un grave daño a la comunidad".

Dos días antes, Bonafini se había presentado ante la Justicia penal para pedir la detención de los líderes de las entidades agropecuarias.

Los acusó de operar una "asociación ilícita" e impulsar "acciones tendientes a desestabilizar el gobierno nacional" con, dijo, "perversos métodos terroristas".

Las Madres de Plaza de Mayo, y en particular Bonafini, han manifestado en reiteradas oportunidades su rechazo a la Sociedad Rural Argentina, a la que considera parte de las "corporaciones", y a la que vincula con la estructura de poder asociada a la última dictadura militar.

La denuncia de Madres, en la que reclamó 15 años de prisión para "los denunciados y sus cómplices", quedó en manos del juez federal Claudio Bonadio. Sin embargo, la presentación judicial no prosperó porque se consideró que no había elementos suficientes.

"Corresponde denegar"

En la IGJ, en tanto, se giró el planteo de Bonafini a la Sociedad Rural, que lo rechazó por "improcedente".

Sostuvo que las Madres carecían de "interés legítimo" para pedirle a la IGJ que le retirara su personería jurídica y recordó que mantenía un funcionamiento "regular e ininterrumpido".

Es decir que se encontraba al día con todo lo requerido por el organismo oficial de contralor de las sociedades.

"Analizados los hechos denunciados", sintetizó luego el titular de la IGJ, Marcelo Mamberti, al firmar la resolución 000939, "no resulta que las entidades en cuestión estén incursas en alguna de las causales previstas en la norma para solicitar el retiro de su autorización para funcionar y por ello corresponde denegar lo peticionado".

Mamberti firmó esa resolución el 7 de octubre de 2009. Hoy, su sucesor al frente de la IGJ, Norberto Berner, se encuentra en una situación casi opuesta. Madres podría perder su personería por los mismos argumentos que invocó hace cinco años.

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