Un cambio indebido del marco jurídico

Daniel Sabsay
Daniel Sabsay PARA LA NACION
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15 de mayo de 2019  • 17:43

Cuando la causa de la obra pública finalmente pasó a juicio oral y se fijó el próximo martes para que la primera audiencia tuviese lugar, celebramos la decisión en tanto consideramos que estábamos frente a un claro avance en la lucha contra la corrupción y de su correlato, la impunidad.

La cuestión versa sobre la adjudicación de la obra pública a Lázaro Báez durante las administraciones Kirchner. Finalmente la expresidenta estaría sentada en el banquillo de los acusados junto a varios de sus principales colaboradores. Ayer, la Corte Suprema solicitó al Tribunal Federal N°5 la elevación del expediente principal del proceso. De resultas de ello se hace muy difícil que la mencionada audiencia pueda llevarse a cabo. Asombrosa decisión ya que no conocemos antecedentes del mismo tenor, la Corte ha dejado de lado una jurisprudencia que se ha mantenido a lo largo de muchísimos años conforme a la cual, ella interviene exclusivamente cuando le llega un recurso ante el dictado de una sentencia definitiva.

Esto ocurre cuando todas las instancias inferiores, que en materia penal son tres, han quedado agotadas. Cuando el Alto Tribunal hace lugar a un recurso extraordinario o de queja, llegado el caso, lo que dicho sea de paso sólo ocurre en situaciones excepcionales, tendrá la oportunidad de pronunciarse sobre las eventuales inconstitucionalidades en que hubiere incurrido el último tribunal de la causa.

La Corte está innovando en la materia, con el riesgo de la inseguridad jurídica que ello puede traer aparejado. En los hechos, implica una revisión de lo que está acaeciendo en la tramitación de un proceso. Creemos que es una intromisión indebida en la labor de los jueces. En este caso, nada menos que a escasos días de la primera audiencia del juicio oral.

Si, de todos modos, la Corte a la conclusión del proceso podrá revisar lo sucedido durante el mismo, de haberse producido violaciones a garantías constitucionales, ¿cuál es el sentido de llevar a cabo una suerte de revisión, en superposición con la labor de los jueces competentes? Pareciera que tiene la intención de intervenir en el juzgamiento de los hechos y de las pruebas. La Corte se ha cansado de manifestar que ella no es el tribunal competente para entender sobre estos últimos, pues se trata de una cuestión de derecho común que solo pueden apreciar los jueces de la causa. Cuál es entonces la razón de ser de este verdadero "volantazo" que tiene lugar antes de la consideración final de la causa.

Entendemos que se ha modificado el marco jurídico de derecho procesal constitucional que regula la competencia de la Corte ya que ésta se ha arrogado la facultad de modificarlo invadiendo una potestad exclusiva del Congreso de la Nación. La decisión, por lo tanto, estaría desconociendo el principio de legalidad, uno de los principales postulados del constitucionalismo que alimentan al Estado de Derecho.

Pero como la Corte todavía no ha fundamentado su decisión, esperamos que lo haga a la brevedad, de modo de entenderla y poder sopesar si realmente los motivos han sido razonables y en consecuencia que no ha incurrido en arbitrariedad.

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