Una jugada con riesgos

Adrián Ventura
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23 de diciembre de 2009  

La Corte se movió al filo de una maniobra que no deja de tener riesgos: llevó el diálogo institucional, siempre positivo, al límite de recibir a la oposición, pero trató de marcarles a los senadores que no se trataba de un acercamiento político.

Los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton y Juan Carlos Maqueda, los tres que presidieron la audiencia, intentaron desarrollar una línea de acción compleja, a la que la Corte naturalmente no está acostumbrada.

Los jueces buscaron dar una señal de que uno de los poderes está desarrollando una política seria, preocupada por el desarrollo institucional. Y ante un hecho consumado como fue el pedido de audiencia de casi la mitad del los senadores, se arriesgaron a levantar el perfil de la Corte. Pero se preocuparon por despejar interpretaciones erróneas.

Treinta y cinco senadores representan una cuota importante de poder. Para la oposición, que viene de derrotar al oficialismo en Diputados y que busca achicar el margen de maniobra del Gobierno en el Senado, la foto en la Corte tiene una lectura eminentemente política, tanto o más importante que el problema de la coparticipación que dice querer resolver.

Por eso, antes y después del acto protocolar, los senadores hicieron declaraciones políticas, pero con prudencia se abstuvieron de involucrar a la Corte como parte de la oposición.

Para la Corte, en cambio, la jugada entrañaba riesgos notables. Por eso, Lorenzetti y Highton señalaron tres detalles, dos de carácter político y el otro técnico, que marcaron los límites.

El primero: la Corte está dispuesta a hablar con todos los sectores políticos, con la oposición pero también con el oficialismo.

El segundo: el debate de la coparticipación es eminentemente político y si bien en la Corte seis provincias promovieron quince causas, son esos distritos los que deciden el ritmo del impulso de esos expedientes cuyo desarrollo, naturalmente, dura muchos años. Por eso, el órgano natural para solucionar los problemas de la coparticipación no es la Corte, sino el Congreso.

La tercera advertencia, que sí tomó por sorpresa a los legisladores, fue que no les bastaba con hacer una presentación genérica, como el escrito que ayer llevaban con la firma de 35 senadores, sino que si buscan debatir los problemas de la coparticipación federal, deben hacerlo causa por causa, circunscribiendo sus presentaciones a los temas que se debaten en cada expediente. Y, en cada caso, la Corte admitirá si los acepta como amigos del tribunal o los rechaza.

A lo largo de siglos, la Justicia parece haber desarrollado su vida sobre la base de un principio cardinal: en épocas de crisis, lo mejor es preservarse para dar las batallas más importantes y no morir en el trajín de pequeñas escaramuzas.

Ayer, la Corte parece haber buscado otro tipo de equilibrio: mostrar que existe un tribunal que está preocupado por la salud de las instituciones –las comparaciones con otros poderes corren por cuenta del intérprete, no de la Corte– y que está dispuesto a acercarse a la política, para colaborar con soluciones, sin comprometerse con nadie. Una jugada inteligente y abierta, pero riesgosa.

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