Una larga disputa por los datos patrimoniales de los ministros

La Corte se había negado, pero revirtió su postura con la ley de acceso a la información
La Corte se había negado, pero revirtió su postura con la ley de acceso a la información
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14 de julio de 2019  

Hasta hace pocos días, los jueces de la Corte Suprema eran de los pocos funcionarios públicos del país que no estaban obligados a hacer públicas sus declaraciones juradas.

La información que consiguió la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) fue parte de un proceso que comenzó hace seis años y que incluyó más de un revés para acceder a los datos.

ACIJ entendió, allá por octubre de 2012, que los ministros estaban obligados a hacer públicas las declaraciones juradas por distintas normativas, pero el pedido fue rechazado en reiteradas ocasiones porque la Corte entendía que una acordada interna justificaba esa negativa.

El tribunal instrumentó en 2014 un sistema para pedir las declaraciones juradas a través de su página web, pero tanto ACIJ como la nacion intentaron usarlo en reiteradas ocasiones sin éxito.

La última negativa ocurrió el 27 de diciembre de 2017 cuando la Corte, con la misma conformación que en la actualidad, volvió a negarse por cuatro votos contra uno (Horacio Rosatti) a entregar la información.

La situación legal, sin embargo, parece haber cambiado el escenario. Después de la aprobación y reglamentación de la nueva ley de acceso a la información pública, que obliga a los ministros del tribunal a hacer públicos sus datos patrimoniales, el tribunal decidió por unanimidad hace tres semanas entregar la información.

"Los documentos carecen de información detallada sobre los bienes, situación que impide controlar el contenido de las declaraciones juradas", cuestionaron desde ACIJ después de analizar los datos.

Los ministros entregaron la declaración jurada ante la AFIP, que tiene menos información que el formulario que deben completar los jueces ordinarios y que contiene, incluso, menos detalle que aquellas de los poderes Ejecutivo y Legislativo, que pueden consultarse en la Oficina Anticorrupción.

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