Una ley que terminó en escándalo

Dijo que derogará la reforma laboral con un nuevo proyecto
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27 de diciembre de 2001  

La polémica ley 25.250 de reforma laboral, duramente cuestionada por las denuncias sobre sobornos a algunos senadores que la aprobaron el año último y operados aparentemente desde el propio gobierno de Fernando de la Rúa, pasará a mejor vida con el Gobierno del nuevo presidente Adolfo Rodríguez Saá.

No por nada el mandatario eligió la sede de la CGT, en Azopardo 802, para anunciar que enviará un proyecto de derogación al Congreso.

Al hacerlo, los seguidores de Moyano, de la central disidente, se desgañitaron: "Hugo, Hugo". Le dieron así el respaldo a sus denuncias contra el ex ministro de Trabajo, el frepasista Alberto Flamarique. Moyano había denunciado en marzo del año último que había recibido del funcionario la información de que tenía "una Banelco" para convencer a los senadores de que aprobaran la norma.s

Un mes después, el 26 de abril, la Cámara alta convirtió en ley la reforma con el apoyo justicialista y las derivaciones del tema no acabaron allí.

Fue el columnista de LA NACION Joaquín Morales Solá, un 25 de junio, quien deslizó por primera vez que habrían existido "favores personales" y "prebendas" para obtener esa aprobación. También la periodista de LA NACION María Fernanda Villosio obtuvo del senador Emilio Cantarero la confirmación de que había recibido sobornos.

Las quejas sindicales, al margen de las irregularidades, estuvieron centradas en que la reforma lesionaba la "autonomía colectiva" (a los convenios colectivos de trabajo, según aseguró el abogado laboral Héctor Recalde) porque fijaba un período de negociación de dos años para renovarlos, después de los cuales el Ministerio de Trabajo podía recurrir al arbitraje obligatorio.

Consideraban los gremialistas que es una injerencia estatal en las discusiones y que los empresarios se apoyan en ello para reducir salarios. Sin embargo, también es cierto que las dos CGT se aprovecharon de la "ultraactividad" (vigencia ininterrumpida de los convenios) para no cambiarlos nunca. Muchos de esos convenios están vigentes desde 1975.

La ex ministra de Trabajo Patricia Bullrich fue una firme defensora de la convocatoria a las negociaciones colectivas (para discutir entre las partes las modalidades de trabajo) e inició un proceso que fue muy resistido por el sindicalismo.

Otro tema criticado en la actual ley fue la ampliación del período de prueba de tres a seis meses para los empleados en una empresa. "Hasta hubo excesos que llevaron a que se obligara a trabajar un año a una persona y después la despidieran sin indemnización", dijo Recalde.

Pero la polémica política creció, más por los sobornos que por fallas de la ley. El senador peronista Antonio Cafiero pidió que se investigue el tema. El PJ en la Cámara alta lo marginó.

El 9 de agosto, De la Rúa dijo, después de reunirse con senadores peronistas, que los rumores "no tienen fundamentos". Las repercusiones negativas lo llevaron una semana después a pedirles a los legisladores que se autoinvestiguen. La Justicia decidió hacerlo, pero actualmente la causa, aunque no se cerró, está paralizada y no se halló ningún responsable.

Como fuere, el vicepresidente Carlos "Chacho" Alvarez renunció en octubre del año último después de que De la Rúa designara a Flamarique, uno de los supuestos implicados, como secretario general de la Presidencia.

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