Una mancha seria para la honestidad del Gobierno

El caso Skanska dejó de ser anoche, definitivamente, una “cuestión entre privados”. Esa fue la definición que el Gobierno le había dado siempre al escándalo, incluso el propio presidente Kirchner. La innecesaria polémica sobre si esos presuntos sobornos eran una cuestión privada o pública (en rigor, siempre fue pública) la cortó con un solo golpe el juez federal Guillermo Montenegro. Lo asestó cuando firmó la citación a indagatoria del presidente del Enargas, Fulvio Madaro, y del administrador de Nación Fideicomisos, Néstor Ulloa. Una declaración indagatoria puede ser seguida de la decisión del juez de poner presos a los indagados.

Esta última perspectiva es la que espoleó el decreto de Kirchner, que ni siquiera recurrió al pedido de renuncia de los funcionarios. Directamente, los echó. Es cierto que cumplió con su promesa de deshacerse de cualquier funcionario si la sombra de la Justicia revoloteara sobre éste, pero es igualmente cierto que el caso judicial pasó raudamente a las entrañas mismas del poder. Ahora cunde la inquietud: ya nadie sabe hasta dónde se podría extender la mancha del escándalo. Una grabación telefónica, en la que Ulloa habría indicado su preferencia por Skanska, tuvo, junto con las cintas de la auditoría interna de la empresa (ver en esta misma página), un efecto devastador para los funcionarios implicados.

La obra de construcción del Gasoducto del Norte tuvo un precio un 150 por ciento más caro que el presupuesto original elaborado por TGN, la empresa que administra ese ducto, cuya ampliación era lo que se licitaba.

TGN, bajo control de la multinacional argentina Techint, reclamó varias veces al Enargas, según cartas reveladas por LA NACION, por el descomunal precio que se pagaría por esos trabajos. Esas cartas están también en poder de la Justicia, porque fueron requisadas durante un allanamiento hecho por el primer juez de la causa, Javier López Biscayart. No obstante la reticencia de la empresa para aceptar tales precios, el Energas le ordenó a TGN que contratara a Skanska.

Según la versión oficial, el Gobierno debió apurar las obras ante la inminencia de la crisis energética. Una pregunta resulta obvia: ¿esquivar una crisis negada sistemáticamente por el oficialismo justificaba pagar sobreprecios del 150%? Desde luego que no.

Montenegro sepultó ayer la tesis de la "cuestión entre privados". Para decirlo de manera directa: esas obras nunca fueron una cuestión privada y siempre fueron un conflicto público, porque terminarían siendo pagadas por todos los argentinos. El fideicomiso está formado, es cierto, por adelantos que hicieron las grandes empresas para conseguir los recursos necesarios.

Tales "adelantos" serían devueltos, sin embargo, por una carga especial en las facturas de más alto consumo, el 40 por ciento del total. Pero entre esos usuarios están las empresas formadoras de precios, que trasladarían a éstos las cargas extras por las obras del gasoducto. Esto es: con menor o mayor énfasis, las obras bajo investigación judicial serían solventadas por el conjunto de la sociedad argentina.

Nunca fue un problema "entre privados" porque, además, en las obras intervenían directamente cinco organismos del Gobierno: la Secretaría de Energía, la Secretaría de Obras Públicas, el Enargas, el Nación Fideicomiso y la Sigen, si es que esta última dependencia intervendrá alguna vez y cumplirá con su misión en la vida.

Ninguna obra pública es nunca gratuita para la sociedad. O se la paga directamente a los privados que la construyeron o se la paga al Estado con sus aportes tributarios. El núcleo de un sistema confiable no está en quién la hace, sino en la transparencia de los organismos y de los métodos de control sobre esos recursos.

Kirchner prefirió devolverle al Estado un rol de liderazgo en las obras públicas y, de hecho, nunca en los últimos 20 años se hicieron o se anunciaron tantas obras públicas. El problema consiste en que los recursos de esos trabajos son administrados por muy pocas manos, sin controles eficientes, mediante el método de los fideicomisos. Ese método ha caído ahora bajo la sospecha pública.

La oficina de control interno del gobierno, la Sigen, está bajo la dirección de la esposa del ministro de Planificación, Julio De Vido, que es, a la vez, el responsable del manejo de casi todos los fideicomisos. La oficina de control externo de la administración, la Auditoría General de la Nación, un organismo de naturaleza constitucional, acaba de ser sometida a una posible revisión parlamentaria.

Un proyecto de ley firmado por tres importantes legisladores del oficialismo (Alberto Balestrini, Agustín Rossi y Patricia Vaca Narvaja), que es sometido en estos días a un urgente tratamiento en la Cámara baja, propicia quitarle a la Auditoría la autonomía y la independencia que le consagran la letra y el espíritu de la Constitución. La Auditoría quedaría, si prosperara este proyecto rechazado por toda la oposición, bajo la supervisión de una comisión parlamentaria mixta con aplastante mayoría de los representantes del Gobierno. ¿Para qué? ¿Por qué?

No hubo noticias buenas para el Presidente en los últimos días. La rebelión de Santa Cruz no ha cesado aún, pero Kirchner debió ceder ya casi todas las posiciones que tenía, retroceso que incluyó el relevo del gobernador que él mismo había ungido. El control político de Santa Cruz era una certeza que ha desaparecido.

Anoche se le sumó otra mala novedad. La expulsión de Madaro y de Ulloa significa, en los hechos, la primera mácula seria en la honestidad de la administración. No vino de acusaciones públicas de la oposición política, sino de la intensa presión de una investigación judicial.

Hasta ahora, el Gobierno trató de endosarles el problema de Skanska a las empresas privadas que intervinieron en las cuestionadas obras. La Justicia se lo devolvió al Gobierno, aunque no haya exceptuado de la culpa a ninguna empresa. Como sucede siempre en los negocios públicos, la corrupción consiste en privados que dan y en funcionarios que reciben.