Derechos humanos. Uruguay dio por superado el episodio por el caso Gelman

Sólo detalló lo actuado hasta el momento La Cancillería de ese país insistió en que no tiene datos que permitan determinar el paradero de la nuera del poeta Críticas de organizaciones en Montevideo y Buenos Aires

22 de enero de 2004

El gobierno uruguayo aclaró ayer que no tiene datos que le permitan esclarecer el destino de la ciudadana argentina secuestrada por la dictadura en Buenos Aires y trasladada a este país en 1976, donde tras dar a luz desapareció. Tras varios días de tensión política con la Argentina, el gobierno de Jorge Batlle difundió un comunicado en el cual sólo confirmó lo actuado tanto en su gestión como en las anteriores para investigar violaciones de los derechos humanos ocurridas durante la dictadura.

Asimismo, recordó que cuentan con 78 denuncias para determinar el paradero de 78 ciudadanos uruguayos desaparecidos en la Argentina durante los años de plomo. Sin aportar novedades que pudieran contribuir a dilucidar la desaparición de María Claudia García Iruretagoyena, nuera del poeta Juan Gelman, Uruguay reiteró que está dispuesto a continuar las investigaciones, siempre que se enmarquen en el derecho internacional y en la legislación vigente.

Esto último significa la ratificación de respetar la ley que amnistió a militares y a policías acusados de violaciones de los derechos humanos.

"Monstruoso"

El comunicado fue cuestionado por Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos (Fedefam). Una de sus integrantes, Luz Ibarburu, dijo que "es monstruoso que el presidente" Batlle "se calle el nombre del asesino" de la nuera de Gelman tras haber reconocido ante el senador Rafael Michelini que sabía quién la había matado.

Para la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, el informe "no dice nada nuevo, sólo cosas que ya se saben. No quiero prejuzgar porque parecería una cosa irrespetuosa, pero me parece que (el gobierno uruguayo) no quiere reconocer que se han asesinado personas".

En tanto, el juez federal Norberto Oyarbide enviará hoy un exhorto a Uruguay para que se tome declaración al ex soldado de apellido Barboza Pla y a Sara Méndez, madre de un bebe desaparecido y recuperado en 2002, según trascendió en Tribunales.

La declaración -emitida por la Cancillería- se inicia con la explicación del motivo que la generó: "Las diversas expresiones y comentarios de autoridades del gobierno y funcionarios de la República Argentina" sobre Uruguay, y destaca que el comunicado se emite para "mantener debidamente informada a la opinión pública y teniendo presente la importancia que revisten para el Uruguay las relaciones con el pueblo y el gobierno argentinos".

Clemencia soberana

Se reiteran los pasos dados desde la restauración democrática por "los sucesivos gobiernos" que decidieron "atender de modo prioritario las situaciones tristemente heredadas del período de confrontación y ruptura del orden institucional" y lo que se hizo para dar la "mejor contribución al proceso de pacificación nacional".

Por eso, se recordó que fueron votadas dos "leyes de clemencia soberana, de amnistía (para presos políticos y exiliados acusados por la dictadura en 1985) y de caducidad (para cancelar pretensiones penales contra policías y militares acusados de violaciones de los derechos humanos en 1986)", y que esta última obtuvo "la ratificación mediante referéndum" en 1989.

Se señala que cuando Batlle asumió como presidente, el 1° de marzo de 2000, en su discurso ante el Congreso "enunció como un propósito fundamental" de su gestión "sellar la paz entre los uruguayos", mediante la "decidida voluntad de esclarecer la cuestión de los desaparecidos".

Se cita su atención personal de "situaciones altamente sensibles", como la de Simón Riquelo, cuya madre indicaba a un joven adoptado como su hijo, pero una investigación lo ubicó en la Argentina. Y se explicó que el 9 de agosto de 2000, se "constituyó la Comisión Para La Paz, para recibir, analizar, clasificar y recopilar información sobre las desapariciones forzadas ocurridas durante el régimen de facto".

Informe de nuestro corresponsal en Uruguay

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