Uruguay promete informar al Gobierno sobre la papelera

Busca así bajar el tono de la controversia
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3 de marzo de 2004  

El gobierno del Uruguay se comprometió a mantener informadas a las autoridades argentinas respecto del impacto medioambiental que podría provocar la instalación de una planta de pasta de celulosa frente a la costa de Entre Ríos, emprendimiento que antes de comenzar a ser edificado, como anticipó LA NACION, desató una controversia entre ambos países por los virtuales riesgos que podría traer aparejados sobre los recursos naturales.

El canciller uruguayo, Didier Opertti, se lo aseguró a su par Rafael Bielsa ayer, durante un encuentro que mantuvieron en el Palacio San Martín. Opertti dijo en ese cónclave que se informará al país sobre la construcción de la planta, y sostuvo que Uruguay permitirá que se realice un monitoreo una vez que haya sido puesta en funcionamiento.

"Es fundamental mantener informada a la República Argentina, y eso lo vamos a hacer a través de la Comisión Administrativa del Río Uruguay (CARU)", dijo Opertti a la salida del encuentro.

El canciller uruguayo afirmó que las intenciones de su país son "evitar todo desconocimiento" respecto del tema y señaló que por medio de la CARU, integrada por ambos países, se brindará "toda la información atinente al sistema utilizado, así como a las reglas medioambientales con que la fábrica se habrá de instalar, que son pautas de carácter internacional".

El titular de la Subsecretaría de Política Latinoamericana de la cancillería argentina, Eduardo Sguiglia, señaló a LA NACION que Bielsa y Opertti se comprometieron a "transparentar" el proceso de instalación de la fábrica.

"Se acordó que en los próximos cuatro años de construcción va a haber un seguimiento exhaustivo para que se respeten los parámetros medioambientales establecidos para la instalación de la fábrica, que incluirá monitoreos permanentes", dijo Sguiglia.

Según el proyecto original, la planta de procesamiento de pasta celulosa será construida en territorio uruguayo por una compañía del grupo español ENCE, con una inversión estimada en más de 500 millones de dólares.

Pero, en rigor, ésta funcionará frente a la costa de Gualeguaychú, lo que provocó una reacción de alerta en sus autoridades por las consecuencias ambientales que el emprendimiento podría traer aparejadas.

Rechazo entrerriano

El gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, y organizaciones no gubernamentales, como el Grupo de Vecinos Autoconvocados, rechazaron en reiteradas oportunidades su construcción ante un eventual impacto contaminante.

El conflicto, que tuvo ribetes diplomáticos, fue estudiado y desmenuzado por los ministros.

Según Bielsa, los cortocircuitos iniciales respondieron "a que no se había acordado un mecanismo como el suscripto hoy (por ayer) con Uruguay, que permite que no haya ningún aspecto fuera del escrutinio de quienes están interesados".

Opertti, por su parte, admitió el "interés legítimo" del gobierno de Néstor Kirchner "de estar al corriente y conocer los pormenores" de la obra, por lo cual, una vez iniciada la construcción, mantendrán los canales de información abiertos para la Argentina.

El canciller uruguayo dijo también que, una vez puesta en marcha la planta, "pueden existir nuevos fenómenos" medioambientales, por lo que, agregó, "es necesario que la CARU pueda monitorear el estado de las aguas".

"Esta modalidad que hemos acordado con el canciller Opertti creo que salvaguarda las expectativas que tienen los vecinos, legítimas, de conocer en qué medida estos emprendimientos no van a perjudicar su vida cotidiana", dijo Bielsa.

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