Vender, dividir entre socios o resistir en la Justicia, las opciones de Clarín

Podría recurrir a tribunales internacionales, presentar un plan de adecuación o distribuir la propiedad de los medios entre futuros herederos; si avanzara la transferencia de oficio, el proceso sería inminente
José Crettaz
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30 de octubre de 2013  

Reclamar ante tribunales internacionales e iniciar una guerra "de guerrillas" judicial; presentar un plan "de adecuación" similar a los ya propuestos por grupos similares, como el de Manzano-Vila, que plantean un reparto de medios entre socios (lo que legalmente no tiene inconvenientes); la transmisión a sus futuros herederos de las licencias de los principales accionistas del grupo (donde cuatro personas controlan el 71% de la empresa). Esas complejas alternativas y no muchas más son las opciones que le quedan al Grupo Clarín para conservar sus medios de comunicación y negocios de telecomunicaciones, teniendo en cuenta que Fibertel y Cablevisión operan sobre una misma red digital cuyos servicios son regulados por normas distintas.

Mientras los ejecutivos y abogados del grupo se recuperan de un mazazo judicial que no esperaban, el presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Martín Sabbatella, dijo que "los plazos están vencidos" y que hay que "recuperar el tiempo perdido" por los cuatro años en los que los artículos 41, 45, 48 y 161 estuvieron suspendidos para el caso de Clarín (la única empresa que mantuvo hasta el final la pelea judicial de fondo, a diferencia de Manzano-Vila y Cadena 3, entre otras, que desistieron). Según dijo Sabbatella, dado que el proceso de adecuación de oficio ya está en marcha, la aplicación del art. 45 es inminente.

Por la primera parte de ese artículo, que fija topes a la cantidad de licencias (permisos para tener medios) y establece múltiples incompatibilidades a la propiedad cruzada de distintos tipos de medios, Clarín no puede tener más de 10 licencias de radio (AM y FM) y TV abierta en todo el país. Y si tiene alguna licencia de este tipo, sólo puede ser dueño de una señal de TV paga (canal de cable). Hoy Clarín tiene 11 licencias de esa naturaleza: cuatro canales de TV en Capital Federal (13), Córdoba (12), Bahía Blanca (7) y Bariloche (6), y siete licencias de radio: dos AM, que operan como Radio Mitre, en Capital Federal y Córdoba, y cinco FM distribuidas en esas ciudades, Mendoza, Bariloche y Mar del Plata.

Para ajustarse a diez licencias, debería desprenderse de una sola, pero aun teniendo esa única, sean de TV o de radio, sólo podría conservar una señal de cable. Actualmente, el Grupo Clarín controla las señales Todo Noticias, Volver, Quiero Música en Mi Idioma, Metro y Magazine, y participa en TyC Sports y Canal Rural.

Pero ése es sólo el principio: la limitación más importante está en el tope de 24 licencias para el cable que impone ese artículo (que permite una licencia por distrito municipal con posibles extensiones a localidades vecinas). Hoy Cablevisión utiliza 158 licencias en un idéntico número de ciudades (aunque Afsca afirma que tiene 264). Su principal competidor, la estadounidense DirecTV (impedida por la misma ley de tener radio o TV abierta) puede operar en todo el país con una sola licencia. Y Telecentro (Grupo Pierri) opera con una sola licencia, en un territorio para el que Cablevisión utiliza más de 20.

Pero aun suponiendo que todos estos números se verifiquen (no más de diez radios o canales de TV ni más de 24 licencias de cable), en ningún caso el Grupo Clarín debe llegar con sus medios a más del 35% de la población del país o los abonados a la TV por suscripción (ningún privado puede hacerlo, sólo los estatales y los pertenecientes a la Iglesia Católica).

Y todo eso sólo para ajustarse a la primera parte del artículo 45. Hay más. En su parte tercera (la segunda pone topes locales que no impactan en Clarín), el artículo 45 fija la incompatibilidad de ser propietario de TV abierta y de TV por suscripción en una misma localidad, lo que obliga a Clarín a elegir entre sus canales abiertos y Cablevisión en, al menos, cuatro ciudades. Si se viera obligado a eso, la lógica económica indica que optará por el cable, principal fuente de sus ingresos. En un país donde ocho de cada diez hogares ven TV abierta por cable, no parece poco razonable desprenderse de esas licencias, si no fuera porque los contenidos allí emitidos no podrían ser migrados a señales de TV paga sin tener que ajustarse a una sola pantalla: por el mismo artículo, Cablevisión, como todo cableoperador, sólo puede tener una señal de contenidos "de generación propia".

Especialmente compleja, y posible fuente de nuevos litigios judiciales, es la aplicación del tope de licencias de TV paga a una red indivisible, sobre la que también se ofrece el servicio de acceso a Internet. ¿Qué ley se aplicará sobre la red de Cablevisión? ¿La ley de medios, y sus 24 licencias, o la ley de telecomunicaciones (firmada por el dictador Alejandro Lanusse en 1972), que no pone topes a ese tipo de licencias (necesarias para dar Internet y telefonía)?

El fallo de la Corte podría ser un problema también para el grupo Manzano-Vila, idéntico a Clarín en su estructura de conglomerado, pero de menor tamaño: lo que se aplique para uno deberá aplicarse para el otro; de lo contrario, sería muy evidente la desigualdad ante la ley. Para presentar una propuesta de adecuación similar a la de Manzano-Vila, Clarín tiene la dificultad de cotizar en la bolsa (lo que además, vía ex AFJP, explica que el Estado nacional tenga el 8% de las acciones del grupo).

Y si Clarín decidiera vender, ¿quién compraría los "miniCablevisión", impedidos de crecer más allá de las 24 localidades? ¿A qué precio? Estas y otras preguntas llevan nuevamente hasta los tribunales.

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