Volvería a regir el secreto para seleccionar o sancionar a jueces

Las sesiones para seleccionar o sancionar a los jueces, que hasta la creación del Consejo de la Magistratura eran secretas, eje de intercambios de favores y centro de innumerables críticas y objeciones, podrían volver a ser eso: secretas.

El plenario del Consejo debatirá hoy un proyecto que otorgará amplias facultades a los consejeros para restringir o vedar, si así lo desean, el acceso del público a cualquiera de las sesiones. Pero algunas organizaciones no gubernamentales (ONG), como Poder Ciudadano, adelantaron que se opondrán a la propuesta.

Los representantes de los abogados ante el Consejo, Lino Palacio y Luis Pereira Duarte, presentaron el proyecto luego de los incidentes registrados en diciembre último cuando se discutía la eventual destitución del juez comercial Eduardo Favier Dubois.

La esposa del magistrado y otra persona pidieron la palabra -algo que no está previsto en el reglamento- y comenzaron a recriminar en voz alta a algunos consejeros, lo que derivó en un escándalo.

"No queremos limitar el acceso del público, sino reglamentarlo, que es distinto. Todo derecho puede y debe ser reglamentado. Si uno va al Congreso o a un juicio oral, debe estar sentado en lugares prefijados y respetar ciertas pautas. Queremos hacer algo similar en el Consejo, poner orden, porque hemos tenido reuniones tumultuosas", indicó a LA NACION Pereira Duarte.

El proyecto 42/2004, que presentó junto a Palacio, apunta a ese objetivo, "evitar excesos en el comportamiento del público como ocurrió en recientes oportunidades".

El proyecto prevé que ingresen sin problemas los directivos de las asociaciones de abogados, empleados y funcionarios del Poder Judicial, del propio Consejo, organizaciones no gubernamentales, periodistas e "invitados especiales".

Pero el proyecto incluye pautas objetables. La primera, que cualquier sesión podrá ser "reservada" si "uno o más consejeros, fundadamente, soliciten" que así sea.

"No quiero pensar lo que puede ser esa prerrogativa en manos de Yoma (Jorge, senador PJ-La Rioja) y de Casanova (Jorge, diputado, PJ-Buenos Aires). Todas las sesiones serían secretas", ironizó María Julia Pérez-Tort, coordinadora del área Acción por la Justicia de Poder Ciudadano.

El artículo 2° del proyecto también veda la presencia de público "de pie", pero a su vez determina que primero se reservarán asientos para los asesores de los consejeros.

"Es cierto que ha habido problemas de seguridad en ciertas ocasiones, pero debemos garantizar el libre acceso a las sesiones y la publicidad de los actos", recordó a LA NACION el consejero Eduardo Orio. "Si prosperara este proyecto, entonces deberíamos achicar la mesa que usamos y agrandar el salón para que entre más gente", deslizó.

Personas "disvaliosas"

El artículo 5° prohíbe de manera explícita a cualquier persona del público hablar en cualquier sesión "sin autorización de quien la presida". Este también podrá "ordenar retirarse a cualquier persona que incumpliere la debida conducta durante la sesión", según consta en el siguiente artículo.

El último párrafo del proyecto incluye otra disposición polémica: "Con el voto de la simple mayoría del plenario o de los miembros de la comisión de que se trate, se podrá impedir la asistencia a futuras sesiones de aquella persona o personas que se consideren disvaliosas para el normal funcionamiento" de las sesiones.

"De ninguna manera se busca imponer algo similar al secreto que reinaba en las sesiones del Senado o restringir la publicidad de los actos del Consejo. Por eso prevemos televisar por circuito cerrado la sesión, instalando pantallas fuera del recinto", insistió Pereira Duarte.

Pero para Pérez-Tort el proyecto "es gravísimo". "El reglamento actual ya habilita a que se retire una persona que molesta en una sesión. Pero este proyecto puede restringir el acceso a la información. Algo similar rige en la Comisión de Disciplina del Consejo, y desde que las sesiones son reservadas casi no se sabe casi qué ocurre allí", afirmó.