"Ya encontré 300 contradicciones en el informe oficial"

Entre tantos papeles, documentos, libros sobre los trágicos años 70 y su computadora portátil, casi no hay lugar para una taza de café en la mesa de trabajo del militar retirado José D’Angelo. Allí, en el departamento de un ambiente que alquila cerca del Zoológico, revisa cada caso incluido en el informe sobre víctimas de la represión ilegal elaborado en 2006 por la Secretaría de Derechos Humanos y que sirve de base para el pago de indemnizaciones por las leyes reparatorias.

"Ya encontré más de 300 contradicciones severas", dijo, dedicado a la tarea de contrastar el informe oficial con investigaciones periodísticas y bibliografía de la época, incluidas revistas de las propias organizaciones guerrilleras. Esos hallazgos amplían las sospechas y las denuncias por falta de transparencia del régimen de resarcimientos, que el Gobierno mantiene en estricto secreto, como publicó esta semana LA NACION.

Al igual que varios legisladores de la oposición, D’Angelo reclama transparencia en un tema sensible para los argentinos y, en curiosa sintonía con los reclamos de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, exige que "la verdad sea dicha".

"Estamos frente a un gobierno que ha aumentado el presupuesto de la Secretaría de Derechos Humanos en un 7500% en ocho años [pasó de $ 1.146.102 a 96.130.873]. Yo, con pocos recursos, encontré más de 300 contradicciones. El Estado podría investigar mejor", afirmó el ex militar carapintada, en una entrevista con LA NACION.

–¿Cómo lleva adelante la investigación?

–Leo casi todos los libros de autores de izquierda y cotejo los relatos de los años 70 con el informe de 2006. El listado original de la Conadep tenía 8961 casos y hay más de 2000 que no figuran en el informe de 2006. Por ejemplo, estaba incluido como desaparecido Humberto Alfredo Meade, el actual juez del caso Candela, en Morón. Así, el número de casos tendría que haber bajado a 6900, pero subió a 9300, porque han sido incorporados más de 2400, lo cual no está mal. El asunto es ver si esos casos se ajustan a los fundamentos que dieron origen a la Conadep y a las leyes reparatorias.

–¿Hay errores graves?

–Encontré más de 300 contradicciones severas. Un caso significativo es el de Hugo Irurzun, quien, según relató Gorriarán Merlo, lanzó el lanzacohetes que mató a Somoza, en Asunción, en 1980. Esa misma noche, la policía del Paraguay encontró a Irurzun y lo mató. ¿Cómo figura en el listado oficial?: ejecución sumaria. Lo mató el Estado argentino. Según el informe, alguien está habilitado a cobrar la indemnización, que ronda los 220.000 dólares. Se han pagado entre 1700 millones y 1900 millones de dólares.

–¿Cómo se llega a esa cifra?

–Es una estimación, teniendo en cuenta la cantidad de casos y según el tipo de cambio que se aplique. Se gastó mucha plata. Las denuncias por los planes de vivienda de las Madres de Plaza de Mayo son por $ 750 millones. Acá estamos hablando de 1700 millones de dólares.

–¿Cómo definiría la actual política de derechos humanos?

–Absolutamente parcial. Y si no se pueden aplicar controles sobre la asignación importantísima de recursos, como un probable foco de corrupción, una estafa moral que los argentinos no nos merecemos.

–¿Su visión puede ser considerada parcial?

–Si Montoneros se llamaba Ejército Montonero y el ERP era el Ejército Revolucionario del Pueblo, estamos hablando de una guerra. Perón, tras el asalto del ERP en Azul, mandó al Congreso un proyecto para modificar el Código Penal. Diputados de la JP, la Tendencia y Montoneros, entre ellos Carlos Kunkel, se niegan a darle la posibilidad de combatir al terrorismo con la ley en la mano. Además, en una carta a la guarnición militar, en enero de 1974, Perón expresó su deseo de que "el reducido número de psicópatas que van quedando sean exterminados uno a uno para el bien de la república". ¿Y ahora el Estado los indemniza?

–¿No lo invalida haber sido carapintada?

–Los levantamientos carapintadas no ocurrieron en 1985, cuando Alfonsín y la Justicia metieron presos a los comandantes. Ellos habían sido responsables. Los líos internos se arman dos años después, cuando empezaron a llamar a declarar a tipos que en la guerra contra el terrorismo eran tenientes, subtenientes. Fuimos contrarios al Proceso. Pero el movimiento carapintada ya no existe. Fue una expresión del momento.

PERFIL

JOSE D’ANGELO

TENIENTE PRIMERO RETIRADO
Edad: 55 años
Nacido en: Mendoza
Egresó del Colegio Militar en 1980. En enero de 1988 se sumó desde Tucumán al levantamiento carapintada de Aldo Rico en Monte Caseros. Pasó un año en prisión y fue indultado por Menem. Se dedica ahora al mercado editorialI. Fue director de El Diario de Bolsillo y de la revista B1 .