YPF: fuerte respaldo en el Senado a la estatización

Esta madrugada estaba a punto de ser votada por amplia mayoría
Gabriel Sued
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26 de abril de 2012  

Con una abrumadora mayoría, el Senado aprobaba esta madrugada y remitía a la Cámara de Diputados el proyecto de ley, impulsado por la presidenta Cristina Kirchner, que declara de interés público el autoabastecimiento de hidrocarburos y determina la expropiación y recuperación para el Estado del 51% de las acciones de YPF.

La iniciativa tuvo el apoyo entusiasta de todo el oficialismo y de sus aliados habituales, y el respaldo, durante la votación en general, de la UCR, de casi todo el Frente Amplio Progresista (FAP) y de un sector del Peronismo Federal. Esos bloques culparon al Gobierno por la crisis energética y por el "vaciamiento" de YPF, y pidieron cambios durante la votación en particular. Pero esta madrugada el oficialismo se aprestaba a imponer su mayoría para aprobar el proyecto tal como lo había enviado el Poder Ejecutivo.

Los únicos que se manifestaron en contra de la iniciativa fueron Adolfo Rodríguez Saá, Liliana Negre, Juan Carlos Romero y Roberto Basualdo (los cuatro del Peronismo Federal), mientras que Norma Morandini (FAP), Oscar Castillo, Blanca Monllau (ambos del Frente Cívico y Social) y María Eugenia Estenssoro (Coalición Cívica) se abstuvieron. "La estrategia de Repsol como controlante de YPF tuvo terribles consecuencias. El impacto que genera pone en riesgo el modelo de crecimiento con inclusión social", sostuvo el senador Aníbal Fernández sobre el final del debate. "Una compañía petrolera que produce cada vez menos y que reduce sus reservas está siendo vaciada", agregó, auxiliado por una iPad en la que leyó su discurso.

Antes, el senador radical Ernesto Sanz sostuvo que lo que estaba en discusión no era si YPF debía ser pública o privada, sino qué tipo de Estado será el dueño de la petrolera. "Con la política energética de hoy estamos condenando a la nueva YPF a una pronta frustración", dijo, y se preguntó: "¿Será YPF una agencia de empleo para seguidores del Gobierno?"

El sanjuanino Basualdo argumentó en contra de la aprobación del proyecto, incluso durante la votación en general. "Todos estamos de acuerdo en que el Estado tiene que participar en el manejo de los recursos naturales no renovables. Pero nos hemos olvidado de las formas. Con cada punto de riesgo país que aumentamos podríamos comprar una empresa por año", sostuvo.

Era el cierre de una sesión que comenzó a las 10.40 y se extendió hasta después de la medianoche. Fue un debate sin sobresaltos ni discusiones acaloradas. Con los argumentos expuestos de antemano, las únicas tensiones se produjeron cuando el radicalismo acusó al peronismo por la privatización de la empresa, en 1992. "Si hoy es un día histórico, lo es para el justicialismo que da una vuelta de 180 grados después de los 90", arremetió Nito Artaza, que reclamó a los peronistas que pidieran perdón por las privatizaciones. "Si había energía en el 2001, era porque no había trabajo ni producción", le respondió el kirchnerista José Mayans.

Fue uno de los pocos cruces verbales del debate que había abierto Marcelo Fuentes, miembro informante del oficialismo. Tras ponderar las características del modelo económico instaurado por Néstor Kirchner y continuado por la presidenta Cristina Kirchner, Fuentes criticó la gestión de Repsol por su falta de inversión y por la caída de reservas y producción en gas y petróleo, y sostuvo que un proyecto de reindustrialización requiere garantizar el acceso a los insumos energéticos. "Somos conscientes de que la sola expropiación no soluciona el problema, pero sin la expropiación no hay inicio de la solución del problema", dijo, y, acto seguido, describió el dictamen bajo tratamiento.

La iniciativa

En 19 artículos, la iniciativa propone declarar de interés público el autoabastecimiento, la explotación, la industrialización, el transporte y la comercialización de hidrocarburos, y expropiar el 51% de las acciones de YPF que hoy controla la empresa española Repsol, a cambio de una indemnización que fijará el Tribunal de Tasaciones de la Nación. De las acciones estatizadas, se prevé que el 51% le quede a la Nación y el 49 restante, a las diez provincias petroleras.

La mayoría de las objeciones de la oposición estuvieron dirigidas a tres puntos: la decisión de que la expropiación afectara sólo a Repsol y no al grupo Petersen (de la familia Eskenazi), que adquirió el 25% de YPF en 2008, a pagar con los dividendos de la propia petrolera; la cláusula que impide que la Auditoría General de la Nación (AGN) controle la gestión de la compañía, y un pedido para que se avance en una investigación para determinar la responsabilidad de los funcionarios en el vaciamiento de la empresa.

"Esto no debe ser una confiscación; debe ser una expropiación en el marco de la Constitución. Si se hace una diferencia entre Repsol y el grupo Petersen, tiene que haber una explicación clara. El vaciamiento se profundiza a partir del ingreso del grupo Petersen a la empresa", argumentó Sonia Escudero. La respuesta del oficialismo fue que se había decidido actuar sobre el grupo controlante de la compañía.

El FAP y un sector del radicalismo también reclamaron que todas las provincias, y no sólo las petroleras, participaran de las utilidades de la nueva YPF.

MENEM, AUSENTE EN EL RECINTO

Antes de la votación, todas las miradas estaban puestas en la banca vacía de Carlos Menem, hoy aliado del Gobierno. Ausente en el debate, todo indicaba que no cumpliría con su promesa de apoyar el proyecto. Otra incógnita era Carlos Reutemann, que estuvo en el Congreso pero no participó del debate.

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