Zaffaroni cuestionó la ley antiterrorista

La sanción de la ley antiterrorista, impulsada por el Gobierno a instancias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que la exigió como una herramienta para combatir el lavado de dinero, recibió ayer críticas de sectores identificados con la defensa de los derechos humanos.

El doctor Raúl Eugenio Zaffaroni, ministro de la Corte Suprema, dijo que la norma sólo apunta a "controlar todo el movimiento financiero" y no a prevenir el lavado de activos como forma de financiamiento para el terrorismo. "El GAFI se toma atribuciones que no tiene y extorsiona a nuestro país", opinó el juez. Afirmó que "no hay ningún delito vinculado al terrorismo que no haya estado severamente penado desde siempre en el país, de modo que esta ley es un pretexto", aunque desestimó que la norma tenga como objetivo la persecución de la protesta social. "Eso no le interesa al GAFI, porque su objetivo es económico."

Zaffaroni dijo que la ley es "la respuesta a una extorsión por parte de un organismo al que nunca debimos pertenecer" y que, con su sanción, el GAFI "garantiza que en la periferia no se lave nada, aunque saben que en nuestros mercados pequeños no se puede lavar más que un calzoncillo".

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, admitió que la sanción de la norma genera preocupación, aunque aclaró que "en la Argentina no hay terrorismo".

"Hubo un atentado contra la AMIA y la embajada de Israel, por injerencias externas. Si argentinos colaboraron, son mercenarios, pero no hay una red de la que uno tenga que preocuparse", señaló. Carlotto dijo que "con este gobierno tenemos la garantía de que las manifestaciones sociales no van a ser reprimidas. Pero ¿qué pasará más adelante, con otros gobiernos?", se preguntó.

Desde la oposición también llegaron rechazos. Para la diputada Paula Bertol (Pro-Capital), "luego de escuchar las críticas de sus propios aliados, la Presidenta debería estar pensando en vetar la ley". Horacio Piemonte (Coalición Cívica) presentará en la Justicia un pedido de inconstitucionalidad de la norma.