Zaffaroni versus Zaffaroni

En el fallo de la Corte Suprema de Justicia que rechazó el per saltum del Gobierno para que se anule la extensión de la cautelar dispuesta por la Cámara Civil y Comercial a favor del Grupo Clarín, el juez Raúl Zaffaroni formuló una acotación individual. Sostuvo que, si hubiera una contradicción entre esa disposición de la Cámara y la sentencia de la Corte que fijó para el 7-D el vencimiento de ese amparo, se podría estar frente a un "alzamiento".

El presentimiento de Zaffaroni, que salió en auxilio de Julio Alak, el primero en hablar de un alzamiento, supone que los jueces deben obedecer en sus pronunciamientos a los tribunales superiores. Es una tesis muy controvertida.

Reconocidos juristas sostienen lo contrario. Uno de ellos, argentino, afirma: "Simpatizo tremendamente con una disposición muy inteligente de la Constitución italiana que dice que entre los jueces no hay jerarquías, hay sólo diferencias de competencia. Me parece que algunas competencias son importantes, pero jerarquías no". El mismo experto agrega: "Cuando un tribunal está ejerciendo un poder sobre otro al que considera inferior, se pierde una independencia cotidiana. El juez se siente todos los días de alguna manera agredido. Y eso produce respecto del Poder Judicial una sensación de corporativismo, que no la puede tener ese poder".

El jurista argentino que defendió esta posición es Zaffaroni. Lo hizo el 6 de diciembre de 2003, ante la Comisión de Acuerdos del Senado que debatía su incorporación a la Corte. El caso del "alzamiento" podría llamarse, entonces, Zaffaroni vs. Zaffaroni. Muy evangélico lo de este juez: decidió amar al prójimo, en este caso a Alak, más que a sí mismo.

Para convencer a un eminente canciller argentino de la necesidad de prohibir la construcción de una torre al lado de la Nunciatura porteña, el otrora poderoso secretario de Estado de la Santa Sede, Angelo Sodano, apeló a un elocuente tecnicismo. Cuando el diplomático le explicó que no había razones jurídicas para satisfacerlo, el cardenal respondió: "Mi querido ministro, usted sabe que el derecho es un acordeón…".

La polémica sobre el artículo 161 de la ley de medios es, como todo proceso judicial, un festival de ambigüedades y alternativas hermenéuticas. Cristina Kirchner parece no haberlo calculado. De lo contrario, no habría apostado tanto capital político a que Cablevisión sería intervenido por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) el 7-D. Salvo que creyera que, en vez del derecho, se aplicaría su deseo, que es mucho más rígido que un acordeón.

La frustración de esa expectativa llevó a la Presidenta a extender a la Justicia su conflicto con la prensa. A la democratización de la palabra ahora seguiría, anunció ayer, la democratización de los tribunales. Auspicia un proyecto de juicios por jurado, que encomendó hace tiempo a su asesora Valeria Loira de Bossio. Ahora recobra vida por el caso Marita Verón. Daniel Scioli se convertirá en un inesperado precursor: en las próximas horas la legislatura bonaerense aprobaría esta innovación.

Sin embargo, la urgencia por vincular las sentencias con la voluntad popular es un argumento oficial en el conflicto con Clarín. Otra vez el kirchnerismo suele inspirar sus reformas en el espíritu de venganza. El domingo, por ejemplo, la Presidenta reveló que la Corte "menemista" no fue removida por las razones esgrimidas durante el jury, sino porque su esposo quiso hacer tronar el escarmiento sobre los magistrados que planeaban revocar la pesificación.

El lunes la Corte rechazó el per saltum con sentido del humor. Se justificó citando a los senadores Fuentes, Pichetto y Fernández, los talibanes de la Casa Rosada que reglamentaron ese recurso. En otras palabras, los jueces sugirieron a Juan Manuel Abal Medina que, antes de usar mal el utensilio, consulte con los que lo fabricaron. Olvidaron que los kirchneristas tienen prohibido hablar entre ellos. Así se explican tantos papelones.

El Poder Ejecutivo volvió sobre sus pasos para tomar la vía correcta del recurso extraordinario. Ahora espera que, en la línea del segundo Zaffaroni, la Corte reprenda a la Cámara por haber prorrogado la cautelar hasta que exista una sentencia definitiva, es decir, más allá del 7-D.

Sin siquiera recurrir al primer Zaffaroni, la Corte podría admitir ese aplazamiento. Ella misma reconoció, cuando urgió a los jueces a resolver la cuestión de fondo y las recusaciones, que las condiciones en las que había establecido el 7-D habían cambiado. La posibilidad de que el amparo se vuelva eterno ahora es mucho más borrosa. El juez Horacio Alfonso decidirá de un momento a otro la cuestión de fondo: si el artículo 161 es o no constitucional. El fiscal Fernando Uriarte ya le pidió desestimar los reparos de Clarín. Por eso, muchos expertos aventuran que el tribunal confirmará la prórroga de la cautelar dispuesta por la Cámara, pero pondrá un nuevo vencimiento. "Los jueces creen en la teoría de los dos demonios, el Gobierno y Clarín, y conceden un poco a cada uno en cada fallo", dice un allegado al tribunal.

El kirchnerismo acumularía menos derrotas si su jefa no estuviera tan ansiosa por ingresar al año electoral con Clarín acorralado. Expertos independientes recuerdan varios antecedentes que juegan a favor de la Casa Rosada. La Corte aprobó la revocatoria de licencias de radiodifusión en los casos Miragaya vs. Comfer, Radio Dimensión vs. Provincia de San Luis y Fioroni vs. Comfer. Sin embargo, ninguno de ellos es idéntico al actual, sea porque esas licencias habían sido otorgadas con procedimientos irregulares, sea porque los medios afectados aún no habían comenzado a transmitir.

La Corte ya sembró indicios de lo que piensa sobre el artículo 161. Cuando fijó el 7-D como límite para la cautelar, sostuvo que en las presentaciones de Clarín "no existen argumentos que relacionen directamente la norma de desinversión con la libertad de expresión. Ello resulta necesario, porque en todo el derecho comparado existen normas de organización del mercado en el campo de los medios de comunicación, sin que su constitucionalidad haya sido cuestionada de modo genérico". Más adelante, remata: "Debe existir una afectación concretada a la libertad de expresión para invalidar una norma de regulación de la competencia, lo que en el caso no se ha demostrado".

Síntesis: el tribunal supremo todavía no rechazó el planteo de fondo de Clarín, pero le ha sugerido que mejore sus argumentos. Eruditos en las conductas de la Corte aventuran que esta vez adoptó la "táctica de las compensaciones", que consiste en decir muchas veces que sí a una de las partes –en este caso, al multimedios– para decirle, al final, que no.

Los directivos de Clarín no lo ignoran. Según fuentes confiables, varios de ellos pasaron la semana pasada en reuniones de abogados perfeccionando una propuesta de adecuación a la ley que consistiría en vender Cablevisión a cuatro grupos extranjeros protegidos por tratados de inversión. El dato desmiente la convicción central de la Presidenta: que el titiritero Héctor Magnetto, en sus maquinaciones, sabía de antemano que la Cámara le daría la razón.

En el tercer apartado de esa sentencia favorable a Clarín, la Cámara hizo una afirmación importantísima: sostuvo que la empresa tiene en suspenso el período de un año que la ley estableció para desinvertir. Según estos jueces, si la Corte rechazara la extensión del amparo, el Gobierno no podría realizar su sueño de intervenir de inmediato Cablevisión.

Vale la pena apuntar otra peculiaridad: siempre que la Corte, en nombre del interés público, retiró la licencia a alguna empresa que la había obtenido de manera regular, habilitó la compensación por daños y perjuicios para resguardar el derecho de propiedad. ¿Dará lugar la nueva ley de medios a una avalancha de demandas económicas de las que se deberán hacer cargo otros gobiernos? ¿Habrá nuevos reclamos en el Ciadi por parte de los inversores extranjeros? ¿Cuál será, en definitiva, el costo fiscal de "democratizar la palabra" con efectos retroactivos?

El estruendo de la guerra no deja oír estas preguntas. Cristina Kirchner no se ha propuesto desconcentrar el mercado periodístico. Al contrario: Sabbatella extendió la cautelar de Clarín, por la que dice sentir vergüenza, a empresas que no la habían pedido, es decir, que ya deberían haber desinvertido. La Presidenta tampoco pretende que el multimedios reduzca su tamaño. Aun cuando, con menos prepotencia y más paciencia, tal vez podría lograrlo. Ella sustituyó esas pretensiones por una fantasía: que ese holding sea silenciado antes de que comience la campaña electoral. Si a sus innumerables lecturas hubiera incorporado la de Von Clausewitz, la señora de Kirchner advertiría que perdió el objetivo de la guerra. Éste no debe ser, según aquel célebre prusiano, eliminar al enemigo, sino forzarlo a cumplir la voluntad del estratega.