Coronavirus: "Hay mecanismos para que la vacuna se distribuya equitativamente, la cuestión es si los países y compañías harán uso de ellos"

Una pregunta que muchos se plantean en estos momentos es: ¿cuándo terminará esta pandemia de covid-19?

Cuando se logre crear una vacuna segura y eficaz contra el coronavirus que ha provocado cientos de miles de muertes, contestan algunos.

Y la pregunta que sigue a esto es: ¿quiénes podrán contar con ella?

Si juzgamos por lo que ha mostrado la historia, es probable que esa vacuna -como ha ocurrido con muchos tratamientos para enfermedades mortales en el pasado- se vea envuelta en una maraña de patentes y derechos de propiedad intelectual, y que eventualmente sean las compañías farmacéuticas las que decidan quién puede tener o no acceso a esa vacuna.

Pero en un artículo publicado recientemente en la revista Foregin Affairs, Jennifer Hillman, investigadora del Council on Foreign Relations, un centro de estudios estadounidense con sede en Nueva York, y profesora del Centro de Leyes de la Universidad de Georgetown, Washington, asegura que las patentes no necesariamente obstaculizarán la distribución equitativa de la vacuna.

Hillman, quien fue miembro del Órgano de Apelación de la Organización Mundial de Comercio (OMC) de 2007 a 2011 y encabezó la Comisión de Comercio Internacional de EE.UU. de 1998 a 2007, indica que "con ingenio y buena voluntad global será posible superar muchos de los obstáculos posibles".

Y expresa que la mejor forma de asegurar que la vacuna llegue a todos los que la necesitan es que los países "trabajen en cooperación y en cumplimiento de las reglas de la OMC, para evitar que las protecciones comerciales y los derechos de propiedad intelectual sean una barrera para la salud pública".

BBC Mundo conversó con Hillman para saber cuán sencilla o complicada será esta tarea. Esta es una versión resumida de la entrevista.

Usted se muestra optimista de que, en esta emergencia de salud global, las compañías y gobiernos puedan cooperar para que los medicamentos y terapias lleguen a los que los necesitan. Pero lo que hemos visto en estos tres meses de pandemia está muy lejos de ese objetivo. Por ejemplo, ante la escasez de equipos de protección para los trabajadores de salud, como las mascarillas respiratorias N95, muy pocas compañías en Estados Unidos pueden fabricarlas debido a las patentes que restringe su producción. En ese país la empresa 3M tiene más de 400 patentes para equipos de protección médicos. Es una situación poco ideal, ¿no es así?

Creo que desde la crisis del VIH y el sida hemos aprendido muchas lecciones y lo que yo intenté en el artículo (de Foreign Affairs) fue enfocarme en estas lecciones.

Las compañías aprendieron muchas lecciones, porque la industria (farmacéutica) en general entendió lo mal que se vio que tanta gente estuviera sufriendo de VIH y sida y que el precio de los medicamentos fuera tan costoso.

La pregunta es si esas lecciones se podrán aplicar ahora.

No sé si, como decís, actualmente hay compañías que están poniendo en vigor sus patentes.

Pero las empresas ya se dieron cuenta de que van a tener que conceder más licencias para que otros comercialicen sus productos patentados.

Y tendrán que hacerlo a precios razonables o hacer que sus productos sean más baratos.

Todavía no estamos en ese punto, pero al menos en lo que respecta a vacunas y fármacos ya existen mecanismos disponibles para lograrlo.

La cuestión es si los países y compañías van a hacer uso de estos o no.

Como usted misma lo ha señalado, desde que la pandemia comenzó, la OMC ha sido el blanco de fuertes críticas por sus regulaciones para la protección de derechos de propiedad intelectual, especialmente en el caso de invenciones farmacéuticas, como medicinas y vacunas. Estas, como lo hemos visto, sí pueden ser una barrera para la protección de la salud pública ¿no es así?

El Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) entró en vigor en 1996 y forzó a muchos países en desarrollo a proteger las patentes farmacéuticas, lo que aseguró el derecho de las compañías farmacéuticas de cobrar por sus productos lo que el mercado estuviera dispuesto a pagar.

Esto condujo a tensiones y disputas por el acuerdo ADPIC, que enfrentó a gobiernos de países en desarrollo con poderosas compañías farmacéuticas y los países ricos donde estas compañías tenían las sedes.

Desde entonces el acuerdo ADPIC ha tenido varias enmiendas dirigidas a proteger la salud púbica y el acceso a medicamentos para todos.

Está, por ejemplo, el concepto de la llamada licencia obligatoria, que quiere decir que un gobierno que enfrenta una emergencia de salud puede obtener una licencia para producir un fármaco localmente sin la autorización de los dueños de la patente.

El acuerdo ADPIC se enmendó para aclarar las condiciones bajo las cuales los países pueden tener acceso a estas licencias obligatorias.

Y la segunda parte del problema es que se asumió que los países tenían la capacidad farmacéutica para producir localmente estos fármacos, pero no es así.

Muchos no tienen una industria farmacéutica sofisticada, así que ¿para qué quieren esos gobiernos una licencia farmacéutica si no pueden producir nada?

Entonces, el acuerdo ADPIC también se enmendó para asegurar que esos países que no tienen capacidad de producción puedan comprar a otros países esos fármacos genéricos creados bajo licencia obligatoria.

Estos fueron cambios importantes.

Y muchas empresas farmacéuticas, queriendo evitar el estigma y la carga financiera de una licencia obligatoria, han optado por adoptar enfoques más generosos y que han conducido a la reducción de los precios de sus productos.

Yo no creo que las licencias obligatorias sean la mejor ruta.

Es mucho más deseable negociar con las compañías las licencias a precios razonables o lograr la distribución de los fármacos o vacunas también a precios razonables.

Esto es mucho mejor para todos que el sistema de licencias obligatorias.

En efecto, durante la epidemia del VIH y el sida,en la década de 1990, vimos cómo se negociaron las licencias de los tratamientos antirretrovirales para poder reducir su costo y lograr que África y otras regiones en desarrollo tuvieran acceso a ellas. Recordemos que estas terapias significaron una drástica reducción en las muertes de los pacientes con VIH y sida. Pero tuvieron que pasar 10 años -y decenas de miles de muertes- desde que los medicamentos fueron aprobados en Estados Unidos (en 1996), con un costo de US$10.000 por paciente por año, hasta que fueron producidos de forma genérica (2006), con un costo de US$200 por paciente por año. ¿Veremos ahora lo mismo con una vacuna contra el coronavirus? ¿Tendrán que esperar 10 años los países más pobres?

Estoy de acuerdo, así fue. Pero desde entonces han ocurrido muchas cosas.

Primero, ahora han sido creados sistemas innovadores de financiamiento para fármacos.

Tenemos, por ejemplo, el trabajo de la Fundación de Bill y Melinda Gates, tenemos organismos como la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI, por sus siglas en inglés), hemos visto el esfuerzo dirigido por la Unión Europea para crear un fondo (Respuesta Global al Coronavirus) de US$8.000 millones.

Hay una serie de compromisos globales para compartir patentes, hay mucho más trabajo colaborativo entre la OMS, la OMC y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que están trabajando para crear sistemas de recursos colectivos.

Estos son recursos colectivos para compartir tanto información de patentes como los datos en los que están basadas las patentes.

Tenemos el Open Covid Pledge (Compromiso Covid Abierto) para compartir propiedad intelectual para combatir la covid-19, y esto es un esfuerzo muy grande en el que participan universidades, ONG y algunas compañías farmacéuticas.

Todos ellos están diciendo: "Me comprometo a que si puedo inventar un fármaco o tratamiento no cobraré por ello y concederé licencias de manera gratuita y mantendré el derecho a eventualmente volver a tener esa patente".

En otras palabras, durante la pandemia de covid-19 cederé de forma gratuita mis patentes y después de la pandemia reclamaré el uso futuro de mis patentes.

Es decir, la idea es no tener acceso temporalmente a ninguna regalía por propiedad intelectual.

Sin duda hay mucho optimismo y buena voluntad en gran parte del mundo para luchar contra esta pandemia. Pero hace unos días, en la 73a Asamblea de la OMS, EE.UU. decidió no apoyar la sección de la resolución que se refería al acuerdo ADPIC y el derecho de los países en desarrollo de solicitar licencias obligatorias e ignorar patentes en situaciones de emergencias de salud. ¿Es este otro ejemplo de que, en la práctica, las cosas no son ideales?

No estoy sugiriendo que lo sean.

Existen los mecanismos e incentivos y la voluntad de países para cooperar y ver que esta es una pandemia global que requiere una solución global.

Pero estoy de acuerdo con vos.

Va a tomar mucho más esfuerzo de cooperación para que los países vuelvan a pensar en este asunto y se den cuenta de que no es tiempo de que las compañías refuercen sus derechos de patentes.

Pero hay que recordar que la idea detrás de las licencias obligatorias en el acuerdo ADPIC era que estas tenían que ser limitadas.

Cuando otorgas una licencia obligatoria, estás negando la patente de alguien más, sin su consentimiento.

La idea es que vos necesitás la licencia obligatoria porque tu pueblo necesita el acceso a los medicamentos.

Pero esto debe estar limitado a aquellos que realmente lo necesitan.

Si vos sos un país que puede pagar por el derecho de patente y la tarifa por la licencia, entonces tenés que pagar por ella.

Esto, en parte, es la distribución de ingresos.

Porque existe la evidencia de que desarrollar vacunas cuesta mucho dinero: pueden costar más de mil millones de dólares por vacuna.

Entonces, la pregunta es cómo recuperar esos mil millones de dólares.

¿Deben pagar por ello los gobiernos? ¿o parte de esto debe surgir de quienes pueden pagar por la vacuna?

Países como Chile y Ecuador ya solicitaron licencias obligatorias para productos farmacéuticos en esta pandemia. Pero usted dice que la licencia obligatoria no es la mejor solución. ¿Cuál es la mejor solución?

No, sí creo que es importante que existan las licencias obligatorias y creo que, ciertamente, hay mucha más presión para las compañías farmacéuticas con la existencia de la licencia obligatoria.

Pero no creo que los países estén poniendo en vigor los mecanismos necesarios para utilizar realmente las licencias obligatorias.

Y la historia es bastante clara en esto.

Ha habido muchos cambios en el acuerdo ADPIC y se han hecho esfuerzos para que los países entiendan que tienen ese derecho, pero en la práctica esto no ha sido utilizado mucho.

Así que la pregunta ahora es si en esta pandemia ese derecho será utilizado más por los países, principalmente por los que tienen capacidad de producción farmacéutica, y si estos países tienen las leyes apropiadas en sus propias jurisdicciones para tomar ventaja de este derecho.

Por eso he querido hablar y escribir sobre esto, para que los países que tienen la capacidad de obtener licencias obligatorias se aseguren de tenerlas y que estén preparados para ello si es que llegamos a ese punto.

Hay que subrayar que el ideal será usar los mecanismos de cooperación que están en vigor desde la crisis del VIH y el sida.

Si estos mecanismos dejan de funcionar, si la compañía farmacéutica que logre crear la vacuna no está dispuesta a cooperar, entonces allí estará el respaldo de la licencia obligatoria.

Pero soy optimista.

Creo que las leyes de propiedad intelectual no se impondrán en la distribución justa de una vacuna.

No veo que una compañía farmacéutica pueda decir: "Esta vacuna es mía y no la compartiré con nadie a menos que me paguen mil millones de dólares".

La presión política y económica y la de todo el mundo podría llevar a que eso no ocurra.

Por María Elena Navas

BBC News Mundo