Además de cobrarles a choferes para dejarlos trabajar, la "mafia de los taxis" de Ezeiza les robaba a pasajeros

Gabriel Di Nicola
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31 de marzo de 2019  • 18:47

Para llegar al "objetivo" y ganar dinero con las extorsiones, no escatimaban esfuerzos en su empresa criminal: agresiones verbales y físicas, intimidaciones y daños a los vehículos de quienes se resistían a pagar. Así, con una multiplicidad de tareas, actuaba la "mafia de los taxis" que operaba en el aeropuerto internacional de Ezeiza y que sufrió un duro golpe a fines del mes pasado, cuando efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detuvieron a nueve sospechosos.

Según consta en el expediente, las víctimas de la "empresa criminal" no solo fueron taxistas, que eran obligados a pagar entre 150 y 300 pesos por viaje para poder "levantar" pasajeros en la aeroestación. La banda también se "apoderaba ilegítimamente de bienes muebles pertenecientes a los pasajeros que viajaban en los taxis de la organización". O sea, les robaban.

"En el curso de las actividades criminales en estudio existe una multiplicidad de tareas que eran desarrolladas por los miembros [de la banda] en distintos momentos y lugares, pero que, en suma, hacían al fin común de la empresa criminal", sostuvo el juez federal subrogante de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé en la resolución con la que procesó con prisión preventiva a los nueve sospechosos.

Los acusados quedaron procesados como integrantes de una asociación ilícita. Tres, según el fallo judicial al que accedió la nacion, fueron considerados como jefes: Víctor Hugo Castillo y los hermanos Pablo y Cristian Fabiano.

La investigación, que estuvo a cargo del juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena, comenzó en enero de 2018, pero tuvo un avance importante cuando comenzó a utilizarse la figura del "agente revelador": en este caso, integrantes de fuerzas de seguridad que se hicieron pasar por chofer de taxis para registrar y acumular pruebas que fueron esenciales para identificar a los presuntos integrantes de la asociación ilícita.

Uno de esos agentes reveladores utilizó una cámara oculta para filmar los encuentros con los integrantes de la denominada mafia de los taxis. Según el expediente judicial, en la terminal A del aeropuerto de Ezeiza, el falso chofer se encontró con Castillo, que vestía un chaleco negro y amarillo "identificatorio del sindicato de taxistas" [según la resolución del juez Augé] y le preguntó si era posible levantar pasajeros para no regresar a la Capital con el auto vacío.

La respuesta de Castillo, según consta en el expediente, fue que "no había problemas en que levantara pasajeros siempre y cuando él le 'entregara' el viaje. Según el destino del cliente, le tenía que dar [por lo menos] 300 pesos en efectivo por cada viaje". El ahora procesado le aclaró al agente revelador que el pago solo lo habilitaba para el turno de la mañana y le explicó que a la tarde había otros "compañeros" que hacían lo mismo.

Acto seguido lo llevó hasta un cantero donde había otra persona sentada con un cuaderno donde hacía anotaciones. "Se apuntan todos los viajes para que después no haya problema entre compañeros", le dijeron al falso taxista, a modo introductorio.

Por la fuerza

A los acusados se les imputó integrar una organización criminal que se "dedicaría, al menos hasta este momento de la investigación, a intimidar con violencia física y verbal a todos aquellos taxistas que quisieran desarrollar sus actividades laborales dentro del aeropuerto internacional de Ezeiza, obligándolos sin opción a entregar dinero a cambio de poder hacerlo; caso contrario eran agredidos o expulsados del aeropuerto, una vez más mediante el uso de la fuerza y/o la violencia. Esta suma de dinero fue variando con el devenir de la investigación. Comenzó con $150 y actualmente eran $300, que luego eran repartidos entre los integrantes de toda la empresa criminal".

El 27 de febrero pasado, por orden del juez federal Villena, la PSA hizo una serie de allanamientos en los que, además de detener a los sospechosos, se secuestraron 199.000 pesos, 5164 dólares y 1410 euros. Pero lo que más sorprendió a los investigadores fue el hallazgo de cuadernos y libretas en los que estaba registrada la contabilidad de la organización criminal.

"No obstante la distinción entre los jefes y los miembros, no puede soslayarse que los últimos participaron activamente de todas las conductas; eran los que llevaban adelante el negocio ilícito aquí investigado. Tenían el control de los ingresos/egresos de los taxis, la distribución de los pasajeros en los mismos sin respetar el orden de llegada, el cobro de la suma de dinero que exigían mediante intimidación y, llegado el caso, la agresión o el amedrentamiento de los taxistas que no accedían a sus requerimientos. Todo ello con el único fin de concretar su cometido y asegurarse la impunidad. Todo se ha comprobado con el desarrollo de la pesquisa y fue reafirmado con el resultado de los allanamientos llevados a cabo el día 27 de febrero del corriente año, en el cual se secuestró gran cantidad de planillas con anotaciones que, justamente, coincidían en su totalidad con las conversaciones de los encausados".

Como se dijo, la investigación comenzó en enero de 2018. El puntapié inicial fue una infracción de tránsito por mal estacionamiento dentro del perímetro de la aeroestación. Cuando personal de la Oficina de Contravenciones y Faltas de la PSA se acercó hasta el taxi mal estacionado, el chofer se justificó; dijo que sabía que "no era de la parada oficial" y que a él "le cobraban 150 pesos por cada viaje que sacaba del aeropuerto y que el dinero se lo daba a un tal Arito, que hacía las veces de recaudador".

De inmediato, a la conversación con ese chofer se sumó personal de la División Operaciones Policiales de la Unidad Operacional de Seguridad Preventiva de la PSA. El chofer del coche mal estacionado explicó que "existe un coordinador de viajes que lleva el control, por medio de una planilla, de la cantidad de servicios que se realizan por día y el monto que se debía pagar por cada día".

Es decir que después casi 16 meses de investigación, aquella simple infracción de tránsito por mal estacionamiento derivó en dejar al descubierto la actuación de una organización criminal que se manejaba a sus anchas en el aeropuerto internacional de Ezeiza.

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