Armaron una cooperativa y cobraban planes sociales, pero en realidad vendían droga en el barrio

Una de las características de los grupos narco que operan en la región metropolitana es la unión de sus integrantes por lazos de sangre o vecindad. Nadie ajeno a ese núcleo ingresa en esas bandas que controlan la venta de drogas en limitados territorios. Forman el esquema conocido como clan, que replica aquí a las asociaciones criminales de Bolivia y se aleja a las estructuras complejas encontradas en Brasil o México. Una de esas bandas fue atrapada en Glew, donde ocho miembros de una familia fueron detenidos por narcomenudeo. Aunque ese grupo tenía una particularidad adicional: habían creado una cooperativa barrial para disimular sus actividades y cobraban planes sociales para no despertar sospechas entre los vecinos.

El grupo narco tenía varias armas de fabricación casera, conocidas como tumberas, y armamento más convencional, como escopetas. Un matrimonio, conocido con el alias de La Gorda y Chepi, estaba al frente de las operaciones de venta de drogas, según informaron autoridades bonaerenses.

En los últimos diez años explotó el consumo de drogas en la región metropolitana, especialmente tras el conocerse el llamado fallo Arriola, una sentencia de la Corte Suprema que fue entendida -equivocadamente- como una habilitación judicial a la posesión de sustancias psicoactivas prohibidas. Las encuestas de la Sedronar y del Observatorio de la Deuda Social, un centro de estudios que depende de la UCA, expusieron que los vecinos se topaban cada vez más fácil con puestos de venta de droga. El aumento del negocio generó la irrupción de estos grupos familiares que sustentan su economía en la comercialización de estupefacientes. La decisión del gobierno bonaerense fue demoler cada vivienda detectada como epicentro de la venta barrial de drogas, como forma de impulsar el retroceso territorial de estos clanes narco, similares al desarticulado en Glew.

La cooperativa barrial -adherida a uno de los más conocidos movimientos sociales, cuyos referentes desconocían la actividad desarrollada por los responsables del local en Glew, según explicaron fuentes policiales- era utilizada como fachada para justificar el movimiento de reuniones en todo momento de las noches. De todas maneras, los investigadores aclararon que la venta de droga no se concretaba en las instalaciones de la cooperativa.

"La venta no se hacía en ese lugar sino en la vía pública", dijeron los investigadores policiales. Ese trabajo estuvo a cargo de "la Subdelegación Presidente Perón de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado junto con la colaboración de otras reparticiones policiales", según se informó oficialmente.

"La banda estaba liderada por una pareja. La mujer era conocida como 'La Gorda' y su marido, quienes eran sus principales cabecillas", dijo uno de los jefes que intervino en la pesquisa, quien informó que "la droga era vendida en esquinas desde la tarde hasta bien entrada la madrugada".

Más allá de esta causa, las autoridades bonaerenses presentaron ayer las estadísticas oficiales de operativos antidrogas resueltos durante 2018. El año pasado fueron incautados 1896 kilos de marihuana y 258 kilos de cocaína durante procedimientos realizados por la policía bonaerense contra posiciones de narcomenudeo. El 65,8 por ciento de las causas se inició por la comercialización de estupefacientes, por la acción de bandas armadas alrededor de un clan tal como el grupo que fue capturado en Glew. La información penitenciaria señaló que el año pasado 4562 hombres y 1123 mujeres quedaron detenidos por la venta de drogas.

Por su parte, el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, participó hoy del derribo de un puesto de venta de estupefacientes, conocido como "El Shopping de la droga" en González Catán. En los últimos tres años fueron derribados 140 búnkeres utilizados por las bandas minoristas de drogas que operan en el conurbano. "Desde el primer día trabajamos para cortar de raíz con este negocio tan ilegal como destructivo", dijo Ritondo.

"Cada búnker destruido es una guarida menos de los delincuentes que lucran con los jóvenes", agregó el funcionario bonaerense.