Arrestaron a Marcelo “Teto” Medina: la causa por la que fue acusado y las víctimas que lo denunciaron

El conductor y panelista Marcelo “Teto” Medina fue arrestado en su domicilio del barrio de Palermo, acusado de integrar una asociación ilícita denunciada por estafas, reducción a la servidumbre y explotación laboral bajo la forma de una comunidad terapéutica destinada a la rehabilitación de personas con adicciones que él promocionaba y que no estaba habilitada por la Sedronar. Al exintegrante de los programas Videomatch y Ritmo de la Noche se le atribuye “ser la cara pública y visible de la asociación para captar más víctimas y perpetuar su impunidad a lo largo del tiempo”. Hay otros 16 detenidos por la causa, entre ellos, el director de la organización y los encargados de las quintas donde las víctimas recibían sus “tratamientos”.

La investigación fue iniciada en agosto de este año en Florencio Varela y Berazategui por la Unidad Fiscal de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming, luego de las presentaciones de, en principio, 10 denunciantes. Las autoridades judiciales estiman que hay unas 200 víctimas.

Por orden del fiscal Daniel Ichazo, de la Unidad Fiscal Nº8 de Berazategui, y del Juzgado de Garantías de Florencio Varela, a cargo del juez Adrián Villagra, se realizaron esta mañana 26 allanamientos simultáneos (siete en quintas de rehabilitación y 19 en domicilios particulares), tanto en la Ciudad como en la provincia de Buenos Aires –en los municipios de Quilmes, Berazategui, La Matanza, Florencio Varela, Almirante Brown, Monte Grande y General Rodríguez– y en Córdoba (en Villa María y Bialet Massé, en el valle de Punilla).

Los operativos fueron realizados por la División Delitos Cibernéticos contra la Niñez y Adolescencia de la Policía Federal, según pudo saber LA NACION.

Además del “Teto” Medina, que fue aprehendido en Cabello 3100, Palermo, fueron detenidas las máximas autoridades del centro La Razón de Vivir, una policía bonaerense que revestía el rol de “encargada de seguridad” –sobre todo, para evitar que los pacientes se fueran de las quintas– y al menos una “captadora”, que realizaba trabajos territoriales en barrios de Villa María para para garantizar tratamientos a personas con adicciones.

La investigación se originó a mediados de agosto a partir de una serie de denuncias presentadas en sede fiscal, en las cuales se daba cuenta de que en esa comunidad terapéutica orientada a personas con adicciones, ubicada en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, estarían sometiendo a trabajos y servicios de servidumbre con fines de explotación laboral a quienes asisten para su rehabilitación.

“No queremos generar una mayor vulnerabilidad en las víctimas”, explicó esta mañana el fiscal Ichazo a los familiares de las y los internados para intentar llevarles tranquilidad ante un contexto repleto de dudas sobre el futuro de las personas tratadas. “No queremos que los chicos vuelvan a la calle a drogarse”, pedían los allegados, casi como una súplica, al tiempo que reclamaban que la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar) no se ocupe de los residentes porque, afirman, el Estado nunca los ayudó.

Asimismo, el fiscal aseguró a los allegados de las personas atendidas en el centro que “cada familia va a ingresar a hablar con los profesionales de la salud para conocer las alternativas que existen para sus hijos”. Y agregó: “Acá nadie se va a ir contra su voluntad. Lo vamos a charlar cuando terminemos la intervención”.

Cómo se inició la investigación

El fiscal Ichazo explicó, además, que la investigación se originó con denuncias de propias víctimas que salieron de la institución La Razón de Vivir en los últimos seis meses y que se corroboraron con 45 escuchas telefónicas.

Fueron 10 hombres mayores de edad los que en agosto radicaron la denuncia por “reducción a la servidumbre, trabajo forzoso, medicación no controlada que se les daba a algunos, y no a todos, y el tema de las ganancias económicas, porque los hacían trabajar y no les pagaban y les pedían a las familias una cuota mensual” para el “tratamiento”, se explayó el fiscal.

En ese momento, las víctimas habían hecho referencia a dos comunidades terapéuticas llamadas La Razón de Vivir y Elección de Vida. Avanzada la investigación, y tras el cruce de llamados, se pudo constatar que ambos lugares estaban vinculados y se promocionaban bajo el paraguas de la organización La Razón de Vivir.

En sus testimonios, las víctimas contaron que abonaban “grandes sumas de dinero” a los directores de la institución terapéutica con el fin de recibir un tratamiento de rehabilitación, con una base de 35.000 y hasta 200.000 pesos, donde eran obligados a efectuar trabajos de albañilería, carpintería, fabricar muebles que luego serían puestos a la venta, pero sin retribución alguna para los internados.

De la pesquisa surgió incluso que los internos sufrían controles y castigos privativos de la libertad en caso de mala conducta, como así también cuando manifestaban deseos de irse del lugar o abandonar el tratamiento.

Una de las víctimas era albañil. Cuando el director general de La Razón de Vivir, Néstor Ezequiel Zelaya, se enteró de ese dato le dijo que “como parte del tratamiento” debía terminar cuatro habitaciones con revoque, contrapiso, carpetas y aberturas, con la colaboración de otros internos. Y luego construyó una oficina completa. Todo eso sin cobrar un peso por el trabajo.

Como si fuera poco, luego trasladaron a la víctima hasta una de las quintas en Córdoba y lo obligaron a construir un quincho de 14x8 metros, pero esta vez le impusieron, como condición, que tenía dos semanas de plazo para hacerlo, algo que la propia víctima dijo que “era imposible de cumplir” por la magnitud del trabajo a realizar. Tampoco era remunerado. Durante ese periodo, se le prohibió comunicarse con su familia, según consta en el acta judicial.

Fueron identificadas unas 200 víctimas, entre mayores y menores de edad. En el desarrollo de la pesquisa se determinó que habría otros centros terapéuticos provinciales involucrados en donde el ex VideoMatch participaba activamente en actividades realizadas por los representantes de la organización.

La defensa del “Teto”

El abogado que representa a Medina, Adrián Tenca, dijo esta mañana que “no tiene ningún asidero” la acusación contra el conductor. “Daba charlas motivacionales sobre la rehabilitación y, por supuesto, difundía su trabajo. No tiene ninguna participación en nada de lo que le están imputando. Qué es lo que pasaba luego puertas adentro es algo que no tiene que ver con él”, agregó. ”La reducción a la servidumbre es una imputación muy fuerte”, resaltó el letrado.

“Era un tarea loable, ¿por qué no iba a promocionar lo que hacía?”, agregó Tenca. En diálogo con Radio con Vos, el defensor de Medina indicó que una vez se ponga en conocimiento de la imputación seguramente pedirá la excarcelación. “El ‘Teto’ estaba contento porque sentía que ayudaba a la gente a recuperarse”, sumó el abogado. Cerca del mediodía, el letrado se apersonó en el domicilio del conductor y dijo que su defendido “era un mero empleado”, aunque desconocía si estaba registrado como trabajador de la organización.

En los otros allanamientos intervienen la Dirección de Trata de Personas de la Policía de la Provincia de Buenos y la Policía de Córdoba, agregaron las fuentes de la investigación.

El rol de las autoridades del centro de rehabilitación

El director general de La Razón de Vivir es Néstor Ezequiel Zelaya, a quien el fiscal Ichazo colocó a la cabeza de la presunta asociación ilícita. Era la cara visible de la organización, pero también quien establecía los aranceles que debían pagar las víctimas y sus familias para ingresar a las quintas como internados, el sistema de castigos y la prohibición de salir de las quintas, los tipos y condiciones de trabajos forzosos que debían realizar algunas de las personas, los mecanismos de control de las víctimas en cada quinta, cuáles serían los castigos y tipos de violencia física, psicológica y simbólica ejercidos sobre ellas, y evitar que tuvieran acceso a un sistema de salud y medicación prescripta por un médico autorizado, si eso ponía en riesgo el “tratamiento” que se les daba en las quintas. Él era, también, quien decidía cuándo uno de los pacientes recibiría el alta definitiva, explicaron fuentes judiciales a LA NACION.

De Zelaya dependía la red de quintas, cada una de las cuales tenía a su vez un director que se encargaba de ejecutar las órdenes del director general, controlar a las víctimas y a los operadores-coordinadores, difundir los mensajes y cobrar los aranceles, controlar que a las víctimas les quiten la medicación que tuvieran al ingresar a las quintas y asegurarse de que no la tomen. Entre los titulares de las quintas figuran Eduardo Humberto Zelaya, Jorge Alberto Basílico y Mariano Jorge Luis Torchia, que sería un exagente de la Policía Federal.

Por debajo de ellos estaban los “operadores-coordinadores”, identificados como Matías Nicolás Durán, Emilio David Nieva, Martín Ezequiel Arias, Alfredo Martín Córdoba, Damián Alberto Fernández Cáceres y Federico Risso Patrón. Según la Justicia, ellos se encargaban de controlar las acciones de las víctimas, custodiar el acopio de medicamentos, controlar las visitas, comunicaciones y llamados de las víctimas con sus familias, ejecutar y controlar los castigos y capturar nuevamente a las víctimas que se escaparan.

El “Teto” Medina aparece, en esta división de tareas descrita por la Justicia, “la cara visible y pública” de la organización, junto a Néstor Zelaya. La idea era que sus apariciones revistieran de una pátina de legalidad las actividades que se desarrollaban en las quintas, publicidad que les permitiría captar nuevas víctimas. Según el fiscal Ichazo, Medina se valió de sus propias redes sociales para captar más víctimas y mantenía contacto semanal con las víctimas en las quintas para fortalecer su sometimiento y reducción a la servidumbre; en ocasiones, ejercía el rol de operador-coordinador; él mismo se definía, en sus apariciones mediáticas, como “operador socio-terapéutico”.

Tatiana Lorena Lanza, policía bonaerense que revistaba en las filas de la fuerza en Florencio Varela, es señalada por el fiscal Ichazo como la encargada de seguridad. Imponía “temor y violencia psicológica” sobre las víctimas para evitar que intentaran huir o resistirse a las tareas que les encomendaban, para lo cual los amenazaba con falsos procesos judiciales.

Fabiana Edith Canal y Valeria Fernanda Miceli eran las encargadas del “tratamiento psicológico”, a pesar de que, según la acusación, no poseían título ni habilitación correspondiente. Finalmente, Sonia Elizabeth Córdoba era la encargada de la captación de nuevas víctimas. La mujer, de 58 años, fue detenida esta mañana en el barrio 400 Viviendas, de Villa María.

La mujer realizaba trabajos territoriales en barrios de esa ciudad y de allí gestionaba con el Centro Municipal de Adicciones (CMA) de aquella localidad cordobesa para garantizar tratamientos a personas con adicciones, en un trabajo articulado a través de la Red Asistencial de las Adicciones de Córdoba (RAAC). El Teto Medina hizo una visita a Villa María en el marco de una jornada realizada entre una agrupación de madres contra las adicciones y el CMA.

Sin habilitación

Gabriela Torres, titular de la Sedronar, confirmó que La Razón de Vivir “no tiene ningún tipo de habilitación”. “Las comunidades terapéuticas necesitan de las áreas de fiscalización de cada provincia y este lugar no poseía nada”, dijo la funcionaria a Radio 10.

Torres dijo no saber el por qué del enojo de los familiares de las personas internadas en ese espacio porque “venimos trabajando mucho”. “En este lugar no había un psiquiatra, psicólogo, médico, no había un plan de tratamiento. Las mujeres y hombres estaban prácticamente asilados y no podían hablar por teléfono con sus familiares. Dicen que tuvieron que terminar la casa del director”, contó.

Actualmente, a través de Sedronar hay casi 58 mil tratamientos mensuales y unas 3000 personas internadas en comunidades terapéuticas. “Todo es gratuito y nadie les puede cobrar”, alertó Torres.

Consternación entre los familiares

En la puerta del centro asistencial La Razón de Vivir, ubicado en Florencio Varela, familiares de jóvenes tratados por sus adicciones allí se congregaron para manifestar su apoyo a Medina. “Es una persona que revirtió todo. Esto es una gran mentira que se va a descubrir”, dijo una mujer en defensa del panelista.

Otra madre de una de las personas que permanecen en tratamiento dijo que el “Teto” “les da charlas”. “Les dice que tienen que poner empeño. Es un buen hombre. Nunca hubo un problema o algo raro”, agregó.

Con la colaboración de Fernando Rodríguez, Joaquín Pérez Laudizio y Gabriel Di Nicola

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