Bahía Blanca, sin jueces que controlen a los presos

El juez Claudio Brun pidió licencia en medio de una polémica
El juez Claudio Brun pidió licencia en medio de una polémica
Gustavo Carabajal
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16 de mayo de 2020  

Bahía Blanca se quedó sin los dos jueces que deben controlar los cumplimientos de las condenas de gran parte de los 700 presos alojados en las dos cárceles de ese departamento judicial.

Onildo Stemphelet fue obligado a tomarse una licencia debido a que enfrenta un jurado de enjuiciamiento en su contra porque realizó un allanamiento ilegal en el prostíbulo al que había concurrido después de que advirtió que le robaron la billetera y las tarjetas de crédito.

En tanto que Claudio Blun fue denunciado hace seis días por haber beneficiado con la prisión domiciliaria a seis violadores. Antes de que se presentara la acusación en su contra en la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Judiciales, Blun pidió licencia por cuestiones de salud.

Con un juez en pleno desarrollo de un juicio político en su contra y con el otro magistrado que solicitó licencia médica después de otorgar prisiones domiciliarias a trece delincuentes peligrosos, ambos juzgados de Ejecución Penal de Bahía Blanca son subrogados por jueces suplentes.

Debido a que en el Departamento Judicial Bahía Blanca no se realizan juicios orales por la pandemia, dos magistrados de Tribunales Orales quedaron a cargo temporalmente de resolver los pedidos de prisiones domiciliares presentados por los presos alojados en los dos penales de Bahía Blanca.

Se trata de una situación difícil e incómoda para los magistrados subrogantes, que deben decidir sobre expedientes que no conocen.

Según fuentes judiciales, el pedido de juicio político contra el juez Blun se originó por su desempeño en el caso de Néstor Ibars, condenado a siete años de prisión por violar a una menor con retraso madurativo. Tres semanas después de haber concedido la prisión domiciliaria al violador, cuando el episodio había trascendido a la opinión pública de Bahía Blanca, el magistrado revocó su decisión y dispuso que Ibars regrese a la cárcel.

Sin embargo, en las últimas horas se conoció otro caso igual de escandaloso, que complicaría al magistrado.

Un violador, en su casa

En el listado de trece delincuentes peligrosos beneficiados por Blun a raíz de la emergencia sanitaria en las cárceles por el riesgo de vida para los presos que sufren patologías crónicas en caso de contagios por el virus Covid-19, figura un expolicía identificado como Jorge Pedro Bergondi, condenado a 16 años de prisión por abusar sexualmente de una niña de 12 años.

A Bergondi, que sufre de asma, le faltaba poco tiempo para poder acceder a la libertad condicional. El expolicía bonaerense fijó como domicilio para cumplir la morigeración de la condena una vivienda situada en General Cerri, en las afueras de Bahía Blanca.

Ante la falta de tobilleras electrónicas para monitorear a los presos beneficiados con las prisiones domiciliarias masivas dispuestas después de la resolución dictada por el juez de la Cámara de Casación Penal bonaerense, Víctor Violini, alcanzaba con que el recluso presentara dos garantes.

Nadie advirtió en el Juzgado de Ejecución Penal Nº 1 de Bahía Blanca que la vivienda en la que el expolicía condenado por abusar sexualmente de una menor debía cumplir la prisión domiciliaria pertenece a su sobrino, Cristian Bergondi, acusado en una causa por un presunto abuso sexual cometido durante un robo.

Esto significa que la persona que deberá garantizar que el preso condenado por violación, beneficiado con la prisión domiciliaria, cumpla con las condiciones fijadas por el tribunal es un familiar del recluso acusado por un delito similar.

Cuando algunos vecinos de la localidad de General Cerri se enteraron de la presencia de Bergondi en la casa de su sobrino, difundieron por las redes sociales una foto con la imagen del expolicía bonaerense y la leyenda: "Alerta. Este es Jorge Pedro Bergondi. Condenado por abusar de una menor. Lo queremos en la cárcel. Ningún abusador en su casa".

Hasta que se declaró la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus, el juez Blun, conocido en el Departamento Judicial Bahía Blanca como Tata, desarrollaba su trabajo sin sobresaltos.

Sin embargo, después de la resolución de la acción de habeas corpus colectivo dictada por el camarista Violini, el juez Blun aplicó ese fallo para fundar las concesiones de beneficios de prisión domiciliaria a, por lo menos, trece delincuentes peligrosos, alojados en los penales de Villa Floresta y Saavedra.

Además de Ibars y Bergondi, el magistrado otorgó dicho beneficio a Pedro Efraín Muñoz, Luis Alberto Riquelme, Ricardo Roberto Moreyra y Eduardo Ziegemann, todos con procesos y condenas por abuso sexual. También concedió la posibilidad de los arrestos domiciliarios a Juan Mattioli, Claudio Molina, Juan Domingo Sosa, Cristian Victola, condenados por robos con armas, y a Federico Longiariu, sentenciado por intento de homicidio.

Uno de los cuestionamientos formulados por la abogada María Fernanda Petersen en el pedido de juicio político contra el juez Blun, fue que en el expediente no se encontró ningún elemento que avale la presunción de que el condenado estuviera en situación de riesgo de vida en caso de un eventual contagio por el coronavirus.

Ante la conmoción provocada por la prisión domiciliaria otorgada al condenado por violación, el juez Blun decidió revocarle el beneficio. Según fuentes judiciales, el magistrado fundó su decisión en que Ibars había sido herido con una pedrada arrojada por un vecino, indignado por su presencia en el barrio.

Escándalo en un prostíbulo

Blun, al contrario de su colega del otro juzgado de Ejecución Penal, era un magistrado muy respetado en Bahía Blanca. Aunque nunca se había enfrentado a la situación en la que debía resolver casi 200 pedidos de prisiones domiciliarias presentadas en una semana.

A diferencia de Blun, el magistrado Stemphelet, a cargo del juzgado de Ejecución Penal Nº 2, apareció como protagonista de un escándalo ocurrido el 15 de mayo pasado, cuando llamó a un grupo de policías porque la mujer con la que mantuvo relaciones sexuales a cambio de dinero le había robado la billetera.

Después de mantener relaciones con la trabajadora sexual, el juez se retiró del departamento de Rivadavia 2280, en Bahía Blanca. Una hora más tarde, el magistrado volvió al privado, presentó una credencial del Poder Judicial y le dijo a la mujer: "¿Sabés quién soy yo? Vas a ir presa por lo que hiciste".

Actualmente, el juez Stemphelet tiene un jury de enjuiciamiento en su contra, acusado de propiciar que los derechos de un ciudadano fueran vulnerados, al haber instado a los policías a ingresar en el domicilio de la mujer sin contar con una orden de allanamiento dictada por una autoridad competente.

Como juez de Ejecución Penal de Bahía Blanca, Stemphelet solo tiene competencia para resolver sobre hechos que ocurran con los presos que tiene a su cargo.

No puede dictar ninguna medida en causas penales por delitos que son competencia de los fiscales de Instrucción o de los magistrados de Garantías; sin embargo, ordenó, de forma irregular, un allanamiento en el prostíbulo.

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