Buscan controlar a los vendedores de uniformes para combatir a los "politruchos"

La Legislatura bonaerense se dispone a tratar un proyecto de ley que prevé aumentar los controles a los comercios que venden uniformes, insignias y distintivos oficiales para combatir los delitos cometidos por "politruchos", delincuentes que lucen como agentes, pero que no lo son. Uno de los aspectos más novedosos de la iniciativa es que se prevé que las prendas cuenten con un código QR que permita identificar a su comprador original, algo crucial en caso de que el uniforme en cuestión aparezca en una escena del crimen en manos de quien no debería tenerlo.

El proyecto lleva la firma del diputado Matías Ranzini (Cambiemos), presidente de la Comisión de Seguridad y exsubsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad. Fuentes del gobierno provincial dijeron que la iniciativa "busca brindar herramientas que permitan combatir delitos cometidos por delincuentes que se hacen pasar por policías exhibiendo insignias de la fuerza". Y afirmaron: "Es la primera vez que se aborda esta problemática desde la actividad legislativa".

El primer uniforme del policía recién recibido es provisto por el Estado. Luego, en el salario de los oficiales y suboficiales se incluye un ítem con una suma mensual para renovar el uniforme, las insignias o el calzado. El Ministerio provee indumentaria específica: por ejemplo, las camperas del Operativo Sol.

El texto legal propone crear un "Registro Provincial de Personas Físicas y/o Jurídicas autorizadas a comercializar uniformes, distintivos e insignias oficiales y/o similares pertenecientes a la Policía de la Provincia de Buenos Aires"; la autoridad de aplicación de la norma será el Ministerio de Seguridad. Los comercios del rubro tendrán, a partir de la vigencia de la norma, 90 días para inscribirse en el registro.

Establece que cada uniforme vendido en los comercios habilitados a miembros de la policía provincial deberá contar con un código QR que permite identificar a su legítimo propietario, lo cual tiene una especial importancia en el supuesto de ser hallado en la escena de un delito.

El artículo 4 del texto de ley propuesto especifica: "Los comercios habilitados deberán registrar los datos de las personas que adquieran uniformes, distintivos e insignias oficiales y/o similares de la Policía de la Provincia de Buenos Aires para ser entregados a la Autoridad de Aplicación y adosar, en el caso del uniforme, un código QR o similar en el que conste nombre y apellido del policía comprador, número de legajo, grupo sanguíneo, nombre del comercio habilitado vendedor y fecha de adquisición del uniforme".

Según se informó, el proyecto establece fuertes sanciones dinerarias, además de la posibilidad de clausura definitiva del establecimiento infractor, para desalentar la venta de estos elementos por canales de comercialización no inscriptos en el registro.

"Es muy importante que empecemos a discutir un mercado que hoy es de libre acceso a los delincuentes y empezar a tener un control como se tiene con otras herramientas de la fuerza policial", dijo el diputado Ranzini. Amplió: "Es imperativo prevenir este tipo de hechos delictivos, que aprovechan la autoridad que impone el uniforme policial de la provincia de Buenos Aires. Esta es una herramienta legislativa para colaborar con el gobierno de la provincia, con la gobernadora María Eugenia Vidal y con el ministro Cristian Ritondo en su lucha contra el delito".