ROSARIO.- Un prófugo de una causa narco en Corrientes fue detenido en Tramandaí, a 120 kilómetros de Puerto Alegre. Allí, Pinto Brum intentó sobornar con un millón de reales a la policía brasileña para evitar ser detenido: es que tenía pedido de captura por ser considerado el segundo jefe del Comando Vermelho, el cartel carioca dirigido desde la cárcel por Fernandinho Beira Mar.

Según un reporte de la Policía Militar de Brasil al que tuvo acceso la nacion, Pinto Brum planeaba un golpe comando a un banco en Porto Alegre. De 50 años, está prófugo en una causa que se originó en 2013 en Corrientes: en dos estancias cercanas a Santo Tomé, una organización transnacional tenía pistas de aterrizaje en las que dos veces a la semana llegaban avionetas desde Bolivia con cargamentos de cocaína.

Según recordó el fiscal Carlos Schaefer, Brum vivía con su familia en Santo Tomé (frente a São Borja, Rio Grande do Sul), donde alquiló un campo a la productora agropecuaria María Hilda Calabrese para usarlo como narcoaeródromo. Poco antes de que su vivienda fuera allanada, Brum desapareció. Pero los efectivos federales secuestraron una camioneta que les llamó la atención: estaba blindada.

La causa llegó a juicio oral en abril pasado y 10 miembros de la banda fueron condenados a penas de hasta 20 años de prisión. En el expediente no habían surgido elementos que vincularan a esta organización con el Comando Vermelho.

El fiscal Schaefer dijo que la banda hacía dos o tres vuelos por semana, por lo que se presume que a esos campos llegaban más de cuatro toneladas de cocaína al mes. En el casco de la estancia había hombres armados con fusiles, equipos de comunicaciones y visores nocturnos.

"Los sospechosos, con anterioridad al 14 de noviembre de 2013, pusieron en marcha una sofisticada organización criminal, con evidentes componentes internacionales, dedicada al tráfico ilegal de estupefacientes" con despliegue en "la Argentina y Perú, Bolivia, Paraguay y Brasil, y con epicentro en Santo Tomé, donde utilizaban la infraestructura de antiguos y alejados establecimientos rurales situados en una zona limítrofe con Brasil y Paraguay, como ser las estancias Santa Úrsula y Santa María del Aguapey", señaló Schaefer en su dictamen.

En el juicio el tribunal avaló el pedido del fiscal de que esas estancias fuesen decomisadas por el Estado. El INTA está a cargo de la administración del campo, mientras que las avionetas secuestradas quedaron bajo control de la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio de Seguridad de la Nación.

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