Confirmaron la imputación contra siete policías por homicidio

La Justicia de Santiago del Estero dictó ayer la prisión preventiva para siete policías imputados por el homicidio agravado de Silvia Verónica Maldonado, la adolescente de 17 años que fue asesinada de un tiro en la cabeza durante un operativo de efectivos de la fuerza en un barrio de la capital de esa provincia. Fuentes judiciales informaron que la medida recayó sobre los agentes Juan Carlos Chávez, Fabio Cristian Cooper, Pedro Agustín Barraza, José Ramón Revaneira, Analía Gigena, Cristian Hernán Bravo y el cabo 1º José Miguel Abraham, acusado de ser quien disparó con su arma reglamentaria contra Maldonado, madre de un bebé de un mes y de una niña de dos años.

La prisión preventiva, por el plazo de 15 días, fue dictada por la jueza de Control y Garantías María Pía Danielsen, tras escuchar la acusación de la fiscal Érika Leguizamón.

A siete de los uniformados se les imputó el delito de "homicidio agravado por su condición de funcionario policial en perjuicio de una menor de edad" y al jefe de guardia de la comisaría 5», Ramón Mansilla -también con prisión preventiva-, por "violación de los deberes de funcionario y encubrimiento".

La Justicia logró determinar que Mansilla dejó constancia de que el operativo policial se había realizado en el domicilio de la calle Teodoro Fells 1819 a las 23.30 del domingo, cuando en el libro de guardia se indicó que la joven baleada había ingresado en el hospital ya en condición de muerte cerebral, media hora antes. El mismo policía tampoco avisó a sus superiores de lo ocurrido durante el procedimiento.

La audiencia se llevó a cabo bajo un fuerte dispositivo de seguridad por temor a que se produjeran nuevos incidentes como los ocurridos el lunes pasado, cuando familiares y vecinos de la víctima atacaron el edificio de la comisaría 5», situado en el barrio Jorge Newbery, adyacente al barrio Gas del Estado, donde se produjo el crimen.

La Justicia sospecha que Maldonado fue herida cuando se negó, junto a otras dos menores, a que los policías realizaran un allanamiento en su casa porque no tenían una orden judicial.

Al estar involucrados efectivos de la policía local, desde el Ministerio Público Fiscal resolvieron que las diligencias y los peritajes de rigor los lleven a cabo expertos de la Gendarmería Nacional.