Sólo en el 3% de las causas por drogas se investiga al contrabando, mientras que el consumo personal es el más perseguido

El 38% de las causas iniciadas en el país por infracción a la Ley de Estupefacientes (23.737) son por tenencia para consumo personal. Así lo determina un informe realizado por la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar).

El informe indica que 9414 de un total de 24.599 causas se iniciaron en 2012 por infracción al artículo 14 de la ley, que establece penas de un mes a dos años de prisión cuando "por su escasa cantidad y demás circunstancias, surgiere inequívocamente que la tenencia [de droga] es para uso personal".

Es decir, que en la mayoría de las causas por droga se persigue a los consumidores. Cabe aclarar que la ley sostiene que, si se comprueba que la tenencia es para consumo personal, el juez puede "dejar en suspenso la aplicación de la pena y someterlo a una medida de seguridad curativa por el tiempo necesario para su rehabilitación".

"Creo que para que este panorama cambie habría que hacer muchas reformas. Por empezar, despenalizar la tenencia para consumo. Aunque ya esté despenalizada de hecho, y por más de que los consumidores sean luego sobreseídos, la apertura de estas causas insume un enorme esfuerzo, horas de trabajo, recursos invertidos muchas veces porque la policía detiene a un chico que está fumando un porro en la plaza", explicó a LA NACION Félix Crous, titular de la Procunar.

En segundo lugar están las causas por comercio de drogas, que representan el 35 por ciento del total. Luego le siguen otros delitos como el almacenamiento y el transporte.

En tanto, sólo en un 3 por ciento de las causas se investiga el delito de contrabando de estupefacientes (Art. 866 - Código Aduanero).

Según el informe, de la totalidad de causas iniciadas por estupefacientes en el año 2012, un 67% tuvo su origen en la intervención de alguna fuerza de seguridad. "Sin embargo, en base a un análisis de otra información registrada en el sistema y a entrevistas con fiscales de distintas jurisdicciones, estimamos que la proporción real represente muy probablemente un valor cercano al 80%", indica el estudio.

"Este tipo de causas casi siempre son iniciadas por las fuerzas de seguridad. Se persigue a consumidores de menor entidad, no a los grandes narcos. Esto explica una parte del fenómeno", dijo Crous.

Los números sobre causas iniciadas por violación a la Ley 23.737 forman parte de las conclusiones de un relevamiento realizado por la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) en base a todas las causas registradas durante 2012 en el sistema informático del Ministerio Público Fiscal de la Nación, Fiscalnet, que incluye puntualmente el procesamiento de la información de las fiscalías nacionales en lo criminal federal de todo el país y en las fiscalías nacionales en lo penal económico con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por jurisdicción

En el informe también se revela que las jurisdicciones federales con mayor proporción de causas abiertas por violación a la ley de estupefacientes con respecto a las causas iniciadas por otros delitos son Rosario, con un 67,5%, Córdoba (66,4%), Mendoza (64,1%) y Resistencia (61,4%).

Por otra parte, en Mendoza, el 60,7 por ciento de las causas iniciadas por infracción a la Ley 23.737 son por tenencia para consumo personal. En Córdoba representan el 52%, en Resistencia el 51% y en la ciudad de Buenos Aires el 41%.

La jurisdicción con mayor proporción de causas iniciadas por comercio de estupefacientes es Corrientes, mientras que las ciudades en donde se abrió una mayor cantidad de causas por contrabando son Posadas y Buenos Aires. En la primera el contrabando se investiga en el 14% de las causas iniciadas por violación a la ley de drogas. En la segunda, en el 7,8%.

Desfederalización

La desfederalización de la ley de drogas es uno de los temas que volvieron a estar presentes en la agenda política y mediática, desde donde se planteó preocupación por el avance del narcotráfico en el país.

La Ley 26.052, sancionada en agosto de 2005, determinó que la persecución de ciertos delitos tipificados en la Ley de Estupefacientes dejara de ser de competencia exclusivamente federal.

Así, se facultó a las provincias, mediante una ley de adhesión, para perseguir, juzgar y reprimir los casos en los que la cantidad de droga involucrada fuera escasa.

Tres provincias implementaron efectivamente la ley 26.052: Buenos Aires, Córdoba, y Salta.

Para la Procunar, esto derivó en "una continua merma en la cantidad y calidad de causas iniciadas por las figuras más graves".

"Desde la perspectiva de la competencia federal, la posibilidad de acceder al conocimiento de ilícitos más complejos ha disminuido considerablemente", sostiene el informe.

"La desfederalización imposibilita una política de persecución penal unificada. La experiencia demostró que no dio resultados", señaló Crous. Y añadió: "La provincia de Buenos Aires no es una prueba piloto, tiene casi la mitad de las causas de drogas de todo el país".

"Lo que se genera es una distorsión de la realidad, porque por querer probar la eficiencia de la desfederalización se fuerzan muchos hechos. A veces se tilda de narcomenudeo a casos que son tenencia simple, o al contrario, a causas mucho más grandes, todo para que queden dentro de la competencia provincial", explicó Crous.

El informe destaca que se ha verificado que tanto en el ámbito de la Justicia Provincial, en la provincia de Buenos Aires, como en el resto de las jurisdicciones federales del país se ha dado "un incremento exponencial en la persecución de las conductas de tenencia simple y tenencia para consumo personal".

También señala que "la merma en la cantidad de causas iniciadas por las figuras más graves en la Ley de Estupefacientes, no se debe a una menor cantidad de estupefacientes en circulación en la provincia de Buenos Aires, sino a un debilitamiento de las posibilidades de intervención de la justicia federal".

Sistemas desproporcionados

A nivel mundial se han planteado debates sobre el impacto de las leyes que persiguen delitos vinculados a las drogas. En estos debates se discute hasta qué punto se logra desarticular el narcotráfico, cuando la mayoría de los infractores de estas leyes que van a la cárcel son apenas pequeños comerciantes, mulas y hasta consumidores criminalizados.

"Hoy se encuadra en el mismo delito, por ejemplo, a los hermanos Juliá [ condenados por intentar ingresar 944 kilos de cocaína a España ] y a una mujer que ingresa por la frontera con algunos gramos de droga ocultos", sostuvo el titular de la Procunar, para ejemplificar las imprecisiones del sistema.

El caso de las mulas es un ejemplo de qué es lo que se persigue con la Ley de Estupefacientes. Un estudio realizado por Alejandro Corda , de la Asociación Civil Intercambios, indica que cerca del 70% de las mujeres que están en prisión en cárceles Argentinas cayó por delitos relacionados con drogas. De ese total, un 90% son extranjeras, en su mayoría de países latinoamericanos.

"La aplicación de la ley [de drogas] recae principalmente sobre los actores menores y más fáciles de capturar, y aparece vinculada al incremento de los encarcelamientos de dos poblaciones en situación de vulnerabilidad en particular: mujeres y extranjeros", sostiene Corda en el informe publicado por la Oficina en Washington para asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés).

"En la medida en que la actividad de interdicción siga recayendo sobre este tipo de actores, sólo va a lograr éxitos momentáneos, sin contribuir verdaderamente a la contención del tráfico de estupefacientes. Además, al producir el encarcelamiento de personas en situación de vulnerabilidad por diferentes condiciones (pobreza, género, nacionalidad) se agrava la situación en la que ya se encontraban", concluye Corda.

Los especialistas también señalan que, en muchos casos, las llamadas mulas son llevadas a aceptar juicios abreviados para obtener la pena mínima, lo que significa que la cadena de narcotráfico detrás de los actores menores no llega a investigarse.

Por otra parte, un estudio realizado por el Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD), detectó que en algunos países de América Latina es más grave contrabandear marihuana con el fin de venderla a quien quiere consumirla, que violar a una mujer o matar voluntariamente al vecino.

"La ley castiga más el contrabando de drogas, incluso cuando este sucede en cantidades modestas y sin el uso de violencia, que otro tipo de delitos más atroces como la violencia sexual o el asesinato, conductas violentas intencionales", dijo Diana Guzmán del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DeJusticia) y una de las autoras del informe, también publicado por la WOLA. "Cuando se trata de drogas, la ley no contempla el principio de sostener una proporción entre el delito cometido y el castigo otorgado. Esto no sólo es ilógico sino también injusto".