Polémica entre la Justicia y el Ministerio de Seguridad bonaerense por un caso de presunta corrupción policial

El caso de los seis policías de la comisaría 5ª de Florencia Varela acusados de cobrar coimas a comerciantes a cambio de "protección especial"quedó en el centro de una polémica entre la Justicia de Quilmes y el Ministerio de Seguridad bonaerense.

Tras un operativo en el que se comprobó que dos agentes de esa seccional "recaudaron" dinero de un comercio, en lo que fue una "entrega controlada" con billetes marcados, supervisada por Asuntos Internos, los policías -entre ellos, el jefe y el subjefe de la repartición-, fueron detenidos. Pero el lunes el juez de Garantías d Quilmes Adrián Villagra ordenó su "inmediata detención". La fiscalía llamó a otros testigos, que desmintieron a los denunciantes originales, por lo que los acusó de "falso testimonio" (incluido al que el sábado había hecho la entrega del dinero con conocimiento de Asuntos Internos) y los detuvo.

Sin embargo, la Auditoría General de Asuntos Internos insiste con que los efectivos y sus jefes son culpables y los desafectó de la fuerza; afirman tener comprobada su relación con el hecho de corrupción . Finalmente, la Justicia liberó a todos los vinculados con el hecho, aunque la investigación del presunto pago de coimas prosigue.

La causa comenzó el viernes pasado tras un llamado al 0800 de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Se denunció la extorsión de policías a una remisería, a cambio de "protección".

El denunciante dijo que todos los sábados dos policías pasaban a "recaudar" 1500 pesos. Personal del organismo de control de la fuerza llevó a los dos dueños de la remiseria "El Gauchito", ubicada en la ruta 53 y la calle 1642, de Florencio Varela, junto a tres empleados a la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N°5 de Quilmes para que prestaran testimonio.

Tras la declaración, en la que los dueños de la remisería afirmaron que habían mantenido una reunión con la cúpula de la comisaría, donde habría existido la extorsión, el sábado se realizó el operativo. A los denunciantes se les entregaron billetes "marcados" para que se los dieron a los "recaudadores". Como se previó, ese mediodía, dos oficiales a bordo de un Citroën C4 gris oscuro "levantaron" el dinero.

A los pocos metros los agentes de Asuntos Internos detuvieron a los policías con la prueba del delito (la plata marcada) en sus manos. Minutos después allanaron la dependencia policial y arrestaron al jefe y al subjefe.

El domingo, el fiscal Hernán Bustos Rivas analizó el llamado que había dado inicio a la investigación. Llegó a la conclusión de que la llamada de denuncia no la habían hecho quienes decían haberla realizado.Los supuestos denunciantes originales nunca se habían presentado ante la Justicia: solo habían declarado los remiseros del "Guachito", llevados por el personal de Asuntos Internos.

El fiscal dio con los supuestos denunciantes, dueños de la remisería que queda enfrente de "El Gauchito", "El tropezón". Cuando testificaron dijeron todo lo contrario: que ellos no habían llamado al 0800, que los que constaban no eran sus números de documento y que la policía no los extorsionaba, sino que ellos "colaboraban voluntariamente" con la dependencia porque tenían autos que no estaban en regla, y que también aportaban para la nafta de los patrulleros.

Cuando la Justicia indagó al dueño del comercio que había sido señalado por los remiseros del "Gauchito" como uno de los participantes de la reunión con la cúpula de la comisaría, mencionó que había asistido a la entrevista pero que no había habido extorsión ni lo habían presionado para que diera dinero. Afirmó que los dueños de las dos remiserías habían ido a la seccional a pedir que los policías "hicieran algo" con una nueva empresa de micros "truchos" que les perjudicaba el negocio.

El fiscal Bustos Rivas llamó a los primeros denunciantes. Según dijeron a LA NACIÓN fuentes judiciales, los testigos se contradijeron "brutalmente", por lo que quedaron imputados por "falso testimonio" y fueron detenidos.

El fiscal analizó las dos declaraciones y notó cambios profundos entre los primeros dichos y los últimos. Puntualmente, cuando se referían a la reunión donde los jefes de la comisaría les exigían dinero a cambio de protección. En sus dichos confundieron a los participantes de la reunión, el tiempo que estuvieron, los motivos y ninguno de los dos relatos tenía congruencia.

El lunes los policías fueron liberados y después el fiscal acusó a los testigos, que fueron detenidos a la noche. Mañana tendrían que declarar los seis policiales, pero ya adelantaron que no lo harán. La investigación judicial continúa con la hipótesis de demostrar que los jefes de la dependencia estaban al tanto de la "recaudación" ilegal. Aunque la acusación de asociación ilícita quedó momentáneamente desactivada en sede judicial, Asuntos Internos mantuvo la desafectación de los efectivos.