Córdoba: la abogada de la presa trans que abusó de una compañera dio detalles del caso

Una fuerte polémica se originó por estas horas en Córdoba luego de que se conociera el caso de un hombre que había sido condenado por violencia de género, pero que luego de cambiar de género fue trasladado con un nombre femenino a un pabellón de mujeres donde agredió sexualmente a una detenida. Este martes su defensora oficial, Alfonsina Muñiz, indicó que, hasta el momento, “no existe una denuncia formal” al respecto y sumó detalles: “Ella no se identifica con el género mujer tampoco”.

Al ser consultada en radio Mitre si Gabriel Fernández no se llamaba ahora Gabriela Nahir Fernández, la abogada confirmó que ese es su nombre, pero marcó: “Hay otros colectivos y tiene que ver con otra autopercepción; es más diverso, no hay hombres y mujeres solamente”.

Muñiz contó que fue en 2018 cuando Fernández, que entonces era hombre y cumplía una pena por atacar a su pareja, decidió cambiar de género. “En aquel momento fue un proceso de su vida”, añadió. A raíz de ello, las autoridades decidieron cambiarla de pabellón en la cárcel cordobesa de Bouwer.

Sobre la acusación que se le imputa ahora a la detenida, que en el pabellón de mujeres ejerció violencia de género contra otras mujeres presas y abusó de una compañera que quedó embarazada, la abogada dijo que, al menos hasta este lunes, todavía no existía una denuncia formal en contra de su defendida. “Eso es algo que surge de la resolución a la que accedió el Servicio Penitenciario”, indicó Muñiz, que sumó que el caso “se está investigando”.

“No le estoy restando el precio ni diciendo que no pasó nada. No es el debate que la sociedad se merece en un tema mucho más complejo que tiene que ver con esta otra arista de la que estamos hablando, de si las cárceles están o no adecuadas par alojar a personas que se autoperciben con otro género. Ese es el punto que surge”, prosiguió la defensora oficial de Fernández y aclaró: “No estoy diciendo que no pueden cometer delitos”.

Fernández está en la cárcel por dos denuncias en su contra. Ahora, la Justicia le ratificó la prisión preventiva y advirtió sobre su peligrosidad: “Para brindar completitud a los derechos de la aquí imputada, se vulneraron o se pusieron en riesgo los derechos de 481 mujeres internas, sin contar a las funcionarias, también mujeres, encargadas del cuidado de las alojadas”.

Tras ello la Cámara de Acusación de Córdoba, el 31 de octubre, elevó la causa a juicio y ordenó trasladarla a una celda donde no esté en contacto con mujeres ni con hombres. La decisión lleva la firma de los magistrados Carlos Salazar, Patricia Farías y Maximiliano Davies.

Los jueces reconocieron que, “paradójicamente” se encuentran “ante un supuesto contrario al previsto, es decir, la imputada, quien se autopercibe mujer y perteneciente al grupo LGBTI, es la que convierte en víctimas o presas de sus necesidades o gustos a sus compañeras, aprovechando, claro está, que se encuentra alojada en un establecimiento que no estaría preparado para esos casos de excepción, al menos por el momento”.

LA NACION

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