Córdoba: con sobreseimientos, cerró la causa por supuesta trata y lavado de los "carreteros colombianos"

CÓRDOBA. Con todos los implicados sobreseídos, la Justicia Federal de Córdoba cerró la causa en la que se investigaba por presunta trata de personas y lavado de dinero los llamados "carreteros" colombianos. La investigación se inició en 2013, con allanamientos en 90 talleres de muebles clandestinos de diez provincias; fueron rescatadas 200 personas en "condiciones de esclavitud". Eran obligadas a trabajar y, después, a vender los muebles que hacían en la calle a través de préstamos "usurarios".

Hace casi tres años el juez Ricardo Bustos Fierro dictó el sobreseimiento por la acusación de trata de personas, pero la Cámara Federal ordenó seguir investigando; ahora, otro magistrado, Hugo Vaca Narvaja, también se pronunció por el cierre de la investigación.

La modalidad –que todavía está bajo investigación en Colombia- es conocida como "gota a gota" o "paga diaria": los muebles se vendían en cuotas con intereses altísimos. Al trabajador que no podía pagar, la organización le prestaba plata; si no cumplía, tenía "consecuencias". Para el fiscal Enrique Senestrari, que realizó la investigación, el líder de la banda era Mario Cifuente Hoyos, a quien nunca pudieron encontrar; familiares suyos sí estuvieron detenidos.

El fiscal estaba convencido de que se trataba de una banda "aceitada y organizada" con ramificaciones en Perú, Chile y Ecuador, según surge de los datos que intercambió con su par colombiana Zeidy Izquierdo Vargas.

Vaca Narvaja entendió que no había motivos probados para la acusación de lavado de dinero, infracción a la ley migratoria y lavado de activos. En una parte de su resolución sostuvo: "No se encuentra acreditado que haya existido una organización ilícita de la cual formaran parte conscientemente y cuya existencia y finalidad le hayan sido conocidas".

El magistrado indicó que de las entrevistas recogidas por el personal del Programa Nacional de Rescate se desprende que los trabajadores habían tomado la decisión de migrar desde Colombia "para mejorar su situación socio-económica, que habían tomado conocimiento de la oferta laboral a través de familiares y/o amigos y/o conocidos, que en la mayoría de los casos solventaron sus pasajes, y que de esta forma habían ingresado y permanecido en el país para trabajar".

"No hay elementos concretos en autos que indiquen la implementación de mecanismos ilegales de captación de inmigrantes ni otros actos dirigidos al aseguramiento o protección de la permanencia de los trabajadores en el país con la finalidad de obtener un beneficio económico diagramado como ‘política de empresa’", agregó.

Señaló que ni de las tareas de investigación ni de las escuchas telefónicas se podían advertir "supuestas irregularidades en relación con los trámites migratorios de los trabajadores y, menos aún, cuál habría sido puntualmente el accionar de los imputados con relación a los extranjeros".

En 2010 la Dirección Nacional de Migraciones advirtió a la fiscalía general federal de Córdoba sobre el "llamativo" arribo de importantes cantidades de artesanos colombianos sin dinero que se alojaban en un mismo domicilio. Entre 2009 y 2011 ingresaron 3000 al país.

"Cuando empezamos a ver noticias de colombianos asesinados decidimos coordinar y empezar los allanamientos porque nos pareció que todo podía tener relación", dijo hace tres años Senestrari a LA NACIÓN.

En Salta también se abrió una investigación; la siguió la Justicia de Orán. Hace dos meses en esa provincia las autoridades de la Dirección Nacional de Migraciones en Aguas Blancas expulsaron a 14 colombianos que habían ingresado ilegalmente al país a través de la frontera con Bolivia. Lo que se especula es que el grupo había llegado con la intención de quedarse en la zona, como lo habían hecho muchos compatriotas que desde hace algunos años se "afincaron en el norte de la provincia y se dedican a los préstamos usurarios por goteo", apuntaron investigadores del caso.