Coronavirus: el pediatra condenado por pedofilia, sin prisión domiciliaria

En medio de la pandemia del coronavirus, el médico pediatra Ricardo Russo, condenado a diez años de cárcel por tenencia, producción y almacenamiento de imágenes de abuso de menores, pidió el beneficio de la prisión domiciliaria por miedo a contagiarse el Covid-19. Pero el pedido fue rechazado por la Justicia al considerar que no está dentro del grupo de riesgo.

Así lo informó el Ministerio Público porteño. La resolución fue firmada por el juez penal, contravencional y de faltas Gonzalo Rúa, el mismo magistrado que había dictado la condena del exjefe de Inmunología y Reumatología del Hospital de Niños Juan Garrahan.

Según fuentes judiciales, la audiencia donde se trató la presentación de la defensa de Russo se hizo por por medio de un sistema de comunicación informática interna dónde opinaron la fiscal Dupuy y el abogado defensor del imputado, Ricardo Izquierdo. Después resolvió el juez Rúa.

Daniela Dupuy, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y contravenciones Informáticas del Ministerio Público porteño, se opuso a que se otorgara el beneficio de la prisión domiciliaria.

En su presentación, la fiscal Dupuy le solicitó al juez Rúa que exhortara al Servicio Penitenciario Federal (SPF) a extremar los recaudos para resguardar la salud de Russo.

"Por razones obvias, para la audiencia no fue traslado el interesado y en menos de 24 horas desde la solicitud, el planteo fue resuelto", explicaron a LA NACION fuentes judiciales.

El médico pediatra cumple su condena en el Complejo Penitenciario de Ezeiza. "En los argumentos del juez Rúa para denegar el pedido de Russo de continuar cumpliendo su detención en su domicilio, hizo hincapié en lo informado por personal médico del SPF en cuanto a que no presenta patología alguna que lo encuadre dentro del grupo de riesgo de contraer el virus" , según explicó el Ministerio Público porteño.

Rúa, además, fundamentó su decisión en lo informado por las autoridades del Complejo Penitenciario, quienes manifestaron estar "acatando expresamente las directivas sanitarias del Ministerio de Salud de la Nación para evitar la propagación del virus intramuros".

El caso, que conmovió a la opinión pública, se conoció a fines de mayo pasado cuando Russofue detenido en la cochera del hospital Garrahan.

Las pruebas contra el acusado

El 30 de mayo pasado, la jueza María Laura Martínez Vega, después de un pedido de la fiscal Dupuy le dictó la prisión preventiva.

Según surge de esa resolución, Russo tomó al menos 39 fotos de niñas de entre 8 y 12 años en una playa. "De ningún modo es posible descartar la aludida finalidad sexual de las fotografías efectuadas con zoom a los glúteos y vaginas de niñas, aun cuando se encontraban cubiertas con sus trajes de baño", se explicó en el fallo.

En la audiencia en la que pidió la prisión preventiva, la fiscal Dupuy destacó que el 24 de noviembre de 2015 Russo les tomó nueve fotos a dos niñas dentro del Garrahan.

"Un juez no puede estar ajeno a una realidad tan terrible como la pedofilia y pensar que un médico pediatra que, en principio se sospecha, tenía innumerables imágenes pornográficas, desde bebés de pocos meses hasta adolescentes en situaciones de violación o sadomasoquismo, pueda quedar en libertad. Eso no es una opción aceptable a la luz de todos los estándares de protección de niños, niñas y adolescentes en temas de vinculación con pedofilia o abuso", sostuvo la jueza Martínez Vega al resolver el dictado de la prisión preventiva.

El 30 de julio pasado se hizo otra audiencia, en la que se decidió que Russo continúe en prisión preventiva. El 6 de septiembre pasado, los camaristas Sergio Delgado y Elizabeth Marúm otorgaron a Russo el beneficio de la detención domiciliaria y el acusado volvió a su casa del barrio River y volvió a la cárcel el día en que se dictó el fallo, en noviembre pasado.

"A partir de este casola sociedad empieza a tomar conciencia de que no se trata de pornografía infantil, ya que eso minimiza los hechos en las imágenes y videos, secuestrados. Durante el juicio observamos fotografías de violaciones, de explotación de menores, de un negocio que tiene una ganancia económica y de un delito transnacional. Hoy sabemos que todo el que participa en la distribución está afectando la integridad de los menores, que es un bien altamente defendido y protegido por el Código Penal. Este caso repercute al reconocerse que es un delito muy grave y que el Estado se encuentra investigando para que disminuya la cantidad de hechos de esta naturaleza", había Rúa a LA NACION después del juicio.