Debate el Congreso la despenalización

Con el impulso del oficialismo y de buena parte de la oposición, la Cámara de Diputados dará esta semana un paso fundamental hacia la legalización de la tenencia de drogas para consumo personal. Pasado mañana comenzará el tratamiento en comisión de un proyecto acordado entre distintos bloques que, de no surgir imprevistos, se aprobará con amplia mayoría en el recinto en las próximas semanas. El mismo escenario se vislumbra en el Senado.

La iniciativa cuenta con el respaldo del Frente para la Victoria (FPV), la Unión Cívica Radical (UCR) y el Frente Amplio Progresista (FAP), las tres principales fuerzas en la Cámara baja. En tanto, y aunque todavía no definieron sus posturas como bloque, diputados del peronismo disidente y del macrismo ya anticiparon sus objeciones al proyecto despenalizador.

La propuesta que comenzará a discutirse en una reunión conjunta de las comisiones de Legislación Penal y de Prevención de Adicciones de Diputados se elaboró sobre la base de sendos proyectos de Diana Conti (FPV); Victoria Donda y Fabián Peralta (FAP), y Ricardo Gil Lavedra (UCR).

El texto de consenso propone modificar la ley de estupefacientes para legalizar la tenencia de todo tipo de drogas para consumo personal -no sólo la marihuana- y para despenalizar el cultivo de cualquier tipo de estupefaciente siempre que no exista una finalidad de comercialización. Tampoco sería delito, si la iniciativa acordada se convirtiera en ley, el consumo de drogas en público, siempre que con esa conducta no se incitara el consumo por parte de un menor de edad.

En el proyecto no se determinan las cantidades de droga que serán consideradas destinadas al uso personal, sino que se deja esa definición en manos de los jueces, quienes deberán tener en cuenta la cantidad y el tipo de sustancia y las "circunstancias de tiempo, lugar y modo".

Además, para los casos de contrabando de drogas que tenga como finalidad la comercialización, se propone reducir la pena mínima de cuatro y medio a tres años, para habilitar de esa manera la excarcelación de las "mulas".

"La idea es que el cambio legal permita que la problemática de las adicciones sea abordada como un tema de salud pública y que todos los esfuerzos del sistema penal estén apuntados a combatir el narcotráfico y no a los consumidores", dijo a La Nacion Conti, que cuenta con el respaldo del jefe del bloque kirchnerista, Agustín Rossi. "La presencia estatal en los barrios donde el paco hace estragos estará asegurada a través de los instrumentos previstos en la ley de salud mental", agregó, en respuesta a eventuales cuestionamientos sobre el desamparo en el que podrían caer los jóvenes adictos de los barrios más pobres (ver aparte).

Para Donda, impulsora de varias movilizaciones en las que se reclamó la legalización del consumo de marihuana, lo más importante del proyecto es que se sincerará la política pública de combate del narcotráfico. "En la actualidad, el 70% de las causas por violaciones de la ley de estupefacientes apunta a los consumidores. Esta ley va a reducir el trabajo de los jueces y les va a permitir un mejor ataque a los narcos", dijo a La Nacion.

Gil Lavedra argumentó que "es ineficaz combatir la comercialización de drogas por medio de la criminalización del consumidor. Drogarse no es bueno para la salud, pero esto no lo puede resolver el derecho penal", sostuvo.

Los opositores

Entre los opositores a la iniciativa, Eduardo Amadeo (Frente Peronista) sostuvo que "es una irresponsabilidad y hasta una frivolidad concentrarse en despenalizar en un país inundado de droga". El diputado agregó que "los pibes de las villas están abandonados" y pidió no votar una ley "para los jóvenes de Palermo".

El jefe de bloque de Pro, Federico Pinedo, dijo que están analizando el proyecto, pero anticipó: "Las iniciativas tratan una sola cara del problema. No meter presos a los adictos parece razonable, pero hay que buscar un camino alternativo que no fomente la muerte de los chicos y que evite que las organizaciones narcos se adueñen del Estado".

Esos y otros argumentos se escucharán en la apertura del debate. Para exponer ese día están citados, entre otros, el juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni; la ministra de Seguridad, Nilda Garré, y el jefe de la Sedronar, Rafael Bielsa. Los presidentes de las comisiones de Legislación Penal, el kirchnerista Oscar Albrieu (Río Negro), y de Prevención de Adicciones, el radical Mario Fiad (Jujuy), también convocaron a reuniones para el jueves 7 y el miércoles 13. Pero el dictamen podría aprobarse esta misma semana.