Los jueces de Comodoro Py tienen el peor rendimiento en causas de narcotráfico

Juzgados colapsados, investigaciones que caen por procedimientos mal realizados y defensas que encuentran la manera de bloquear los avances en las pesquisas son algunos de los motivos que frenan los expedientes por comercio o tráfico de drogas. A nivel nacional solo se resuelve el 2% de los expedientes, pero el peor registro se encuentra en los tribunales de Comodoro Py, donde apenas llega a juicio el 0,38% de los casos iniciados contra traficantes y vendedores de drogas. Menos de cuatro de cada 100 causas iniciadas. No es un fenómeno aislado: algo similar ocurre con los casos de corrupción, de los que el 8% alcanza la etapa del debate oral y público.

La evolución de los casos de infracción a la ley de drogas 23.737 fue objeto de un trabajo elaborado por el Ministerio de Seguridad de la Nación. El equipo que conduce Patricia Bullrich analizó las sentencias del período 2014-2016 vinculadas al narcotráfico dictadas por todos los tribunales federales y del fuero penal económico.

De ahí surge que la mejor relación entre causas iniciadas y expedientes elevados a juicio se da en Entre Ríos, con el 10,52% de los casos resueltos.

En Comodoro Py se encuentran los tribunales federales más importantes, donde se instruyen los expedientes con mayor peso político. El juez federal Sergio Torres encabezó varios golpes importantes en la villa 1-11-14, del Bajo Flores porteño. Pero en el análisis conjunto de lo realizado por los magistrados que actúan desde los tribunales de Retiro es baja la productividad en casos vinculados con la venta de drogas.

En el ciclo estudiado, que en el Ministerio de Seguridad dicen que servirá de base técnica para futuros análisis, se iniciaron 127.750 causas por drogas y hubo 2555 sentencias judiciales, es decir, el 2% del total. De ese número, el 76,8% tuvo condenas, con penas de prisión para 3336 acusados. El 36% de esas causas fueron iniciadas por tenencia de drogas para consumo personal, por lo que fueron descartadas por los tribunales de primera instancia. Entre esas sentencias se observó una decena de casos de condenas por esa calificación, que la Corte Suprema declaró inconstitucional en 2009.

La importancia de la resolución de los expedientes de narcotráfico es clara: los vendedores minoristas y las organizaciones más complejas siguen con sus maniobras de comercialización y reclutamiento mientras se mantienen en las calles, impunes.

Un ejemplo emblemático es el caso de Los Monos, cuyos jefes llegaron a juicio por narcomenudeo recién en estos días, luego de varios años de haber concentrado la atención pública por su violento control territorial basado en búnkeres y de condenas por homicidios resueltas también este año.

Las autoridades nacionales tienen establecido un promedio de 15.000 sospechosos arrestados cada año por infracción a la ley de drogas, pero en las cárceles federales se mantiene estable la cantidad de presos por esa causa, unos 8000 de los 12.000 alojados en penitenciarías de todo el país. Esa diferencia entre la cantidad de detenidos y los internos en prisiones federales encuentra una explicación en el bajo nivel de causas que llegan a juicio.

"La relación entre causas iniciadas respecto de las sentencias analizadas oscila entre un 10% y un 0,24% (en los diferentes distritos del país), siendo el promedio nacional cercano al 2%", se afirma en un documento elaborado por el Ministerio de Seguridad de la Nación. Entre las razones detectadas por los funcionarios nacionales se encuentran el peso que tiene en los expediente la tenencia para consumo personal, que es descartada en la instrucción, el colapso de los juzgados y las fallas en los procedimientos, que derivan en nulidades.

Más allá de la escasa cantidad de casos resueltos en los tribunales, las autoridades nacionales también hicieron foco en las condenas por aquellos expedientes que finalmente derivaron en un juicio. En ese caso, los funcionarios a cargo de la seguridad nacional esperan que en posteriores informes se alcance un mayor volumen de condenas por "organización de grupo narco", que hoy no supera el 1% de los casos.

El 30% de las condenas fueron dispuestas por tenencia de droga para comercio y el 28,3%, por transporte de sustancias ilícitas. El 17% de los expedientes comenzaron por tenencia simple y el 10% se inició por comercio minorista de estupefacientes.

"Este es un nuevo índice que sirve como herramienta de gestión contra el narcotráfico. En la medida en que se refleje nuestra política se irán viendo los golpes a las organizaciones y, en consecuencia, sentencias más fuertes. Este índice toma sentencia de causas iniciadas incluso en 2011, por lo que el impacto de nuestra política podrá verse recién en las estadísticas de 2020", comentó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El promedio de las condenas fue estimado en cuatro años, con algunas penas que llegaron a los 12 años de prisión.