Denunciaron al juez que daba órdenes desde un prostíbulo en Bahía Blanca

Hace cinco meses el juez de Ejecución Penal de Bahía Blanca Onildo Stemphelet ordenaba un allanamiento. Lo curioso es que lo hizo cuando estaba en un prostíbulo de esa populosa ciudad del sur bonaerense.

A mediados de mayo, el magistrado llamó por teléfono al jefe del Comando de Patrullas local y le pidió que le mandara un móvil policial para que allanara un "privado" en el que una mujer con la que había tenido relaciones sexuales a cambio de dinero le había sustraído la billetera.

Cuando eso se supo públicamente, la carrera judicial de Stemphelet quedó sujeta de un hilo.

Ayer, el procurador general de la provincia, Julio Conte-Grand, presentó la acusación contra el juez Stemphelet ante la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerenses.

Actualmente, el magistrado no está en funciones. Luego de analizar el informe presentado oportunamente por la Subsecretaría de Control Disciplinario y por la Fiscalía General de Bahía Blanca, la Suprema Corte de Justicia bonaerense le impuso una licencia obligatoria.

"Mándeme un móvil. Tengo que denunciar un robo", exigió hace cinco meses el juez Stemphelet. Con este mensaje comenzó, en mayo pasado, el escándalo judicial que derivó en el proceso de juicio político que ahora enfrenta el magistrado que denunció que la mujer con la que había tenido relaciones sexuales a cambio de un pago le había robado 3000 pesos y una tarjeta de crédito en un prostíbulo.

Ante la llamada del magistrado, el comisario inspector a cargo del Comando de Patrullas dispuso que dos efectivos se dirigieran, con urgencia, al departamento situado en Rivadavia 2280. Cuando los uniformados llegaron al lugar encontraron al juez y a una mujer.

Minutos después, sin tener una orden judicial, pero supuestamente avalados por la presencia del magistrado, que manifestó que la trabajadora sexual le había robado, los policías registraron el departamento privado y revisaron a la mujer.

Pero los uniformados, al cabo de la requisa, no encontraron ni las tarjetas de crédito ni el dinero que el juez decía que le habían robado.

En su presentación ante la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados, el procurador acusó al juez de propiciar que los derechos de un ciudadano fueran vulnerados, al haber instado a los policías a ingresar en el domicilio de la mujer acusada sin contar con una orden de allanamiento dictada por una autoridad competente y en el marco de su jurisdicción y atribuciones.

Al describir el hecho por el que fue acusado el juez Stemphelet, el jefe de los fiscales bonaerenses calificó como "indecorosa la conducta del magistrado" y expuso "el peligro que supone la concurrencia a los establecimientos donde se brindan servicios sexuales por dinero, por el grave peligro de que las mujeres que allí se encuentran sean víctimas de alguna red de trata de personas".

A partir de la acusación del Conte-Grand, Stemphelet tiene 15 días para presentar su descargo.

En los próximos días, el jurado presidido por el ministro de la Suprema Corte, Eduardo de Lázzari e integrado por los legisladores Ricardo Lissalde y Lisandro Emilio Bonelli (del Frente Renovador), Walter Héctor Carusso y Guillermo Ricardo Castello (Cambiemos) y Gabriela Demaría (el PJ Unidad y Renovación) y los abogados conjueces Pablo Grillo Ciocchini, Jorge Martínez, Julián Alberto Oliva y Mateo Laborde y Aníbal Mathis deberá decidir si hace o no lugar a la acusación.

En caso de que el jurado la acepte, Stemphelet quedará suspendido, no podrá renunciar a su cargo y se le embargará el 40% de su sueldo.