Diferentes teorías sobre la gestión pública

Dos visiones diferentes conviven en el Ministerio de Seguridad. Esos pensamientos antagonistas quedaron expuestos en las últimas manifestaciones públicas de los funcionarios a cargo de la lucha contra el delito. La ministra Nilda Garré renovó sus expresiones sobre focos de corrupción interna como generadores de la ineficacia policial. Y pidió que la sociedad colabore en el control de las fuerzas. Su segundo en el organigrama, Sergio Berni, avanzó desde ese punto para indicar que los vecinos son los responsables de sobornar a los policías. Aquélla, acusa; éste, establece una línea de defensa. El crimen sigue creciendo por esa hendidura en el discurso oficial.

La pelea central en ese ministerio está planteada sobre un eje central en las teorías de seguridad pública: el comando político sobre las fuerzas en oposición a la autogestión policial. En el primer grupo se ubica Garré, en línea con otros hombres fuertes en la materia como León Arslanian y Marcelo Saín. Ese sector lo ubicaría al secretario de Seguridad, Berni, del otro lado de la valla, casi en compañía del ministro bonaerense, Ricardo Casal, y de su jefe, el gobernador Daniel Scioli. El sector reformista pensaba avanzar fuerte sobre la Policía Federal, pero Berni se sentiría más cómodo en un diálogo amigable con los comisarios, a quienes les agrada sentir una mayor libertad de acción.

Esas diferencias de enfoque llegan en momentos de un delito en alza en la ciudad. Garré y Berni coinciden, eso sí, en referirse a estadísticas propias que demostrarían una disminución de robos y homicidios. "Número fríos", dijo el secretario para manifestar que hubo menos robos en "hogares con ausencia de moradores" al tomar la relación entre agosto del año pasado, con 510 casos, y el mes último, con 210. Claro que no se informó si se produjo una compensación de asaltos en viviendas con presencia de los propietarios. Es que en los últimos meses los delincuentes parecen optar por atacar cuando el propietario ingresa o sale de su casa.

Algo similar ocurrió con los robos de automóviles, cuya disminución en la zona sur de la ciudad -con presencia de gendarmes y prefectos- es exhibida como un éxito sin precisar a la vez el aumentó de esos casos en otras zonas. A partir del Indec y sus fantasías, toda cifra oficial queda bajo la duda colectiva. Pasa con los homicidios, de manera escandalosa.

Un documento del Ministerio de Salud reveló en junio pasado que "los datos están subestimando las reales tasas de homicidios". En ese trabajo se detalló el crecimiento anormal en los últimos años de un casillero poco claro en los certificados de defunción: "muerte por causa externa de intención indeterminada". Baja el registro de homicidios y se los califica no como un fallecimiento violento en el que se ignora qué ocurrió,

Algunos prefieren ver las estadísticas de la Procuración General Bonaerense, por caso, para definir que se mantiene sin cambios el promedio anual de homicidios en el principal distrito. Sin embargo, esa información lleva un casillero denominado "otros" en los que figura, entre más delitos, la averiguación de causales de muertes. El Ministerio de Salud de la Nación estableció que en Buenos Aires está subestimado al menos un 30 por ciento de los homicidios y en las estadísticas de la Justicia de esa provincia hay lugar para esconder muertes violentas.

Sin datos confiables, con tironeos políticos dentro del ministerio nacional y diálogos cortados entre los responsables de la seguridad en la región metropolitana, los ciudadanos miran hoy crecer su principal preocupación.

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