Dos exjueces arrestados exponen las fallas en las zonas de frontera

Las causas iniciadas contra Raúl Reynoso y Carlos Soto Dávila marcan la facilidad de los traficantes de drogas para corromper a estratégicas estructuras judiciales
Germán de los Santos
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31 de marzo de 2019  

ROSARIO.- Raúl Reynoso y Carlos Soto Dávila tienen varias cosas en común. Ambos eran magistrados federales, ocupaban juzgados en la frontera, en zonas calientes del narcotráfico, como Orán, en Salta, y la ciudad de Corrientes. Y los dos están presos, sospechados de cobrar sobornos de los narcos a cambio de dar beneficios judiciales, en regiones donde la corrupción se entreteje sobre la base de las complicidades que superan la Justicia y se derraman sobre la política y las fuerzas de seguridad.

La historia de estos dos exmagistrados, que tenían un sólido poder en sus jurisdicciones, donde acumulaban miles de causas de narcotráfico, dispara también interrogantes sobre los mecanismos de control que existen en juzgados que están alejados de las luces de Comodoro Py, pero que son claves en la lucha contra el narcotráfico.

En ambos casos, los jueces no aparecen en solitario involucrados en estas tramas oscuras de dinero y drogas ilegales, sino que otro eslabón que se repite es la complicidad de los funcionarios y empleados del juzgado y, sobre todo, de los abogados que patrocinan a narcos y que se transforman en intermediarios en el pago de coimas para que sus defendidos sean beneficiados.

"Los casos de Orán e Itatí demuestran la capacitad corruptora que posee el narcotráfico", ensayó el titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad, Diego Iglesias, quien sostuvo que "el principal objetivo es mejorar la persecución penal de la narcocriminalidad, con la investigación de las organizaciones criminales que allí operan".

Y agregó: "No nos detuvimos allí, sino que profundizamos las investigaciones con el fin de ascender en la cadena de responsabilidades, tarea que puso en descubierto la connivencia de organizaciones narcocriminales con importantes funcionarios políticos, policiales y judiciales".

Reynoso fue condenado el lunes pasado a 13 años de prisión por siete hechos de concusión y prevaricato, acusado de ser el jefe de una asociación ilícita. Reynoso ocupó durante 10 años el juzgado de Orán, donde actuaba en complicidad con los abogados Eladio Gaona, quien está prófugo, y María Elena Esper y Ramón Valor, sentenciados a diez y cuatro años, respectivamente.

Fueron absueltos por el beneficio de la duda el exprocurador de Salta René Gómez, suegro del actual jefe de Gabinete de Salta, Fernando Yarade, quien analiza ser candidato a gobernador por el oficialismo, junto con tres empleados del juzgado.

Reynoso está preso desde hace 34 meses en el penal de Güemes, cuando fue detenido el 1º de mayo de 2016, tras una investigación que encabezó la Procunar, fiscalía especializada que puso contra las cuerdas al magistrado, que a mediados de abril de ese año renunció por "cansancio moral".

Uno de los casos más notorios fue el del empresario boliviano José Luis Sejas Rosales, dueño de una flota de 250 camiones en Santa Cruz de la Sierra. Once vehículos de Sejas Rosales fueron incautados con más de 450 kilos de cocaína. El entonces juez le dio una ayuda enorme a este empresario narco: le devolvió los camiones secuestrados y le concedió el 25 de abril de 2015 la libertad provisoria. Sejas Rosales volvió a Santa Cruz de la Sierra y nunca más regresó; hasta ahora no pudo ser juzgado por autoridades argentinas porque Bolivia no concede su extradición.

Más allá de los casos por los que fue juzgado, en la Justicia avanzan también otras investigaciones sobre la protección que les daba este magistrado, tildado de juez ejemplar en la lucha contra el narcotráfico por la expresidenta Cristina Kirchner, a otros narcos pesados del norte del país como a Delfín Castedo, quien estuvo más de 10 años prófugo, tras ser detenido en julio de 2016 en Ituzaingó, provincia de Buenos Aires.

El colmo de esta cadena de complicidades se hizo aún más visible cuando el 5 de diciembre de 2013 Castedo envió a otra persona para que declarara en su lugar, en una causa en la que estaba acusado de tramar, con el fallecido exdiputado del PJ Ernesto Aparicio, el crimen de Liliana Ledesma en 2006. Esa mujer los denunció por cerrar los caminos internos de la frontera con Bolivia, por donde debían pasar sus familiares, que explotaban un campo en esa zona.

El fiscal Carlos Amad, quien ejerció la acusación contra Reynoso durante el juicio que se extendió por 18 meses, consideró en diálogo con LA NACION que "lo más preocupante en este tipo de casos es cómo el narcotráfico se oculta en las instituciones como la Justicia, con la aparente impunidad que les da el poder económico que tienen organizaciones de narcotraficantes trasnacionales como las que lideran Sejas Rosales, Castedo y José Miguel Farfán".

Este último fue capturado el 19 de febrero pasado en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y no solo está sospechado de pagar sobornos a Reynoso, sino también al exjuez federal de Salta José Solá Torino, quien en 2007 benefició al narco a cambio de dinero y le levantó el pedido de arresto que pesaba sobre él cuando 1999 fue condenado por el tráfico de 400 kilos de cocaína.

La ruta de Itatí

El caso de Soto Dávila en Corrientes, con jurisdicción en otra zona caliente de frontera, donde Itatí se transformó en la puerta de entrada de la marihuana de Paraguay, tiene muchos puntos en común con la causa que terminó con la condena a Reynoso. A lo largo de la extensa investigación se detectó el pago de sobornos por un total de $1.115.000.

La caída de Soto Dávila y de sus exsecretarios del juzgado, Pablo Molina y Federico Grau, provocó que comenzaran a aparecer en la Justicia Federal de Corrientes nuevos indicios que confirman las prácticas ilícitas que llevaba adelante el exmagistrado en una zona caliente de frontera con Paraguay.

Soto Dávila renunció a su cargo el 22 de febrero pasado. El exmagistrado evitó ser sometido a un nuevo proceso de destitución en el Consejo de la Magistratura, donde era protagonista en 13 expedientes. Soto Dávila, según las investigaciones que llevaron adelante el juez federal Nº12 Sergio Torres y Procunar, era clave para las bandas que operaban en Itatí.

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