El programa de desarme voluntario está suspendido por la inacción legislativa

El Congreso omitió renovar su vigencia a fines de 2015 y el Estado no puede recibir armas para su destrucción; aún no hay ningún proyecto de prórroga
Daniel Gallo
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22 de abril de 2016  

El programa de desarme voluntario se encuentra suspendido
El programa de desarme voluntario se encuentra suspendido Fuente: Archivo

El Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas, lanzado hace nueva años con el objetivo de reducir la circulación de armas y prevenir, de esa manera, muertes por disparos, está suspendido por un error legislativo: el Congreso olvidó prorrogar la ley que año tras año renueva la vigencia del plan. Y aunque el Registro Nacional de Armas (Renar), ejecutor del programa, adelantó que es su intención ponerlo nuevamente en práctica, aún no se sabe cuándo enviará el Gobierno un proyecto al Parlamento para llevarlo a cabo.

Tras la última renovación, en 2013, el programa venció en diciembre pasado. Y hoy, de hecho, el Estado no recibe armas de ciudadanos que buscan deshacerse de ellas para evitar un real peligro en el hogar.

Fuentes del Renar confirmaron a LA NACION que la decisión de relanzar el plan de desarme ciudadano está tomada. Se tiene en cuenta, en ese sentido, la incidencia que las armas tienen en la resolución letal de conflictos interpersonales. La última estadística del Ministerio de Salud de la Nación, publicada a fines del año pasado, reveló que en 2014 hubo 2981 muertes causadas por disparos: ocho víctimas por día en todo el país.

El organismo que dirige Natalia Gambaro considera que es necesario mejorarlo, en especial en cuanto al trabajo de campo previo a la recolección de armas y a las campañas de concientización de la población. Pero también sostienen que, en paralelo, se debe realizar un fuerte trabajo multiagencial para perseguir el mercado ilegal de armas.

En la actualidad hay 1.200.000 armas registradas, pero se cree que el número se eleva a 4.000.000 incluyendo las no declaradas y las que están en manos criminales. Según la información pública del Renar, desde 2007 se recibieron más de 175.000 armas por el plan de desarme voluntario, que era incentivado con el pago de entre 500 y 2000 pesos. Los revólveres, pistolas y escopetas recibidas fueron inutilizados en el acto de entrega y posteriormente destruidos.

Sin estadísticas oficiales

Aunque el gobierno anterior consideró que el plan fue un éxito, lo cierto es que no existen estudios oficiales que permitan conocer su incidencia real en las tasas criminales, especialmente, en cuanto a homicidios. Tampoco se sabe cuántas de las armas entregadas y destruidas eran "legales" y cuántas provenían del "mercado gris" (armas no registradas ni usadas para delinquir") y del negro.

Además de la novedad del plan de desarme "congelado" por la inacción legislativa, el Renar se encontró con otro problema: la falta total de certezas sobre cuántas armas tenía bajo su control, tanto las recibidas por el programa de entrega voluntaria como las incautadas por cuestiones administrativas y aquellas miles enviadas por los poderes judiciales con orden de destrucción.

Tras un informe del Ministerio de Justicia se tomó la decisión de clausurar los depósitos de armas del Renar para realizar un inventario. En la disposición 1/2016 del Ministerio se solicitó al Renar la información completa de cada arma bajo su control. Y se detalló la respuesta: "Según lo manifestado por el remitente se encuentra imposibilitado de completar el requerimiento en los plazos establecidos, señalando entre otros justificativos la falta de recursos idóneos para la tarea a desarrollar, lo que ha generado una notable demora en los avances sobre la regularización de las condiciones de seguridad de los depósitos, la carga de datos y, en definitiva, la finalización del inventario".

Del informe surge que ni siquiera se sabía en qué lugar estaban las armas, ya que se usan lugares de almacenamiento externos como el Batallón de Arsenales 601, en Boulogne, y un "depósito perteneciente a la Policía Federal" en la localidad bonaerense de Los Plátanos.

La situación de congelamiento del plan de desarme voluntario se da en momentos en que crece la violencia intrafamiliar, con reiterados casos de femicidios cometidos con armas de fuego, y de "justicia por mano propia", como el del abogado que, con una pistola Glock que tenía registrada -aunque con el permiso de vencido-, les disparó a los motochorros que le habían robado una mochila con dinero y mató a un cerrajero que caminaba hacia su trabajo en plena city porteña, a fines de marzo.

El problema de las armas en la Argentina tiene tres ejes: en manos de la sociedad civil, en uso o custodia policial, militar y judicial, y manos de delincuentes. El Ministerio de Seguridad de la Nación planea colocar un chip a las armas de dotación policial para poder hacerles un seguimiento y evitar su desvío hacia el mercado negro. Y el de Santa Fe, por caso, recolectó este año más de 500 armas en irregulares condiciones de custodia en dependencias policiales. Una cantidad similar fueron quitadas de las calles de Santa Fe en operativos contra el delito.

Las cifras del plan de entrega

170.000

Armas recibidas

Desde el comienzo efectivo del programa, en 2007, el Renar recibió oficialmente esa cantidad de pistolas y escopetas. Sin embargo, un reciente informe del Ministerio de Justicia reveló que no se sabe fehacientemente cuál fue el destino final de todo ese armamento y se advirtió sobre irregulares condiciones de resguardo

1.500.000

Armas registradas

Es la cantidad aproximada de material registrado por usuarios particulares y colectivos en el Renar. Aunque no todos esos permisos están hoy vigentes. Hay, además, unos 700.000 usuarios de armas de fuego autorizados, que deben renovar sus licencias periódicamente. Las autoridades calculan que, sumando las no registradas y las ilegales, hay en el país unos 4.000.000 de armas

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