El sistema penal está obligado a progresar

La informática y la revolución de las telecomunicaciones, especialmente el fenómeno de Internet, han modificado de manera drástica el "escenario" en el que tienen lugar muchas conductas contra la integridad sexual de menores. Las mismas potencialidades de Internet, que constituyen un avance fundamental para el desarrollo humano y económico de la sociedad, son mal utilizadas por individuos y bandas criminales. Y han generado un ámbito de peligro para los menores con un aumento significativo de delitos de contenido sexual.

Esta realidad despierta un desafío ineludible para el sistema penal argentino: necesita adecuarse para lograr una persecución eficiente de los delitos informáticos. Lamentablemente, el avance tecnológico ha sido más rápido que la adecuación del derecho procesal penal, aferrado a las normas clásicas pensadas para la búsqueda de evidencias físicas que, obviamente, resultan insuficientes para la investigación en entornos digitales.

Tampoco se ha logrado alcanzar la capacitación necesaria en los operadores judiciales y de las fuerzas de seguridad que deben enfrentar el enorme desafío de investigar en un contexto nuevo y con conceptos que le son desconocidos, como dirección IP, datos de tráfico, alojamiento de información en la Nube y búsqueda de datos en soportes informáticos, entre otros.

Por eso, sin perjuicio de dirigir los esfuerzos a la prevención para evitar la comisión de estos delitos, la Argentina debe avanzar en un programa que incluya diferentes aspectos. A saber:

La adecuación de los capítulos que regulan la prueba en los códigos procesales penales para prever los mecanismos de obtención de evidencia en entornos digitales. Podría concretarse mediante normas que logren una persecución eficiente, pero respetuosa de las garantías individuales, especialmente sobre el derecho a la intimidad y el derecho a la libertad de expresión.

Un programa de capacitación de los operadores del sistema y la creación de unidades fiscales y fuerzas de seguridad especializadas.

Sumarse a los mecanismos de cooperación internacional sobre la materia y promover nuevos. En este aspecto, la adhesión a la convención de Budapest sobre delitos informáticos parece un primer paso ineludible. Además, se deberían generar mecanismos de cooperación eficiente de las empresas del sector privado con la Justicia.

El autor es profesor de Derecho penal y procesal penal en la Universidad de Buenos Aires (UBA)

Marcos Salt