El valor social de la justicia inmediata y comprensible

Lenguaje llano y comprensible, incluso a la hora de explicar cuestiones de técnica jurídica. Claridad de mensaje, con alusiones específicas para cada una de las partes. Inmediatez de respuesta a la hora de resolver un recurso trascendental que afectaba especialmente al hombre sentado en el banquillo de los acusados. Esas herramientas desplegó en vivo y en directo, durante dos horas, el juez en lo Penal, Contravencional y de Faltas porteño Gonzalo Rúa en la audiencia en la que condenó al médico pediatra Ricardo Russo, exjefe de Inmunología y Reumatología del hospital Garrahan, por la tenencia, producción y distribución de material de explotación y abuso sexual infantil.

Aunque es evidente que las aptitudes personales de los protagonistas siempre se ponen en juego, y muchas veces hacen la diferencia, lo que el público pudo ver y escuchar en vivo es producto eminentemente de las formas del procedimiento oral vigente en la Ciudad. La primera particularidad, la primera diferencia evidente con respecto a los juicios orales y públicos tradicionales fue aquel desacartonamiento de Rúa a la cabeza de un tribunal unipersonal, divergente de lo que suele verse en los tribunales colegiados de tres miembros.

Un simple y novedoso ejemplo: cuando, luego de la aplicación de la pena a Russo, la fiscal Daniela Dupuy pidió que al médico pediatra se le revoque la prisión domiciliaria de la que goza desde hace algo más de dos meses, el juez escuchó primero a la querella, luego a la defensa del acusado e, inmediatamente, a la vista de todos, tomó sus notas, evaluó y decidió. Así, frente a las partes y sus allegados y a los periodistas. A la vista de todos, en definitiva. Y, en no más de un par de minutos, y sin salir de escena, el magistrado, otra vez con un lenguaje claro e inequívoco, dio su nueva sentencia.

En los juicios ante tribunales colegiados (con tres magistrados), la norma es que los jueces, para resolver una situación análoga, llaman a un cuarto intermedio y se retiran a deliberar hasta que, en un periodo variable de tiempo, dan a conocer a las partes una decisión que carece de testigos ajenos a los funcionarios encargados de aplicar la justicia.

Resultó igualmente instructivo en esta ya histórica audiencia la forma en la que Rúa recorrió los motivos de la resolución que daría a conocer. Se advirtió con claridad que no se iba a tratar de una lectura abstracta de fundamentos con citas jurídicas de tipos penales y de jurisprudencia -como es habitual en los juicios orales de la Justicia nacional o la federal- sino que se trataría de una sentencia ilustrativa, comprensible. En numerosos pasajes del veredicto el juez se dirigió directamente a Russo y le dijo "usted sabía" lo que hacía con las fotos y videos que tomó, atesoraba y distribuía. Es esencial: nadie más que el "justiciable", el acusado, necesita saber de qué se lo acusará y, eventualmente, qué responsabilidades se le atribuirán, por qué hechos será declarado culpable, como en este caso.

Por las propias características de este proceso en particular, excepto las audiencias de alegatos de apertura, de cierre y la sentencia, las audiencias de producción de pruebas y testimonios estuvo vedada al público. Así lo exigía el tipo de pruebas que se deberían reproducir ante las partes (imágenes y videos que arrasan el honor y la integridad de cientos de chicos, desde adolescentes hasta bebés) y el tenor de las explicaciones que darían los testigos.

Pero lo que se deduce de los alegatos, especialmente, del de la fiscal Dupuy, es la cada vez más creciente importancia de la capacitación de equipos investigativos focalizados en las nuevas tecnologías. Internet y las redes sociales aumentaron se convirtieron en territorios fértiles para el desarrollo de situaciones delictivas de todo tipo. Y el desarrollo de variadas herramientas digitales permite tanto su uso productivo o recreativo como su utilización con fines lesivos y espurios.

El acoso a través de las redes (grooming), la captación de personas a través de engaños con objetivos dolosos, el robo de datos personales ya no deben ser considerados "nuevas amenazas": son una realidad desde hace bastante tiempo y afectan a cada vez más personas y empresas. El tenor de ese peligro exige, entonces, más y mejor preparación de los cuerpos judiciales y policiales de investigación. Y requiere, también, especialización para buscar, encontrar y analizar las evidencias digitales para dar forma a investigaciones efectivas.