En dos años se registraron 1044 tiroteos y 259 policías heridos

Los funcionarios analizaron las lesiones de agentes federales y casos de uniformados que fueron absueltos en juicios en los que se pedía prisión perpetua
Los funcionarios analizaron las lesiones de agentes federales y casos de uniformados que fueron absueltos en juicios en los que se pedía prisión perpetua Fuente: Archivo - Crédito: Marcelo Manera
Daniel Gallo
(0)
8 de diciembre de 2018  

El nuevo protocolo para el uso de las armas de fuego aprobado por el Ministerio de Seguridad de la Nación generó una fuerte polémica pública. Voces a favor y en contra que emergieron, incluso, en la coalición gobernante. Más allá de la toma de posición pública efectuada por funcionarios (nacionales y provinciales), dirigentes políticos, jefes policiales y jueces, un repaso estadístico permitirá definir el peso real en las calles de los enfrentamientos de las fuerzas federales de seguridad. En los últimos dos años se registraron 1044 episodios en los que al menos un agente federal usó su arma reglamentaria, con 259 uniformados heridos y 399 sospechosos lesionados. En ese período que abarca 2016 y 2017 murieron 28 policías y 84 civiles.

La cifra de heridos es importante para las fuerzas federales de seguridad, ya que en más de la mitad de los casos (133) los uniformados estaban en servicio, mientras que en los episodios fatales solo 3 agentes cumplían funciones de protección ciudadana; los restantes fueron víctimas de robos fuera de su horario de servicio. Una similar proporción se encuentra en la estadística de civiles heridos o muertos por acción de miembros de las fuerzas de seguridad federales.

A los funcionarios del Ministerio de Seguridad les preocupó especialmente reglamentar la acción de los agentes en sus momentos de servicio, porque es menos previsible la potencial respuesta de un policía cuando en sus días de franco se topa de casualidad con un delito –por su permanente estado policial tiene la obligación de intervenir– o en el momento de ser la propia víctima de un robo. Y más allá del conocido caso del agente Luis Chocobar –el policía local bonaerense que mató a un delincuente que había acuchillado a un turista– fueron otras dos situaciones las que llevaron a las autoridades a definir un nuevo protocolo de uso del arma de fuego.

El 6 de noviembre pasado fue poco advertida una reunión realizada en el despacho de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , con una policía y un gendarme. Esas historias resultarían importantes para definir luego la reglamentación del uso de armas, con menos restricciones para los agentes.

En ese encuentro que resultaría la génesis del protocolo de armas, la ministra Bullrich escuchó a la suboficial Carla Céspedes, que pocos días antes había sido absuelta por la muerte de un delincuente durante un enfrentamiento ocurrido el 22 de diciembre de 2016. La agente integraba entonces la Policía Federal se enfrentó a un juicio con la amenaza de pasar el resto de su vida en prisión. La jueza de instrucción Fabiana Palmaghini la había procesado por homicidio agravado por abuso policial, luego que abatiese a un ladrón que intentaba fugarse armado de un supermercado chino. La defensa estuvo a cargo de los abogados de la Policía Federal y del Ministerio de Seguridad.

"Se planteó la absolución por tratarse de un caso de legítima defensa en cumplimiento del deber, ya que existía peligro real de que le dispararan tanto a ella como a un tercero", informó el Ministerio de Seguridad tres semanas antes de definir una situación de similares características en el nuevo protocolo.

En esa reunión en el despacho de Bullrich también estuvo el gendarme Arsenio Narvay, que el 27 de agosto de 2017 se defendió de un robo mientras esperaba un colectivo en Tigre. Dos ladrones hirieron al gendarme en una pierna con un cuchillo y este respondió con su arma reglamentaria. Uno de los delincuentes murió y Narvay estuvo en prisión 15 meses hasta que fue absuelto en el juicio. Esos casos apuntalaron el cambio del protocolo de uso de armas con la idea de dar mayor resguardo legal a los agentes.

El tema generó polémica y algunos gobernadores decidieron no adherirse al protocolo federal. Buenos Aires descartó la idea, pero sin entrar en colisión con el gobierno nacional. "En la provincia ya existe una ley vigente desde 2006, que define claramente cómo debe actuar la Policía en el uso de armas de fuego, es una reglamentación bastante similar a la que acaba de hacer la ministra Bullrich", expresó la gobernadora María Eugenia Vidal.

El ministro Cristian Ritondo agregó: "Buenos Aires tiene una ley que dice cómo la policía tiene que actuar. ¡Es bastante actual! Sí, es de 2006; ¿Tiene consenso? Sí, es una ley con mucho consenso. ¿En la práctica, a la policía le sirve? Sí".

Por su parte, el comisario Néstor Roncaglia, jefe de la PFA, aseguró: "Nadie va a salir a tirarle por la espalda a un chico que se robó un paquete de cigarrillos y salió corriendo".

6/11/2018: Una reunión clave con dos damnificados

Fuente: Archivo

Los casos de la policía Carla Céspedes y del gendarme Arsenio Narvay fueron tomados en cuenta para reformar el esquema de uso de las armas de fuego; la ministra Patricia Bullrich los recibió en su despacho tres semanas antes de firmar el nuevo protocolo de acción policial, ya que ambos fueron acusados por la muerte de ladrones y resultaron absueltos en los juicios.

ADEMÁS

MÁS leídas ahora

ENVÍA TU COMENTARIO

Ver legales

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento.

Para poder comentar tenés que ingresar con tu usuario de LA NACION.

Descargá la aplicación de LA NACION. Es rápida y liviana.