Investigan una red de 15 bandas que falsifican recetas y afectan a jubilados

"Impulsamos más de 30.000 auditorías cada mes", dijo Sergio Cassinotti, director de PAMI
"Impulsamos más de 30.000 auditorías cada mes", dijo Sergio Cassinotti, director de PAMI Fuente: Archivo
Los grupos de delincuentes utilizan la información de beneficiarios de PAMI para derivar medicamentos hacia el mercado negro; buscan aumentar los controles digitales
Belisario Sangiorgio
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23 de marzo de 2019  

La Justicia Federal investiga a 15 bandas que concretaron millonarias estafas contra las arcas estatales y beneficiarios del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (Inssjp). Los estafadores operan en todo el país a través de dos modalidades: en algunas ocasiones presentaron recetas falsas para retirar insumos que desviaban al mercado negro, y en otras oportunidades facturaban al Estado medicamentos que nunca llegaban a manos de los jubilados.

Las estafas se concretaron en al menos 538 farmacias, que resultaron damnificadas por esos grupos criminales. Estas bandas simulaban la provisión de insulina y de tiras reactivas para diabéticos, utilizando los datos de fallecidos y también de afiliados que no requerían esos insumos y que luego, por este motivo, descubrían afectadas sus prestaciones o no podían acceder a otros tratamientos médicos, según confirmaron a LA NACION calificadas fuentes del Ministerio Público Fiscal y del Inssjp, institución conocida como PAMI.

Para desarrollar este plan, los delincuentes deben contar necesariamente -según los investigadores- con cómplices que en muchos casos son funcionarios públicos de bajo rango, que les permiten acceder, por ejemplo, a los padrones del PAMI; en las listas de sospechosos involucrados hay, además, prestadores de servicios, gerentes y empleados de farmacias privadas.

Más allá de las estafas netamente económicas realizadas a través de la facturación al Estado de insumos para diabéticos y medicamentos que ningún beneficiario recibe -es decir, que nunca se entregan-, los investigadores siguen también los rastros de un porcentaje de tiras reactivas y cargas de insulina que son retiradas con recetas falsificadas y luego -por su alto costo- desviadas al mercado negro.

"Las organizaciones que investigamos no conforman una estructura única y operan por separado, pero hay indicios que nos permiten detectar puntos en común. Se conocen. Entonces, me parece importante destacar que las principales víctimas de estos delitos son los abuelos y las abuelas, porque las estafas limitan el sistema de prestaciones", dijo Javier Arzubi Calvo, titular de la UFI-PAMI, la fiscalía especializada que coordina las tareas judiciales para desarticular las 15 bandas de estafadores detectadas en varios expedientes judiciales.

Estos grupos delictivos concretaron sus estafas en Mendoza, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Misiones, Corrientes, la ciudad de Buenos Aires y las localidades bonaerenses de Quilmes, Lomas de Zamora, Morón, Hurlingham, San Nicolás y Tres de Febrero.

Para graficar la magnitud de las defraudaciones y el tipo de criminales que se dedican a esta modalidad, los investigadores del Ministerio Público Fiscal confirmaron a LA NACION que, solo en Mendoza, once personas fueron condenadas este mes por estafas que les habían reportado más de US$1.000.000 de ganancias. Los líderes de la banda vivían en una casa de lujo dentro de un barrio privado, la organización criminal había comprado dos farmacias y, además de vehículos de alta gama, tenían hasta una moto de agua. En la UFI-PAMI indicaron que hay ramificaciones de esta banda cuyana que continúan activas.

Por ese motivo, el PAMI decidió lanzar una batería de medidas de seguridad informática -que acompaña a las miles de auditorías internas iniciadas en 2016- e incluye la completa digitalización del sistema de recetas y la puesta en funcionamiento de una credencial magnética que será entregada a cada uno de los afiliados, y deberá ser utilizada obligatoriamente para adquirir insumos, recibir prescripciones médicas o para asistir a las consultas con los profesionales del sistema de salud.

"En la actualidad, impulsamos más de 30.000 auditorías cada mes, para evitar los fraudes en clínicas, sanatorios, farmacias. Entonces, si descubrimos proveedores o prestadores en una actividad ilegal, quedan inhabilitados permanentemente para volver a distribuir medicamentos o recibir pacientes de la obra social", explicó Sergio Cassinotti, director del Inssjp.

Y agregó: "En los últimos dos años realizamos más de 60 denuncias penales por fraude; y nuestro propio equipo jurídico participa en los allanamientos. Estas bandas de estafadores, que atacan al PAMI y a obras sociales sindicales, se movieron con mucha libertad durante una gran cantidad de años".

Las cifras de las investigaciones judiciales, que en muchos casos se iniciaron por denuncias del equipo judicial de PAMI, son claras y reveladoras: en Córdoba, uno de los grupos de estafadores concretaron fraudes en más de cien farmacias y el perjuicio económico contra el Estado supera los $6.000.000; mientras que en Santiago del Estero la Justicia realizó más de 20 allanamientos y detuvo a funcionarios corruptos y empresarios que participaron en defraudaciones por un $1.500.000.

En la ciudad de Buenos Aires, por otro lado, las estafas realizadas en 40 farmacias ascenderían a $1.000.000; mientras que en el conurbano bonaerense se investiga a diferentes bandas que habrían actuado en connivencia con 131 farmacias para concretar millonarias defraudaciones, que hasta ahora suman $3.709.089.

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