Excarcelan al joven que dio positivo de coronavirus cuando llegaba al país en Buquebús

El joven que la semana pasada llegó al país desde Uruguay a bordo de un barco de la empresa Buquebús con otros 400 pasajeros y con síntomas de coronavirus -luego se confirmó que, efectivamente, había dado positivo de Covid-19-, fue excarcelado hoy por un juez federal que, además, ordenó que permanezca internado en un centro asistencial hasta recibir el alta médica.

La decisión fue adoptada por el juez federal Luis Rodríguez, quien le concedió a Luca Singerman, de 22 años, la excarcelación bajo caución juratoria, le impuso la prohibición de salir del país y la obligación de concurrir mensualmente al tribunal, según informaron a la agencia de noticias Télam fuentes judiciales.

Ayer, el joven había sido sometido a declaración indagatoria por video llamada desde el sanatorio Agote, donde se encuentra internado desde el 19 de este mes. En esa audiencia, ratificó un escrito que presentó su abogado en el que rechazó la acusación de haber cometido un delito contra la salud pública y se negó a responder preguntas.

Tras la diligencia, la defensa del joven solicitó su excarcelación, a la que la fiscal federal Alejandra Mángano no se opuso.

Singerman llegó al país el jueves pasado desde Uruguay (previo paso por Europa) con síntomas de haber contraído coronavirus e inmediatamente se supo que se había practicado un testeo rápido en el país vecino que le dio positivo.

Esta semana, la Justicia federal porteña corroboró que el joven se había contagiado el Covid-19, motivo por el cual quedará internado en el sanatorio Agote hasta que reciba el alta médica definitiva.

El día que llegó a Buenos Aires, agentes de la Prefectura y personal de la Dirección Nacional de Migraciones intervinieron cuando el buque San Patricio arribaba al puerto metropolitano, procedente de Colonia, con 423 personas a bordo (404 pasajeros y 19 tripulantes).

Ante la sospecha de que había un infectado de coronavirus a bordo se debió implementar un operativo de traslado y custodia de todos los pasajeros y tripulantes del barco a hoteles porteños para que queden aislados hasta ser remitidos a sus domicilios para que cumplan con su aislamiento.

Singerman está acusado de infracción al artículo 202 del Código Penal, que reprime con "reclusión o prisión de tres a quince años" al que "propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas".

Fuentes judiciales informaron que esa imputación se basa en que los investigadores sospechan que el acusado violó la cuarentena a sabiendas de que estaba enfermo.

El lunes, el abogado Mariano Cúneo Libarona, defensor del joven, había adelantado la estrategia de defensa cuando manifestó, en diálogo con TN, que Singerman desconocía su diagnóstico al momento de abordar el buque en Colonia, Uruguay.

Según el abogado, cuando el joven viajó desde Francia hacia Uruguay "estaba sin síntomas" y "los padres le pedían que volviera a la Argentina", por lo que "por precaución se hizo un examen en el Sanatorio Mautone" del departamento uruguayo de Maldonado.

"Él no tenía que quedarse esperando el resultado del examen ni tenía que quedarse en cuarentena, según establece la ley uruguaya, por lo que los padres consultaron al Consulado y le dijeron que no había ninguna inhibición, y que había un vuelo sanitario a la noche, dos salidas de Buquebús, o que cruzara caminando por Paysandú", explicó el abogado.

De acuerdo a la versión de la defensa, Singerman recibió el diagnóstico de Covid-19 positivo cuando estaba ya en el barco.

Tras conocerse el episodio, el jueves pasado, investigadores del caso explicaron a Télam que Singerman podría quedar sujeto a "medidas patrimoniales para garantizar bienes" ante posibles demandas civiles por parte de los centenares de pasajeros y de empleados de Buquebús que fueron obligados a cumplir cuarentena.

Además, el Gobierno de la Ciudad adelantó que va a reclamar por los daños y perjuicios que provocó el operativo que debió llevarse a cabo en la terminal de Buquebús, por lo que pidió a la Justicia que se lo admita como querellante en la causa.

Es que, según las fuentes, el procedimiento tuvo un costo de 700.000 dólares, entre los gastos que demandó el operativo en el puerto, el alquiler de combis y traslado a los hoteles de los pasajeros del buque, entre otros.