Habilitan el uso de pistolas eléctricas

Daniel Gallo
Daniel Gallo LA NACION
El tribunal Superior decidió en favor de las Taser
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17 de marzo de 2015  

El Tribunal Superior de la ciudad de Buenos Aires puso fin a una polémica de cinco años y habilitó el uso de las pistolas eléctricas Taser. Ese armamento formaba parte de la compra inicial en la formación de la Policía Metropolitana y su incorporación a la dotación de la fuerza había sido bloqueada por fallos judiciales, en medio de una fuerte controversia pública por su presunta utilidad como eventual instrumento de tortura.

A comienzos de 2010, la administración macrista lanzó una de sus mayores apuestas al desplegar los primeros 500 efectivos de la Metropolitana. Se anunció entonces que entre el armamento de los nuevos agentes se encontraría una dotación de 40 pistolas Taser como herramienta policial para dar una respuesta no letal frente a situaciones extremas.

Esa arma es utilizada en varios países, como por parte de policías de varios distritos norteamericanos, de Londres, de Auckland o de Sydney, por ejemplo. Su descarga eléctrica, al alcanzar un cuerpo, provoca un shock que inmoviliza durante algunos minutos a un potencial agresor. Las quejas provinieron de organismos de defensa de los derechos humanos, que llamaron a las pistolas Taser las picanas del siglo XXI. La polémica se dio en un contexto de hostilidad entre el gobierno nacional y el porteño por el control del área de seguridad pública.

Ahora, en un escenario político distinto -y con la aceptable convivencia entre la Metropolitana y la Federal-, llegó el fallo del Tribunal Superior de Justicia, que declaró la inconstitucionalidad de la decisión de la Cámara de Apelaciones en los Contencioso Administrativo y habilitó el uso de las Taser, bloqueado desde 2010 por una acción judicial impuesta por Carlos Pisoni, actual subsecretario nacional de promoción de los derechos humanos.

Aún no se sabe qué decisión tomarán las autoridades porteñas, pero es sabido que el ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, había impulsado la compra de esas armas no letales, que en la Argentina están aprobadas también para el uso de las policías de Córdoba y Tucumán.

En el fallo del Tribunal Superior, el juez Luis Lozano señaló que "el argumento de que el arma podría tener efectos letales no basta para generar hoy la discusión judicial en torno a la validez de su uso. Obsérvese que la sola existencia de un protocolo que admitiera su uso exclusivo en aquellos casos en que la utilización de la fuerza letal esté también autorizada eliminaría la discusión en torno a la Taser".

La magistrada Inés Weinberg recordó, por su parte, que el Registro Nacional de Armas había autorizado la importación de las pistolas Taser y su comercialización en la Argentina como arma "de uso civil", por lo que no habría condicionantes alrededor del arma en sí misma, sino que la discusión avanzaba sobre potenciales desviaciones en su uso. "El trasfondo del planteo del accionante no tiene que ver con la adquisición o no de las armas Taser sino que discute una decisión mucho anterior y ya convalidada en nuestro orden jurídico, es decir, si corresponde o no que las fuerzas de seguridad utilicen armas para el ejercicio de sus funciones", argumentó.

Al sostener el fallo que habilitó el uso de las Taser, los jueces José Casás y Ana María Conde indicaron que si se llegase a verificar un uso indebido del arma nada impide que el autor del hecho sea "sancionado con toda la rigurosidad de la ley".

En disidencia, la jueza Alicia Ruiz se basó en respaldar la función judicial de controlar todo acto administrativo en casos en los que se pueda lesionar un derecho fundamental.

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